La Universidad de Buenos Aires organizará una subasta solidaria con objetos donados por artistas como Duki, Ciro Martínez y Bizarrap, además de camisetas y pertenencias de figuras del deporte como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Manu Ginóbili y Franco Colapinto. Lo recaudado será destinado a comprar tecnología quirúrgica para el Hospital de Clínicas. La iniciativa se desarrolla en medio de un conflicto presupuestario que lleva más de un año, con reclamos salariales, paros docentes y cuestionamientos al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió recurrir a una campaña solidaria para conseguir recursos destinados a uno de sus principales establecimientos sanitarios: el Hospital de Clínicas José de San Martín. La iniciativa, denominada “La noche de la UBA”, contempla una subasta de objetos donados por reconocidos artistas, músicos y deportistas argentinos, con el objetivo de reunir fondos para adquirir equipamiento médico de última generación. La actividad se realiza en un contexto de creciente preocupación por la situación presupuestaria de las universidades públicas, que denuncian dificultades para sostener sus actividades académicas, científicas y sanitarias ante la falta de actualización de los recursos estatales. La campaña busca convocar a la sociedad y visibilizar el trabajo que desarrolla la universidad pública, pero también expone las dificultades que atraviesan instituciones que dependen del financiamiento estatal para garantizar servicios esenciales.
Entre los objetos que forman parte de la subasta aparecen pertenencias de figuras de la música como Duki, Bizarrap, Ciro Martínez, Abel Pintos y Gaspar Benegas, además de obras del artista Milo Lockett. También se incorporaron elementos personales y deportivos de figuras como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Cristian “Cuti” Romero, Manu Ginóbili, Fabricio Oberto y Franco Colapinto. La colección incluye camisetas autografiadas, instrumentos musicales, prendas y otros objetos vinculados con las trayectorias profesionales de sus donantes. La conducción del evento está a cargo de Iván de Pineda y la propuesta contempla tanto la participación presencial como la posibilidad de realizar donaciones económicas sin un monto mínimo. Algunos artículos serán subastados durante la jornada y otros tendrán una instancia de venta online prevista para el jueves 19 de noviembre a través del portal del Banco Ciudad. La convocatoria intenta transformar el acompañamiento de figuras públicas en recursos concretos para fortalecer la infraestructura sanitaria.
El objetivo de la recaudación es adquirir una plataforma robótica quirúrgica cuyo costo ronda el millón y medio de dólares. Se trata de una tecnología de alta complejidad que permite realizar intervenciones mínimamente invasivas con mayor precisión, mediante un sistema de visualización tridimensional y de alta definición. Según la información difundida por la universidad, el equipamiento podría mejorar los procedimientos médicos, reducir los tiempos de recuperación de los pacientes y ampliar las posibilidades de intervención en distintas especialidades. No se trata únicamente de incorporar un dispositivo tecnológico, sino de fortalecer la capacidad de un hospital que cumple simultáneamente funciones asistenciales, educativas y científicas. La disponibilidad de equipamiento moderno también resulta fundamental para la formación de los profesionales de la salud que realizan sus prácticas y especializaciones en el establecimiento.
La dimensión del Hospital de Clínicas permite comprender la importancia de la inversión. La institución recibe aproximadamente 365.000 consultas y realiza unas 8.000 intervenciones quirúrgicas por año. Además, participa en la formación de alrededor de 1.500 profesionales de la salud. Cada jornada, cerca de 10.000 personas circulan por sus instalaciones entre pacientes, familiares, trabajadores y estudiantes. Una parte importante de quienes reciben atención pertenece a sectores que no cuentan con posibilidades económicas para acceder al sistema privado. Según los datos difundidos por la institución, aproximadamente el 30 por ciento de sus pacientes son jubilados con cobertura del PAMI. Por eso, las dificultades presupuestarias no afectan exclusivamente a una universidad o a sus trabajadores: también repercuten sobre miles de personas que dependen de la atención médica brindada por un hospital público de referencia nacional.
Desde la conducción universitaria advierten que las restricciones económicas ya tienen consecuencias concretas sobre el funcionamiento cotidiano del establecimiento. Entre los problemas señalados aparecen las dificultades para adquirir medicamentos de alto costo, las reprogramaciones de intervenciones quirúrgicas y las limitaciones para sostener determinadas prestaciones. A esto se suma la situación salarial de los profesionales y trabajadores, que enfrentan una pérdida de poder adquisitivo en un contexto de inflación y falta de recomposición suficiente. La crisis también alcanza las tareas de investigación y docencia, dos funciones centrales de un hospital universitario. La falta de recursos condiciona la posibilidad de renovar equipamiento, incorporar insumos y planificar inversiones a mediano plazo. Bajo estas circunstancias, la subasta solidaria adquiere una dimensión que excede el evento: se convierte en una forma de conseguir financiamiento extraordinario para sostener y mejorar servicios que forman parte del sistema público de salud.
El conflicto se inscribe en una disputa más amplia entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma fue aprobada por el Congreso en 2025 y posteriormente ratificada pese al veto presidencial, pero el Poder Ejecutivo condicionó su aplicación mediante el Decreto 759/2025. El 6 de octubre de 2026, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional ese decreto y ordenó al Gobierno cumplir inmediatamente con la legislación. El magistrado entendió que el Ejecutivo no podía suspender por esa vía una ley aprobada por el Congreso y respaldada mediante las mayorías constitucionales correspondientes. La Universidad de Buenos Aires y el Consejo Interuniversitario Nacional habían impulsado acciones judiciales para reclamar la aplicación de la norma. Sin embargo, la controversia continúa y las instituciones denuncian que las respuestas estatales no alcanzan para resolver la emergencia presupuestaria y salarial.
En paralelo, los gremios docentes y no docentes profundizan las medidas de fuerza en todo el país. Durante esta semana, organizaciones como CONADU Histórica y AGD-UBA convocaron a un paro que se extiende hasta el miércoles 18 de noviembre, mientras los trabajadores reclaman una recomposición salarial y el cumplimiento de la legislación vigente. Entre las demandas también aparece un incremento del 100 por ciento en las becas destinadas a estudiantes de bajos recursos. El conflicto se proyecta además sobre la discusión del Presupuesto 2027: las universidades reclaman aproximadamente 11 billones de pesos para garantizar su funcionamiento durante el próximo año, mientras que la propuesta presupuestaria del Ejecutivo contempla una partida considerablemente menor. Según los datos publicados por Página/12, la diferencia entre ambas posiciones asciende a varios billones de pesos y genera preocupación por la posibilidad de que las dificultades actuales se profundicen durante el próximo ciclo lectivo.
La campaña solidaria de la UBA refleja, finalmente, una discusión que atraviesa a todo el sistema universitario argentino: cómo sostener instituciones que cumplen funciones esenciales cuando los recursos presupuestarios no alcanzan para cubrir sus necesidades. La participación de artistas y deportistas permite reunir fondos para una inversión específica, pero no reemplaza la responsabilidad del Estado de garantizar el funcionamiento de las universidades y sus hospitales. La educación superior pública, la investigación científica y la atención sanitaria forman parte de una misma estructura que necesita planificación y financiamiento sostenido. Mientras la UBA organiza una subasta para conseguir un equipo quirúrgico, docentes, estudiantes y trabajadores continúan reclamando que se aplique una ley aprobada por el Congreso y respaldada por decisiones judiciales. La pregunta que queda planteada es hasta dónde pueden llegar las iniciativas solidarias para compensar una crisis presupuestaria que requiere respuestas institucionales y políticas de largo plazo.
Fuente: Página/12
