El Sindicato de Empleados Públicos (SEP), conducido por Sergio Castro, declaró el estado de alerta en toda la provincia y reclamó al Gobierno de Martín Llaryora la reapertura de las negociaciones paritarias. El gremio exige una recomposición salarial, la firma del decreto que permita concretar la unificación definitiva de los equipos de salud y la incorporación de personal para cubrir las vacantes hospitalarias. También denunció sobrecarga horaria, falta de francos y contratación de trabajadores bajo modalidades temporarias. La conducción sindical espera una convocatoria oficial antes de finalizar la semana y advierte sobre el deterioro de las condiciones laborales en el sector público.
El conflicto entre los trabajadores estatales y el Gobierno de Córdoba sumó un nuevo capítulo luego de que el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) declarara el estado de alerta de su comisión directiva en toda la provincia. La decisión fue comunicada por su secretario general, Sergio Castro, quien confirmó que la organización espera una respuesta del Ejecutivo de Martín Llaryora frente a una serie de reclamos salariales y laborales que vienen acumulándose. En declaraciones al programa Ahora Noticias, de SRT Media, el dirigente explicó que la medida comprende tanto a Capital como al interior provincial y que la conducción gremial aguarda una convocatoria oficial durante los próximos días. «Nosotros estamos a la espera, además hemos determinado el estado de alerta de toda la comisión directiva en conjunto, tanto para Capital e Interior. Esperamos tener una respuesta en el transcurso de lo que queda de esta semana», manifestó.
Uno de los principales motivos del malestar es la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos frente al incremento del costo de vida. Castro reconoció que durante septiembre se realizó una revisión salarial en la que se aplicó la cláusula gatillo y también se alcanzaron acuerdos para refinanciar deudas mediante Bancor. Sin embargo, sostuvo que esas herramientas resultan insuficientes para resolver las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores de la administración pública central. Según el dirigente, los ingresos actuales no alcanzan para cubrir las necesidades básicas y cada vez son más las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Por ese motivo, el SEP reclama reabrir la mesa paritaria para discutir una recomposición que permita recuperar los ingresos y establecer mecanismos de actualización acordes con la evolución de los precios. El sindicato ya había formalizado este pedido el 3 de noviembre, cuando difundió un documento en el que advirtió que los estatales no pueden continuar siendo la variable de ajuste de la crisis económica.
La discusión salarial también está atravesada por la situación de los jubilados provinciales, otro de los sectores que el sindicato identifica entre los más perjudicados. El SEP cuestiona el diferimiento en el cobro de los aumentos previsionales y el impacto del artículo 58, además de advertir sobre las dificultades que enfrentan los trabajadores retirados para sostener sus gastos cotidianos. A esta problemática se suma el incremento del precio de los medicamentos, que afecta especialmente a quienes necesitan tratamientos permanentes y consumen varios remedios. Castro señaló que algunos jubilados deben afrontar el costo de hasta diez medicamentos y advirtió sobre la falta de respuestas frente a los aumentos de la industria farmacéutica. El gremio también mencionó las dificultades de acceso a medicamentos, pañales y leche, elementos con los que brinda asistencia a sus afiliados. Para la organización, la situación de los trabajadores activos y pasivos debe formar parte de una discusión más amplia sobre ingresos, cobertura social y condiciones de vida.
Otro de los reclamos centrales está relacionado con la unificación definitiva de los equipos de salud de la provincia. El SEP exige que el Gobierno firme el decreto necesario para completar el proceso de incorporación y reordenamiento del personal que se desempeña en hospitales y otras dependencias sanitarias. Según explicó Castro, la comisión encargada de formalizar el traspaso ya terminó su trabajo y las actas correspondientes fueron firmadas, pero todavía falta la decisión administrativa que permita concretar la medida. El proceso está vinculado con la Ley Provincial 10.889, que modificó el marco de organización del personal sanitario y contempla la incorporación de trabajadores provenientes de distintos regímenes laborales. En 2025, el Gobierno reglamentó aspectos de esa normativa mediante el Decreto 177/2025. Sin embargo, la implementación continúa generando diferencias entre las organizaciones sindicales, que mantienen distintas posiciones sobre sus alcances y consecuencias para las condiciones de trabajo.
