El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para que investigue las operaciones financieras con oro realizadas por el Banco Central durante 2025. La presentación apunta a posibles comisiones, honorarios y pagos a funcionarios, y se apoya en una auditoría de la AGN que registró pérdidas por 1.023 millones de dólares. La participación del Deutsche Bank aparece señalada como una hipótesis que todavía debe ser corroborada.
El manejo de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó un nuevo capítulo judicial e institucional. El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para solicitar que ese organismo investigue posibles irregularidades en las operaciones con derivados financieros vinculados al oro que la autoridad monetaria realizó durante 2025. El planteo busca determinar si existieron comisiones, honorarios o pagos a intermediarios y funcionarios públicos relacionados con esas transacciones, y si fueron registrados de manera adecuada. La presentación también menciona al Deutsche Bank como una posible contraparte de las operaciones, aunque reconoce que el BCRA no confirmó oficialmente la participación de esa entidad.
El punto de partida de la denuncia es el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025. El organismo de control registró un resultado negativo de 1.469.155 millones de pesos, equivalente a aproximadamente 1.023 millones de dólares, por las operaciones de opciones cuyo activo subyacente era el oro. De ese total, unos 960,2 millones de dólares correspondieron al resultado negativo de las opciones y otros 62,8 millones al pago de primas. La pérdida implicó una salida efectiva de divisas, en un año en el que la cotización internacional del oro aumentó alrededor de un 64,9%. La AGN aprobó el balance, pero incorporó un apartado específico para dejar constancia del resultado de estas operaciones.
Dalbón cuestionó que las transacciones fueran presentadas como instrumentos de cobertura frente a posibles variaciones del precio del metal, cuando terminaron generando un desembolso de esa magnitud. En su presentación sostuvo que es necesario conocer qué posiciones tomó el BCRA, cuáles fueron las contrapartes, qué montos se comprometieron y bajo qué límites de riesgo se autorizaron las operaciones. También planteó interrogantes sobre la diferencia entre las primas pagadas y las pérdidas registradas. Según su interpretación, esa relación podría indicar que la estrategia incluyó la venta de opciones, una modalidad que puede generar obligaciones financieras mayores que el costo inicial de la cobertura. Se trata de una hipótesis que requiere el análisis de los contratos y la documentación completa de las transacciones.
Entre las versiones que la denuncia solicita esclarecer aparece la posibilidad de que se haya utilizado una estrategia financiera conocida como collar. Este mecanismo combina la compra de una opción destinada a protegerse frente a una caída del precio de un activo con la venta de otra opción que limita las ganancias cuando su cotización supera determinado nivel. De acuerdo con versiones periodísticas incorporadas al planteo, el Banco Central habría vendido a sus contrapartes el derecho a comprar oro a un precio algo superior a los 3.000 dólares por onza, mientras la cotización internacional llegó a superar los 4.000 dólares. Si esa modalidad fue efectivamente utilizada, el BCRA habría resignado parte de la valorización del metal y afrontado pagos por la diferencia. Sin embargo, la denuncia aclara que esta descripción no surge de una confirmación oficial ni del informe de la AGN, por lo que deberá verificarse mediante los contratos.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la explicación oficial sobre el resultado total de la posición en oro. El Banco Central informó que durante 2025 obtuvo una ganancia neta de aproximadamente 2.505 millones de dólares al considerar la revalorización del metal y las operaciones financieras. Dalbón cuestionó que ese resultado se utilice para relativizar la pérdida efectiva de divisas provocada por los derivados. Según los datos reproducidos en la presentación, la revalorización del oro habría alcanzado unos 3.527 millones de dólares, mientras que el resultado final se redujo por el impacto negativo de las opciones. Para el abogado, es necesario distinguir entre el incremento contable del valor de las reservas físicas y los dólares que efectivamente salieron para liquidar las operaciones financieras.
La denuncia también pone el foco en la falta de información sobre las entidades que participaron de los negocios y los posibles pagos asociados. Deutsche Bank aparece mencionado como una contraparte informada por distintas publicaciones periodísticas, pero el propio escrito reconoce que el Banco Central nunca confirmó oficialmente esa participación. Tampoco se conocen públicamente los destinatarios de eventuales comisiones, honorarios o márgenes financieros. La presentación menciona versiones sobre posibles comisiones superiores a los 60 millones de dólares, pero aclara que esa cifra no está respaldada por documentación pública y que no debe confundirse con los 62,8 millones de dólares registrados por la AGN como primas de opciones. La identificación de los beneficiarios y la naturaleza de esos pagos constituyen precisamente algunos de los puntos que se solicita investigar.
