Las autoridades húngaras recuperaron unos 17,7 millones de euros en efectivo que estaban enterrados en bosques y ocultos en galpones, depósitos, viviendas y cajas fuertes. El hallazgo se produjo en el marco de una investigación por presuntos sobornos contra Miklós Seszták, exministro de Desarrollo Nacional durante el gobierno de Viktor Orbán. El caso profundiza el escándalo político y judicial que atraviesa al país tras el cambio de gobierno.
Las autoridades de Hungría encontraron aproximadamente 17,7 millones de euros en efectivo escondidos en diferentes puntos del país, durante una serie de operativos vinculados con una investigación por presunta corrupción contra antiguos funcionarios del gobierno de Viktor Orbán. El dinero había sido ocultado en distintos lugares, entre ellos bosques, edificios agrícolas, almacenes, viviendas particulares y una caja fuerte ubicada en una propiedad apartada. El descubrimiento generó un fuerte impacto político por la magnitud de los fondos recuperados y por los vínculos de la investigación con integrantes de la anterior administración.
Los procedimientos fueron realizados los días 12 y 13 de noviembre en Budapest y en distintas localidades de los condados de Pest, Békés y Nógrád. La investigación estuvo a cargo de la Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos (NVVH), un organismo creado por el nuevo gobierno para investigar posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos y recuperar activos presuntamente vinculados con hechos de corrupción. Los investigadores encontraron importantes cantidades de dinero en efectivo, algunas de ellas enterradas bajo tierra en zonas boscosas y otras escondidas en construcciones y propiedades privadas.
El monto recuperado estaba compuesto por distintas monedas. Según los datos oficiales difundidos, los investigadores incautaron aproximadamente 5.071 millones de florines húngaros, 2,66 millones de euros y 1,26 millones de dólares. La magnitud del operativo obligó al Tesoro del Estado a organizar un procedimiento especial para contabilizar los billetes. El ministro de Finanzas, András Kármán, informó que doce trabajadores necesitaron ocho horas de trabajo y cinco máquinas contadoras para completar el recuento del dinero, que posteriormente fue ingresado a las arcas públicas.
El principal investigado es Miklós Seszták, quien se desempeñó como ministro de Desarrollo Nacional entre 2014 y 2018, durante los gobiernos de Orbán. El exfuncionario permanece en prisión preventiva desde finales de septiembre y está acusado de haber recibido presuntos sobornos por unos 12.600 millones de florines, equivalentes a aproximadamente 33 millones de euros. Las sospechas judiciales apuntan a una trama de retornos ilegales vinculada con operaciones realizadas durante su paso por la administración pública. Sin embargo, las responsabilidades penales todavía deben ser determinadas por la Justicia y Seszták niega haber cometido delitos.
Uno de los principales ejes de la investigación está relacionado con Volánbusz, la empresa estatal de transporte de pasajeros. Los investigadores analizan operaciones realizadas entre 2015 y 2018 para la adquisición de más de 600 colectivos usados que, según la hipótesis de la acusación, habrían sido comprados a precios considerablemente superiores a su valor de mercado. La maniobra habría ocasionado un perjuicio económico cercano a los 10.000 millones de florines para empresas estatales. También se investigan posibles irregularidades en operaciones inmobiliarias y contratos de obras públicas, donde se sospecha que distintos funcionarios habrían recibido pagos ilegales por importantes sumas de dinero.
El caso adquirió una dimensión política mucho mayor porque se desarrolla en medio de una profunda transformación del escenario institucional húngaro. En abril de 2026, Viktor Orbán perdió las elecciones parlamentarias después de 16 años consecutivos en el poder, frente al partido Tisza, encabezado por Péter Magyar. El nuevo mandatario llegó al gobierno con el compromiso de investigar las denuncias de corrupción, abuso de poder y utilización irregular de recursos públicos durante las anteriores administraciones. Desde entonces, su gestión impulsó una ofensiva anticorrupción que ya alcanzó a varios exfuncionarios de alto nivel.
Las investigaciones también involucran a otras figuras vinculadas con el antiguo oficialismo. Entre ellas aparece György Matolcsy, exministro de Economía y expresidente del Banco Central húngaro, considerado durante años una figura cercana a Orbán, quien enfrenta una causa separada por presuntas irregularidades. También fue detenido Áron Orbán, hermano del ex primer ministro, en el marco de otra investigación relacionada con un supuesto esquema de tráfico de personas. Estos expedientes alimentan el debate sobre el funcionamiento de las instituciones durante los años de gobierno de Fidesz y sobre la necesidad de establecer responsabilidades individuales ante la Justicia.
Péter Magyar celebró públicamente el hallazgo del dinero y aseguró que representa el final de lo que definió como la «mafia Fidesz-KDNP», en referencia a los partidos que sostuvieron el anterior gobierno. El mandatario presentó el operativo como una señal de que su administración avanzará sobre las redes de corrupción que, según sus denuncias, funcionaron durante los años de Orbán. Desde el antiguo oficialismo, en tanto, hubo cuestionamientos y pedidos de que las responsabilidades sean establecidas mediante procedimientos judiciales independientes. El exministro Seszták también rechazó las acusaciones y su defensa sostuvo que el dinero recuperado no le pertenece.
El descubrimiento de los millones ocultos se convirtió así en uno de los episodios más impactantes de la nueva etapa política de Hungría. Más allá de la espectacularidad de las imágenes del efectivo recuperado, el desafío para el gobierno de Magyar será demostrar las irregularidades denunciadas, garantizar investigaciones transparentes y establecer quiénes fueron los responsables de las maniobras investigadas. El caso también vuelve a poner en discusión el control de los recursos públicos, la transparencia de las contrataciones estatales y los mecanismos institucionales para combatir la corrupción en Europa. La investigación continúa abierta y todavía deberá determinarse judicialmente el origen y la responsabilidad sobre la totalidad del dinero incautado.
Fuente: Política Argentina



