El máximo tribunal de Justicia de la Nación falló a favor de una madre que reclamaba una propuesta educativa inclusiva para su hija adolescente. La joven había quedado prácticamente excluida de la escolarización después de que las autoridades le ofrecieran asistir solamente a cuatro materias o trasladarse a una escuela especial. La Corte cuestionó los formalismos judiciales y exigió una respuesta urgente que garantice el derecho a la educación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió a favor de una madre que reclamaba que el Estado de Entre Ríos garantizara el acceso a una educación inclusiva para su hija adolescente con discapacidad. La sentencia dejó sin efecto una resolución del Superior Tribunal de Justicia provincial que había rechazado una acción de amparo presentada por la familia, bajo el argumento de que existía un procedimiento administrativo en curso. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal sostuvo que los jueces no pueden refugiarse en cuestiones formales cuando están comprometidos derechos fundamentales, especialmente si se trata de una menor de edad en situación de vulnerabilidad. Ahora, la Justicia entrerriana deberá dictar un nuevo pronunciamiento con carácter urgente y contemplar los criterios establecidos por la Corte.
El conflicto comenzó cuando la adolescente, que había transitado su educación primaria mediante una propuesta adaptada e inclusiva, inició la escuela secundaria en una institución de artes visuales durante 2024. Al año siguiente decidió cambiarse a otro establecimiento educativo, pero los problemas comenzaron apenas dos meses después del inicio del ciclo lectivo. El 6 de mayo de 2025, su madre fue convocada por las autoridades escolares, que le plantearon inicialmente la posibilidad de que la joven continuara sus estudios en una escuela de educación especial. La mujer rechazó esa alternativa porque consideraba que su hija tenía derecho a compartir el ámbito educativo con otros estudiantes y recibir una propuesta pedagógica adecuada a sus necesidades, sin que su discapacidad se convirtiera en un motivo de exclusión.
Ante la negativa de la madre, las autoridades educativas presentaron una segunda alternativa que también generó controversia. La propuesta consistía en que la adolescente asistiera únicamente a cuatro materias: Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología. Esto implicaba concurrir aproximadamente una hora diaria, cuatro días por semana, sin participar de otras asignaturas centrales de la formación secundaria. Para la familia, aquella iniciativa no representaba una verdadera inclusión educativa, sino una reducción sustancial de las oportunidades de aprendizaje de la joven. La madre sostuvo que no existía un proyecto pedagógico individual diseñado de acuerdo con las características, capacidades y necesidades particulares de su hija, sino una respuesta limitada que terminaba condicionando su derecho a estudiar.
El 19 de mayo de 2025 se realizó una nueva reunión entre la madre y las autoridades escolares, donde volvieron a proponer que la adolescente fuera trasladada a una institución de educación especial. La mujer rechazó nuevamente esa posibilidad y la joven dejó de asistir al establecimiento. Frente a la falta de una solución, la familia decidió acudir a la Justicia mediante una acción de amparo contra el Consejo General de Educación de Entre Ríos. El reclamo exigía que se elaborara un Proyecto Pedagógico Individual (PPI), una herramienta destinada a organizar los apoyos, las adaptaciones y las estrategias necesarias para garantizar que un estudiante con discapacidad pueda desarrollar su trayectoria escolar en condiciones de igualdad. En primera instancia, un juez hizo lugar al planteo y ordenó al organismo educativo que confeccionara ese proyecto en un plazo de 20 días corridos.
Sin embargo, el Estado provincial apeló la decisión y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos terminó revocando la sentencia favorable a la familia. El argumento utilizado fue que ya existía un expediente administrativo abierto ante las autoridades educativas y que, por lo tanto, la madre debía continuar ese procedimiento en lugar de recurrir directamente a la vía judicial. La familia llevó entonces el reclamo ante la Corte Suprema de la Nación, donde denunció que la resolución provincial vulneraba el derecho a la educación inclusiva, la tutela judicial efectiva y el interés superior de la niña. Uno de los datos más preocupantes del expediente era que la adolescente llevaba meses sin una escolarización efectiva, mientras las distintas instancias institucionales discutían qué procedimiento debía utilizarse para resolver el conflicto.
Al analizar el caso, la Corte cuestionó que el tribunal entrerriano hubiera rechazado el amparo sin evaluar si el trámite administrativo realmente podía ofrecer una solución concreta. Los jueces Rosatti y Rosenkrantz consideraron que la existencia formal de un expediente no significaba que las autoridades estuvieran garantizando los derechos de la adolescente. Incluso señalaron que las propias actuaciones administrativas indicaban que se habían agotado las alternativas disponibles dentro del sistema educativo local, lo que demostraba que ese procedimiento podía encontrarse concluido o, como mínimo, no constituir una vía adecuada para resolver el problema. En ese sentido, sostuvieron que los magistrados tenían el deber de actuar con rapidez y evitar formalismos que terminaran impidiendo el acceso efectivo a la Justicia. La sentencia volvió a poner sobre la mesa una discusión central: los mecanismos administrativos no pueden transformarse en obstáculos cuando una persona necesita una respuesta urgente para ejercer un derecho fundamental.
Por su parte, Ricardo Lorenzetti emitió un voto concurrente en el que profundizó sobre la obligación del Estado de garantizar el acceso a la educación de las personas con discapacidad. El magistrado recordó que ese derecho está reconocido tanto por la Constitución Nacional como por diferentes tratados internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También remarcó que las garantías legales deben traducirse en acciones concretas y no permanecer como simples declaraciones. En su razonamiento, destacó que las personas en situación de vulnerabilidad requieren medidas positivas que aseguren una igualdad real de oportunidades. Además, advirtió que una interpretación judicial que impida ejercer efectivamente un derecho fundamental termina debilitando la confianza de la sociedad en sus instituciones. El planteo adquiere especial relevancia porque la discusión no se limita a permitir que una estudiante ingrese a un establecimiento, sino a garantizar que pueda aprender, participar y completar su formación en condiciones adecuadas.
Finalmente, la Corte Suprema hizo lugar a la queja presentada por la madre, dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento con la urgencia que requiere el caso. La resolución representa un antecedente relevante para la discusión sobre educación inclusiva y las obligaciones de los Estados provinciales frente a estudiantes con discapacidad. También deja un mensaje sobre el funcionamiento de la Justicia: cuando está en juego el derecho de una niña o adolescente a recibir educación, los procedimientos no pueden convertirse en excusas para postergar indefinidamente una respuesta. La historia de esta familia vuelve a exponer una problemática que atraviesa a muchas comunidades educativas: la distancia entre el reconocimiento formal de los derechos y su cumplimiento cotidiano. La inclusión no consiste solamente en abrir las puertas de una escuela, sino en garantizar que nadie sea apartado del aprendizaje por su condición. Ahora, Entre Ríos deberá volver a pronunciarse y responder a una pregunta que debería tener una respuesta clara: ¿qué condiciones necesita esta adolescente para ejercer plenamente su derecho a estudiar?
Fuente: Página/12