El planteo ante la SEC incluye además referencias a los antecedentes del Deutsche Bank en materia de controles internos y cumplimiento normativo. En enero de 2021, el organismo estadounidense sancionó a la entidad por deficiencias en sus registros contables y controles sobre intermediarios y consultores vinculados con funcionarios extranjeros. Aquella investigación derivó en acuerdos por más de 120 millones de dólares con autoridades estadounidenses. Dalbón incorporó ese antecedente para justificar la necesidad de revisar los mecanismos de control que pudieron intervenir en las operaciones argentinas. No obstante, la presentación no demuestra que el banco haya cometido una irregularidad en este caso ni que se hayan realizado pagos ilegales: solicita que la autoridad estadounidense determine si existen elementos para abrir una investigación.
El escrito también menciona a funcionarios argentinos que podrían aportar información sobre la autorización y ejecución de las operaciones: el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet; y el funcionario Nicolás Marcelo Ferro. La presentación señala que Caputo y Bausili tuvieron antecedentes laborales en Deutsche Bank, pero no acredita que esa circunstancia haya derivado en un beneficio indebido. Además, reclama que se conozcan los contratos, las actas de Directorio, los informes técnicos de riesgo y las comunicaciones internas vinculadas con las transacciones. La controversia se suma a los cuestionamientos previos sobre el traslado de lingotes de oro al exterior en 2024 y las dificultades de la AGN para completar la auditoría sobre su trazabilidad física.
Finalmente, Dalbón pidió a la SEC que determine si tiene competencia para investigar eventuales pagos a funcionarios extranjeros, posibles intermediaciones y deficiencias en los registros contables, de acuerdo con la legislación estadounidense contra el soborno en el exterior. También solicitó que, si el organismo considera que el caso excede sus atribuciones, evalúe remitir la presentación a otra autoridad, como el Departamento de Justicia. El abogado reconoció que su denuncia se basa en información pública y que no tuvo acceso a los contratos ni a documentación interna del BCRA. Por lo tanto, la presentación no constituye una prueba de sobornos ni una resolución sobre responsabilidades penales, sino un pedido de investigación. El caso vuelve a poner bajo discusión la transparencia en el manejo de las reservas internacionales y la necesidad de conocer quiénes diseñaron, autorizaron y ejecutaron las operaciones que generaron una salida de más de mil millones de dólares.
Fuente: Minuto Uno
Oro del Banco Central: denunciaron ante el organismo regulador de Estados Unidos posibles pagos irregulares al Deutsche Bank
Copete: El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para que investigue las operaciones financieras con oro realizadas por el Banco Central durante 2025. La presentación apunta a posibles comisiones, honorarios y pagos a funcionarios, y se apoya en una auditoría de la AGN que registró pérdidas por 1.023 millones de dólares. La participación del Deutsche Bank aparece señalada como una hipótesis que todavía debe ser corroborada.
El manejo de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó un nuevo capítulo judicial e institucional. El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para solicitar que ese organismo investigue posibles irregularidades en las operaciones con derivados financieros vinculados al oro que la autoridad monetaria realizó durante 2025. El planteo busca determinar si existieron comisiones, honorarios o pagos a intermediarios y funcionarios públicos relacionados con esas transacciones, y si fueron registrados de manera adecuada. La presentación también menciona al Deutsche Bank como una posible contraparte de las operaciones, aunque reconoce que el BCRA no confirmó oficialmente la participación de esa entidad.
El punto de partida de la denuncia es el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025. El organismo de control registró un resultado negativo de 1.469.155 millones de pesos, equivalente a aproximadamente 1.023 millones de dólares, por las operaciones de opciones cuyo activo subyacente era el oro. De ese total, unos 960,2 millones de dólares correspondieron al resultado negativo de las opciones y otros 62,8 millones al pago de primas. La pérdida implicó una salida efectiva de divisas, en un año en el que la cotización internacional del oro aumentó alrededor de un 64,9%. La AGN aprobó el balance, pero incorporó un apartado específico para dejar constancia del resultado de estas operaciones.