Las condiciones laborales en los hospitales constituyen otro foco de preocupación. Castro denunció que la caída de la cobertura de las obras sociales y los recortes nacionales en programas sanitarios, entre ellos el Plan Remediar, incrementaron la demanda de atención en hospitales y dispensarios públicos. Esta situación impacta especialmente sobre las guardias y los servicios de urgencias, donde los trabajadores deben afrontar una mayor cantidad de tareas ante la falta de personal. Según el titular del SEP, existen servicios en los que los agentes acumulan horas de trabajo y no reciben los francos correspondientes, una situación que genera agotamiento y estrés laboral. El sindicato sostiene que el sistema sanitario necesita una política de incorporación de trabajadores que permita responder al crecimiento de la demanda y garantizar condiciones adecuadas para quienes sostienen diariamente la atención pública. El problema, advierten, no afecta solamente a los empleados, sino también a los pacientes que dependen de los establecimientos provinciales para acceder a la salud.
Frente a la falta de recursos humanos, el SEP rechazó la contratación de personal mediante contratos temporarios de apenas tres meses y reclamó que se implemente el mecanismo de altas por bajas. Esta modalidad permitiría cubrir los puestos que quedan vacantes cuando se producen bajas de agentes, evitando que las tareas recaigan permanentemente sobre los trabajadores que continúan en actividad. Castro defendió este mecanismo porque contempla un período de desempeño de un año y evaluaciones correspondientes, frente a contrataciones que el gremio considera precarias e insuficientes para garantizar estabilidad laboral. La discusión adquiere particular importancia en áreas sensibles como urgencias, emergencias y servicios hospitalarios que requieren cobertura permanente. La falta de reemplazos, los cambios de turnos y la acumulación de horas extraordinarias forman parte de un escenario que las organizaciones sindicales vienen señalando como un problema estructural del sistema público de salud.
La discusión sobre la unificación de los equipos sanitarios también presenta diferencias entre los propios sindicatos. Mientras el SEP reclama que se complete el proceso administrativo pendiente, ATE Córdoba publicó el 2 de noviembre un posicionamiento crítico sobre la implementación de la Ley 10.889 y su reglamentación. La organización cuestionó que el traspaso hacia el régimen de la Ley 7.625 pueda implicar, para determinados trabajadores, un incremento de la jornada semanal de 35 a 40 horas, además de modificaciones en los agrupamientos y las condiciones salariales. ATE sostiene que estos cambios podrían afectar derechos adquiridos, la estabilidad laboral y la carrera administrativa, y afirmó haber realizado presentaciones para impugnar aspectos del proceso. Esta diferencia de posiciones refleja que la unificación no es solamente una cuestión administrativa: también involucra el reconocimiento de funciones, las jornadas laborales, los salarios y los derechos de los distintos sectores que integran el sistema sanitario provincial.
El conflicto se desarrolla, además, en un contexto de creciente presión sobre las cuentas familiares y los servicios públicos, mientras el Gobierno provincial debe responder a los reclamos de diferentes sectores de la administración. La reciente reapertura de la discusión salarial con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) aparece como un antecedente inmediato que fortaleció el planteo del SEP para obtener una convocatoria similar. Por ahora, la conducción del sindicato mantiene el estado de alerta y espera una respuesta oficial antes de finalizar la semana. Aunque la declaración no implica por sí misma la convocatoria a un paro general, constituye una advertencia política y gremial sobre la posibilidad de profundizar el conflicto si no aparecen soluciones. La negociación que se abra deberá abordar no solamente los salarios, sino también la falta de personal, la estabilidad laboral y la situación de los hospitales públicos. En definitiva, el reclamo pone sobre la mesa una discusión fundamental para Córdoba: cómo garantizar servicios esenciales de calidad sin trasladar el costo de las dificultades presupuestarias a los trabajadores que los sostienen todos los días.
Fuente: Prensa SEP
