La medida alcanza a trabajadores de planta permanente y estará vigente hasta el 26 de noviembre. El Gobierno busca reducir la estructura del organismo antes de transferir parte del personal a la nueva obra social de las Fuerzas Armadas. Los contratados quedan afuera del régimen y crece la incertidumbre laboral en las delegaciones del interior.
El Gobierno de Javier Milei puso en marcha un nuevo capítulo del proceso de disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA): abrió un régimen de retiro voluntario para sus trabajadores de planta permanente, como parte de la reorganización que antecede al cierre definitivo del organismo.
La medida fue oficializada mediante la Disposición 721/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por el administrador en liquidación, Gonzalo Secchi. El período para presentar solicitudes comenzó el 12 de noviembre y se extenderá hasta el 26 de este mes.
El plan establece distintas modalidades de compensación según la edad, la antigüedad y la situación previsional de cada trabajador. Sin embargo, el beneficio no alcanza a todo el personal: está dirigido exclusivamente a quienes integran la planta permanente bajo el régimen de la Ley 25.164.
La decisión llega en medio de un proceso de reestructuración que ya genera preocupación entre los trabajadores por los cierres de sedes, farmacias y centros de atención médica en distintas provincias.
Cómo funciona el retiro voluntario
El régimen contempla tres grupos de trabajadores, con diferentes alternativas de compensación.
Para quienes están próximos a la edad jubilatoria, pero todavía no reúnen los aportes necesarios, se ofrece una gratificación mensual equivalente al 60% de la remuneración bruta habitual durante un máximo de 36 meses, con continuidad de los aportes previsionales y la cobertura de salud. También existe la alternativa de una gratificación única calculada sobre la antigüedad, con un tope de 18 remuneraciones.
Para otros grupos, las compensaciones se calculan en función de los años de servicio en la planta permanente y contemplan adicionales que pueden alcanzar hasta cinco sueldos brutos.
Quienes adhieran al retiro tendrán seis meses de cobertura asistencial sin cargo a través de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). Además, deberán tener en cuenta una condición importante: no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años.
La normativa también establece que los pagos superiores a los 20 millones de pesos podrán realizarse en hasta tres cuotas mensuales y consecutivas.
Los contratados quedan afuera del beneficio
Uno de los principales cuestionamientos al esquema es que el retiro voluntario no contempla a los trabajadores contratados, que representan una parte importante del personal del organismo.
La situación genera preocupación especialmente en las delegaciones del interior, donde el cierre de dependencias puede dejar a trabajadores sin continuidad laboral y sin las compensaciones previstas para quienes tienen estabilidad en la planta permanente.
En Rosario, por ejemplo, sobre 60 trabajadores alcanzados por el cierre de la delegación y la farmacia, solamente 10 pertenecen a la planta permanente, según los datos citados por El Destape. En Mendoza también se anunciaron cierres que afectan a personal administrativo y de salud.
Los trabajadores vienen denunciando la pérdida de puestos laborales y la falta de reconocimiento por los años de servicio. La situación expone una diferencia entre quienes pueden acceder al régimen de retiro y quienes quedan fuera por su modalidad de contratación.
El Gobierno decidirá quiénes siguen en la nueva obra social
El retiro voluntario forma parte de una transformación más amplia. El Ejecutivo modificó mediante el DNU 1286/2026 el mecanismo de transferencia del personal de IOSFA a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas.
Con el nuevo esquema, ya no está prevista la transferencia automática de toda la dotación. Será el directorio de OSFA el que determine qué puestos necesita y qué trabajadores serán incorporados.
Quienes no sean transferidos quedarán sujetos a las decisiones administrativas correspondientes según su situación laboral. En el caso del personal de planta permanente con estabilidad, la normativa contempla la posibilidad de pasar a disponibilidad dentro del Ministerio de Defensa hasta su reubicación o baja.
Además, los trabajadores de Gendarmería y Prefectura que prestaban servicios en IOSFA deberán regresar a sus organismos de origen, ya que ambas fuerzas cuentan ahora con una obra social propia.
La crisis de IOSFA y el conflicto laboral
El proceso de liquidación se desarrolla en medio de una profunda crisis financiera y prestacional. Según la información publicada por El Destape, el organismo acumuló un déficit de 210.000 millones de pesos y deudas con cerca de 2.000 proveedores, una situación que afectó la continuidad de las prestaciones médicas.
Frente a este escenario, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) mantiene sus reclamos contra el cierre del organismo y la reducción de puestos de trabajo. El sindicato advierte sobre las consecuencias que tendrá la reorganización para los trabajadores y las prestaciones de los afiliados.
La apertura de retiros voluntarios marca un nuevo paso en el desmantelamiento de la estructura de IOSFA. Mientras el Gobierno define cuántos empleados serán necesarios para la nueva obra social, los trabajadores enfrentan un escenario de incertidumbre sobre su futuro laboral y el funcionamiento de los servicios en distintas provincias.