Dalbón cuestionó que las transacciones fueran presentadas como instrumentos de cobertura frente a posibles variaciones del precio del metal, cuando terminaron generando un desembolso de esa magnitud. En su presentación sostuvo que es necesario conocer qué posiciones tomó el BCRA, cuáles fueron las contrapartes, qué montos se comprometieron y bajo qué límites de riesgo se autorizaron las operaciones. También planteó interrogantes sobre la diferencia entre las primas pagadas y las pérdidas registradas. Según su interpretación, esa relación podría indicar que la estrategia incluyó la venta de opciones, una modalidad que puede generar obligaciones financieras mayores que el costo inicial de la cobertura. Se trata de una hipótesis que requiere el análisis de los contratos y la documentación completa de las transacciones.
Entre las versiones que la denuncia solicita esclarecer aparece la posibilidad de que se haya utilizado una estrategia financiera conocida como collar. Este mecanismo combina la compra de una opción destinada a protegerse frente a una caída del precio de un activo con la venta de otra opción que limita las ganancias cuando su cotización supera determinado nivel. De acuerdo con versiones periodísticas incorporadas al planteo, el Banco Central habría vendido a sus contrapartes el derecho a comprar oro a un precio algo superior a los 3.000 dólares por onza, mientras la cotización internacional llegó a superar los 4.000 dólares. Si esa modalidad fue efectivamente utilizada, el BCRA habría resignado parte de la valorización del metal y afrontado pagos por la diferencia. Sin embargo, la denuncia aclara que esta descripción no surge de una confirmación oficial ni del informe de la AGN, por lo que deberá verificarse mediante los contratos.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la explicación oficial sobre el resultado total de la posición en oro. El Banco Central informó que durante 2025 obtuvo una ganancia neta de aproximadamente 2.505 millones de dólares al considerar la revalorización del metal y las operaciones financieras. Dalbón cuestionó que ese resultado se utilice para relativizar la pérdida efectiva de divisas provocada por los derivados. Según los datos reproducidos en la presentación, la revalorización del oro habría alcanzado unos 3.527 millones de dólares, mientras que el resultado final se redujo por el impacto negativo de las opciones. Para el abogado, es necesario distinguir entre el incremento contable del valor de las reservas físicas y los dólares que efectivamente salieron para liquidar las operaciones financieras.
La denuncia también pone el foco en la falta de información sobre las entidades que participaron de los negocios y los posibles pagos asociados. Deutsche Bank aparece mencionado como una contraparte informada por distintas publicaciones periodísticas, pero el propio escrito reconoce que el Banco Central nunca confirmó oficialmente esa participación. Tampoco se conocen públicamente los destinatarios de eventuales comisiones, honorarios o márgenes financieros. La presentación menciona versiones sobre posibles comisiones superiores a los 60 millones de dólares, pero aclara que esa cifra no está respaldada por documentación pública y que no debe confundirse con los 62,8 millones de dólares registrados por la AGN como primas de opciones. La identificación de los beneficiarios y la naturaleza de esos pagos constituyen precisamente algunos de los puntos que se solicita investigar.
El planteo ante la SEC incluye además referencias a los antecedentes del Deutsche Bank en materia de controles internos y cumplimiento normativo. En enero de 2021, el organismo estadounidense sancionó a la entidad por deficiencias en sus registros contables y controles sobre intermediarios y consultores vinculados con funcionarios extranjeros. Aquella investigación derivó en acuerdos por más de 120 millones de dólares con autoridades estadounidenses. Dalbón incorporó ese antecedente para justificar la necesidad de revisar los mecanismos de control que pudieron intervenir en las operaciones argentinas. No obstante, la presentación no demuestra que el banco haya cometido una irregularidad en este caso ni que se hayan realizado pagos ilegales: solicita que la autoridad estadounidense determine si existen elementos para abrir una investigación.
El escrito también menciona a funcionarios argentinos que podrían aportar información sobre la autorización y ejecución de las operaciones: el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet; y el funcionario Nicolás Marcelo Ferro. La presentación señala que Caputo y Bausili tuvieron antecedentes laborales en Deutsche Bank, pero no acredita que esa circunstancia haya derivado en un beneficio indebido. Además, reclama que se conozcan los contratos, las actas de Directorio, los informes técnicos de riesgo y las comunicaciones internas vinculadas con las transacciones. La controversia se suma a los cuestionamientos previos sobre el traslado de lingotes de oro al exterior en 2024 y las dificultades de la AGN para completar la auditoría sobre su trazabilidad física.
