El gobierno británico impulsa un régimen especial para acelerar la instalación de grandes centros de datos destinados a sostener el crecimiento de la inteligencia artificial. A cambio de facilitar permisos y conexiones eléctricas, exige a las empresas compromisos concretos sobre consumo energético, uso del agua, generación de empleo, ciberseguridad y beneficios para las comunidades. El modelo abre un debate sobre quién debe financiar la infraestructura tecnológica y qué responsabilidades deben asumir las grandes compañías.
La expansión de la inteligencia artificial está modificando las necesidades de infraestructura de las principales economías del mundo. Detrás de los sistemas digitales, las plataformas y las herramientas automatizadas existe una red de instalaciones físicas que requiere enormes cantidades de electricidad, sistemas de refrigeración, conexiones de alta capacidad y recursos naturales. Frente a este escenario, el Reino Unido decidió avanzar con una política destinada a acelerar la construcción de centros de datos, pero estableciendo condiciones para evitar que los costos de esa expansión recaigan sobre el conjunto de la sociedad. El objetivo del gobierno británico es fortalecer su capacidad tecnológica y reducir la dependencia de infraestructura alojada en otros países.
La iniciativa contempla un régimen especial para que los proyectos considerados estratégicos puedan acceder a procedimientos de planificación más rápidos y mejores condiciones para conectarse a la red eléctrica. El borrador de la nueva Política Nacional para Centros de Datos propone que determinadas instalaciones sean evaluadas como grandes obras de infraestructura nacional, dejando de depender exclusivamente de los procedimientos municipales habituales. El gobierno analiza utilizar como referencia proyectos con una capacidad informática nominal de 100 megavatios, aunque ese umbral todavía está sujeto a consulta pública. La intención es reducir los tiempos administrativos y facilitar inversiones que permitan ampliar la capacidad tecnológica británica.
Uno de los principales problemas que busca resolver la iniciativa es el consumo energético. Actualmente, los centros de datos del Reino Unido demandan alrededor de dos gigavatios de electricidad, una cifra que podría crecer considerablemente con el desarrollo de la inteligencia artificial. A diferencia de otras actividades industriales, estas instalaciones necesitan funcionar de manera prácticamente permanente, ya que procesan y almacenan información durante las 24 horas. La construcción de nuevos establecimientos implica, además, inversiones en generación eléctrica, líneas de transmisión y redes de distribución. Por eso, el gobierno pretende establecer que las empresas tecnológicas asuman los costos que generan sobre el sistema energético, evitando que los hogares y los pequeños comercios terminen financiando indirectamente las necesidades de los grandes operadores.
El acuerdo propuesto por Londres también introduce obligaciones relacionadas con el uso del agua, un recurso fundamental para determinados sistemas de refrigeración. Aunque el consumo actual de los centros de datos representa menos del 0,2% del uso no residencial en Inglaterra, las autoridades advierten que el crecimiento de la actividad puede generar dificultades en regiones que ya enfrentan situaciones de estrés hídrico. La discusión no se limita a la cantidad de agua utilizada, sino también a la tecnología elegida para refrigerar los servidores. Algunos sistemas permiten reducir el consumo eléctrico a costa de utilizar más agua, mientras que otros requieren mayor energía. Por ese motivo, el gobierno plantea que las empresas prioricen tecnologías eficientes, reutilicen agua cuando sea posible y publiquen información periódica sobre sus consumos.
Otro componente central de la política es la distribución de los beneficios económicos entre las comunidades que reciben estas instalaciones. El Ejecutivo británico pretende que los proyectos estratégicos elaboren planes de inversión local, acordados con los habitantes y vinculados con las dimensiones de cada emprendimiento. Esos recursos podrían destinarse a mejorar el transporte, recuperar espacios públicos, fortalecer servicios comunitarios y desarrollar infraestructura. La iniciativa también busca que las empresas generen puestos de trabajo sostenibles, impulsen programas de capacitación y financien aprendizajes profesionales. El planteo oficial es que la llegada de grandes inversiones tecnológicas no debe traducirse únicamente en beneficios empresariales, sino que también tiene que producir oportunidades económicas concretas para los territorios donde se instalan.
La ciberseguridad y la soberanía tecnológica constituyen otro eje de la estrategia. El gobierno británico considera que los centros de datos dejaron de ser simples instalaciones comerciales para convertirse en infraestructura esencial para el funcionamiento de la economía y los servicios públicos. Allí se procesan datos vinculados con operaciones bancarias, hospitales, organismos estatales, sistemas de comunicación y actividades productivas. Por esa razón, un proyecto legislativo propone incorporar estas instalaciones al régimen de servicios esenciales, estableciendo mayores exigencias de seguridad, notificación de incidentes y controles regulatorios. La iniciativa busca garantizar que el Reino Unido disponga de capacidad informática propia para proteger información sensible y reducir su vulnerabilidad frente a interrupciones o amenazas externas.
La estrategia también tiene una dimensión geopolítica e industrial. El gobierno estima que necesitará alcanzar una capacidad de seis gigavatios de centros de datos preparados para inteligencia artificial hacia 2030, con el propósito de consolidar su posición en el mercado tecnológico internacional. Para lograrlo, pretende atraer inversiones, desarrollar proveedores nacionales y fortalecer la formación de trabajadores especializados. Sin embargo, el modelo no propone una expansión sin condiciones: las empresas que aspiren a recibir un tratamiento preferencial deberán demostrar que contribuyen a la seguridad energética, respetan los recursos naturales, generan empleo y participan del desarrollo tecnológico del país. En otras palabras, el Estado ofrece acelerar las inversiones estratégicas, pero busca conservar herramientas para orientar sus beneficios y controlar sus impactos.
El caso británico abre una discusión relevante para países como Argentina, donde también comienza a crecer el interés por las inversiones vinculadas con infraestructura digital, inteligencia artificial y servicios tecnológicos. La instalación de centros de datos puede representar oportunidades para atraer capitales, generar empleo especializado y desarrollar nuevas capacidades productivas. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre el abastecimiento energético, la disponibilidad de agua, el costo de las conexiones y la participación de las comunidades en los beneficios de esos emprendimientos. La experiencia del Reino Unido pone sobre la mesa una cuestión fundamental: el desarrollo tecnológico no puede medirse solamente por la cantidad de inversiones que recibe un país, sino también por quién paga su infraestructura, quién obtiene sus beneficios y qué compromisos asumen las empresas con la sociedad. La transformación digital necesita inversión privada, pero también planificación pública, regulación y responsabilidad social.
Fuente: Página 12
