Tras perder la concesión del transporte urbano de Comodoro Rivadavia y vencerse el plazo de transición, la empresa Patagonia Argentina notificó el despido de 72 trabajadores, algunos con hasta 25 años de antigüedad. La firma sostiene que las indemnizaciones deben ser afrontadas por el municipio, mientras que el Ejecutivo local rechaza esa responsabilidad y asegura que la compañía recibió durante años fondos específicos para cubrir eventuales desvinculaciones. Los choferes denuncian que quedaron sin trabajo, sin obra social y sin certezas sobre el cobro de lo que les corresponde.
El conflicto laboral en el transporte público de Comodoro Rivadavia sumó un nuevo capítulo luego de que la empresa Patagonia Argentina comunicara el despido de 72 choferes que aguardaban una definición sobre su continuidad laboral tras el cambio de concesionaria del servicio. Los trabajadores recibieron los telegramas de desvinculación una vez vencido el plazo de 90 días establecido para completar la transición hacia Grupo MR SRL, la nueva prestadora del transporte urbano. La decisión dejó a decenas de familias en una situación de incertidumbre económica y abrió una disputa entre la firma saliente y el municipio por el pago de las indemnizaciones correspondientes.
La situación tiene su origen en el proceso de renovación de la concesión del transporte público de pasajeros, que dejó a Patagonia Argentina fuera de la prestación del servicio. Durante el período de transición, los trabajadores mantuvieron expectativas de ser incorporados a la nueva empresa, mientras se esperaba completar la incorporación de las unidades comprometidas para el funcionamiento del sistema. Sin embargo, transcurridos los 90 días de prórroga, esa posibilidad no se concretó y la antigua concesionaria avanzó con las desvinculaciones. Algunos de los choferes afectados acumulan hasta 25 años de antigüedad en la empresa, una trayectoria laboral que vuelve especialmente delicada la situación por los montos indemnizatorios involucrados.
El punto central de la controversia está en quién debe hacerse cargo de las indemnizaciones. En los telegramas enviados a los trabajadores, Patagonia Argentina comunicó los despidos sin invocación de justa causa y sostuvo que el municipio debe afrontar el pago de las compensaciones previstas en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. La firma argumenta que la Municipalidad de Comodoro Rivadavia no habría utilizado las herramientas necesarias para garantizar la incorporación del personal a la nueva concesionaria. De esta manera, la empresa pretende trasladar al Estado local la responsabilidad económica derivada de la finalización de los vínculos laborales, una postura que fue rechazada por las autoridades municipales.
Desde el lado de los trabajadores, el reclamo está atravesado por la preocupación de quedarse sin ingresos y sin cobertura social mientras se resuelve la disputa administrativa y legal. Fabián Pacheco, exchofer de Patagonia Argentina, relató que recibieron los telegramas y que la empresa les indicó que debían reclamar las indemnizaciones directamente ante el municipio. Según explicó, los representantes de la compañía sostienen que corresponde aplicar un mecanismo por el cual la Municipalidad debe hacerse cargo de esos pagos. El trabajador también anticipó que comenzarán las instancias legales y que aguardaban una nueva respuesta de las autoridades laborales para conocer cómo continuará el conflicto. La preocupación no se limita al cobro de las indemnizaciones: los afectados denunciaron que ya perdieron la obra social y que entre los despedidos hay familias con hijos y personas con discapacidad.
La posición del municipio es diferente. Desde el Ejecutivo local sostienen que Patagonia Argentina fue la empleadora de los choferes y que, por lo tanto, debe responder por las obligaciones laborales derivadas de los despidos. Además, la secretaria de Servicios Públicos y Control de Concesiones, Cintia Juárez, afirmó que durante años la empresa recibió un monto equivalente al 2% de la masa salarial destinado a constituir una previsión para afrontar eventuales desvinculaciones. Según la funcionaria, esos recursos fueron incorporados al costo del servicio y transferidos mensualmente a la compañía para que pudiera cumplir con las obligaciones propias de su actividad. Por ese motivo, el municipio considera que no corresponde que los vecinos de Comodoro Rivadavia deban afrontar nuevamente un gasto que, según su explicación, ya fue contemplado y financiado durante años.
La discusión también alcanza a la nueva concesionaria, Grupo MR SRL, que debía incorporar personal y unidades en el marco del proceso de transición. La empresa comenzó a prestar el servicio con parte de la flota y de los trabajadores, mientras quedaba pendiente la incorporación de unidades adicionales y los choferes que finalmente fueron despedidos. La falta de concreción de ese proceso terminó convirtiéndose en uno de los principales argumentos utilizados por Patagonia Argentina para responsabilizar al municipio. Sin embargo, la controversia sobre las condiciones del traspaso no modifica la incertidumbre inmediata de los trabajadores, que necesitan una respuesta concreta sobre su futuro laboral y el cumplimiento de sus derechos. La discusión entre las empresas y el Ejecutivo municipal amenaza con prolongar un conflicto que tiene como principales afectados a quienes durante años garantizaron el funcionamiento del transporte público.
El caso vuelve a poner en debate el papel de los recursos públicos en la prestación de servicios esenciales y los mecanismos de control sobre las empresas concesionarias. Si se confirma que Patagonia Argentina recibió durante años un porcentaje específico para afrontar eventuales despidos, será necesario esclarecer cómo se administraron esos fondos y qué destino tuvieron. La discusión adquiere mayor relevancia porque se trata de dinero incorporado al esquema económico de un servicio público que involucra recursos municipales y que impacta directamente en la vida cotidiana de miles de usuarios. Desde el municipio anticiparon que sus equipos legales analizan los pasos a seguir, mientras que los trabajadores buscan avanzar con los reclamos correspondientes para evitar que la disputa entre la empresa y el Estado termine demorando el reconocimiento de sus derechos.
Mientras las partes sostienen posiciones enfrentadas, los 72 choferes continúan esperando una solución que les permita cobrar las indemnizaciones y recuperar cierta previsibilidad para sus familias. La pérdida del empleo después de décadas de servicio representa un golpe económico y social que excede la discusión administrativa por la concesión del transporte. Los trabajadores advierten que necesitan respuestas urgentes, especialmente por la interrupción de la cobertura médica y la falta de ingresos. El conflicto deja planteado un interrogante central: quién debe responder por las obligaciones laborales cuando una concesión de un servicio público cambia de manos y los trabajadores quedan en medio de las disputas entre empresas y autoridades. Por ahora, la resolución dependerá de las instancias administrativas y judiciales que se pongan en marcha, mientras los despedidos reclaman que se garantice el cumplimiento de sus derechos laborales.
Fuente: InfoGremiales
