A través del Decreto 1349/2026, el Gobierno extendió hasta el 30 de abril de 2027 la operación de cinco concesionarias de centrales hidroeléctricas, mientras prepara nuevas licitaciones. También avanza con la concesión del Belgrano Cargas por 50 años. El plan alcanza a sectores estratégicos de la energía y el transporte.
El Gobierno de Javier Milei continúa avanzando con su programa de privatizaciones y concesiones de activos públicos. Esta vez, mediante el Decreto 1349/2026, dispuso extender hasta el 30 de abril de 2027 la operación de cinco empresas que administran centrales hidroeléctricas en distintas provincias del país.
La medida permite que los actuales operadores continúen al frente de las instalaciones mientras se preparan los nuevos procesos licitatorios. El argumento oficial es garantizar la continuidad del suministro eléctrico durante la transición hacia las próximas concesiones.
Sin embargo, la decisión también forma parte de una estrategia más amplia: transferir al sector privado la administración de infraestructura que tiene un papel importante en la generación de energía y el funcionamiento de la economía argentina.
Las cinco concesiones hidroeléctricas alcanzadas
El decreto comprende once centrales distribuidas en cinco provincias, con una potencia instalada total de 1.127,7 megavatios.
Las empresas y complejos alcanzados son:
- Hidroeléctrica Futaleufú S.A. (Chubut): administra la central Futaleufú, con 560 megavatios.
- Hidroeléctrica Diamante S.A. (Mendoza): opera Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre, que suman 388 megavatios.
- AES Argentina Generación S.A. (Salta): tiene a su cargo Cabra Corral y El Tunal, con 111,1 megavatios.
- Hidroeléctrica Tucumán S.A. (Tucumán): administra El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, con 51,6 megavatios.
- Hidroeléctrica Río Hondo S.A. (Santiago del Estero): opera Río Hondo y Los Quiroga, con 17 megavatios.
Las empresas tienen siete días corridos para presentar su adhesión a la extensión. Si alguna no acepta, deberá continuar prestando el servicio durante al menos 45 días hábiles, mientras el Estado organiza la continuidad de la operación.
La Secretaría de Energía tendrá a su cargo la elaboración de los pliegos, el llamado a licitación y la firma de los nuevos contratos.
Belgrano Cargas: una concesión por 50 años
El avance sobre las hidroeléctricas ocurre mientras el Ejecutivo también impulsa cambios en el sistema ferroviario de cargas.
El Ministerio de Economía difundió los pliegos para concesionar por 50 años las vías y los inmuebles de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. Se trata de una red de 7.594 kilómetros que atraviesa 16 provincias y conecta con cinco pasos fronterizos.
El esquema previsto establece que los operadores privados podrán financiarse mediante el cobro de peajes a las empresas que utilicen las vías y a través del aprovechamiento comercial de propiedades vinculadas a los trazados ferroviarios. El modelo no contempla el pago de un canon al Estado.
La concesión representa un cambio importante en la administración de una infraestructura vinculada al transporte de producción, mercaderías y cargas entre distintas regiones del país.
Qué otras empresas están en la mira
El programa de privatizaciones también mantiene bajo análisis a otras compañías estatales.
Entre ellas aparecen Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que opera las centrales nucleares; Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT); Energía Argentina (Enarsa) y Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA).
En algunos casos, la Ley Bases habilita la participación privada, aunque establece límites a la pérdida del control estatal. Por ejemplo, en YCRT el Estado debe conservar al menos el 51% de las acciones. En Nucleoeléctrica también está prevista la participación privada, pero el Estado debe mantener la mayoría accionaria.
Por el momento, no hay un cronograma definitivo para avanzar con todas estas operaciones.
El objetivo económico y la discusión sobre el patrimonio público
Desde el Gobierno sostienen que las privatizaciones y concesiones permitirán reducir gastos estatales, atraer inversiones y mejorar la administración de los servicios. En el caso de las hidroeléctricas, la prórroga fue presentada como una medida necesaria para evitar interrupciones mientras se realizan las licitaciones.
Pero el proceso abre una discusión que va más allá de los contratos: qué papel debe conservar el Estado en el control de los recursos energéticos y de la infraestructura estratégica del país.
Otro de los factores que aparece en el debate es la situación financiera del Gobierno. Distintas coberturas económicas señalan que los ingresos provenientes de privatizaciones y concesiones forman parte de la estrategia oficial para conseguir dólares frente a los vencimientos de deuda previstos para 2027.
Así, mientras la administración de Milei profundiza el traspaso de activos y servicios al sector privado, queda planteado el interrogante sobre las condiciones de esas operaciones, los compromisos que asumirán los nuevos concesionarios y el control que conservará el Estado sobre sectores centrales para el desarrollo nacional.