Finalmente, Dalbón pidió a la SEC que determine si tiene competencia para investigar eventuales pagos a funcionarios extranjeros, posibles intermediaciones y deficiencias en los registros contables, de acuerdo con la legislación estadounidense contra el soborno en el exterior. También solicitó que, si el organismo considera que el caso excede sus atribuciones, evalúe remitir la presentación a otra autoridad, como el Departamento de Justicia. El abogado reconoció que su denuncia se basa en información pública y que no tuvo acceso a los contratos ni a documentación interna del BCRA. Por lo tanto, la presentación no constituye una prueba de sobornos ni una resolución sobre responsabilidades penales, sino un pedido de investigación. El caso vuelve a poner bajo discusión la transparencia en el manejo de las reservas internacionales y la necesidad de conocer quiénes diseñaron, autorizaron y ejecutaron las operaciones que generaron una salida de más de mil millones de dólares.
Fuente: Minuto Uno
Oro del Banco Central: denunciaron ante el organismo regulador de Estados Unidos posibles pagos irregulares al Deutsche Bank
Copete: El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para que investigue las operaciones financieras con oro realizadas por el Banco Central durante 2025. La presentación apunta a posibles comisiones, honorarios y pagos a funcionarios, y se apoya en una auditoría de la AGN que registró pérdidas por 1.023 millones de dólares. La participación del Deutsche Bank aparece señalada como una hipótesis que todavía debe ser corroborada.
El manejo de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó un nuevo capítulo judicial e institucional. El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para solicitar que ese organismo investigue posibles irregularidades en las operaciones con derivados financieros vinculados al oro que la autoridad monetaria realizó durante 2025. El planteo busca determinar si existieron comisiones, honorarios o pagos a intermediarios y funcionarios públicos relacionados con esas transacciones, y si fueron registrados de manera adecuada. La presentación también menciona al Deutsche Bank como una posible contraparte de las operaciones, aunque reconoce que el BCRA no confirmó oficialmente la participación de esa entidad.
El punto de partida de la denuncia es el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025. El organismo de control registró un resultado negativo de 1.469.155 millones de pesos, equivalente a aproximadamente 1.023 millones de dólares, por las operaciones de opciones cuyo activo subyacente era el oro. De ese total, unos 960,2 millones de dólares correspondieron al resultado negativo de las opciones y otros 62,8 millones al pago de primas. La pérdida implicó una salida efectiva de divisas, en un año en el que la cotización internacional del oro aumentó alrededor de un 64,9%. La AGN aprobó el balance, pero incorporó un apartado específico para dejar constancia del resultado de estas operaciones.
Dalbón cuestionó que las transacciones fueran presentadas como instrumentos de cobertura frente a posibles variaciones del precio del metal, cuando terminaron generando un desembolso de esa magnitud. En su presentación sostuvo que es necesario conocer qué posiciones tomó el BCRA, cuáles fueron las contrapartes, qué montos se comprometieron y bajo qué límites de riesgo se autorizaron las operaciones. También planteó interrogantes sobre la diferencia entre las primas pagadas y las pérdidas registradas. Según su interpretación, esa relación podría indicar que la estrategia incluyó la venta de opciones, una modalidad que puede generar obligaciones financieras mayores que el costo inicial de la cobertura. Se trata de una hipótesis que requiere el análisis de los contratos y la documentación completa de las transacciones.
Entre las versiones que la denuncia solicita esclarecer aparece la posibilidad de que se haya utilizado una estrategia financiera conocida como collar. Este mecanismo combina la compra de una opción destinada a protegerse frente a una caída del precio de un activo con la venta de otra opción que limita las ganancias cuando su cotización supera determinado nivel. De acuerdo con versiones periodísticas incorporadas al planteo, el Banco Central habría vendido a sus contrapartes el derecho a comprar oro a un precio algo superior a los 3.000 dólares por onza, mientras la cotización internacional llegó a superar los 4.000 dólares. Si esa modalidad fue efectivamente utilizada, el BCRA habría resignado parte de la valorización del metal y afrontado pagos por la diferencia. Sin embargo, la denuncia aclara que esta descripción no surge de una confirmación oficial ni del informe de la AGN, por lo que deberá verificarse mediante los contratos.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la explicación oficial sobre el resultado total de la posición en oro. El Banco Central informó que durante 2025 obtuvo una ganancia neta de aproximadamente 2.505 millones de dólares al considerar la revalorización del metal y las operaciones financieras. Dalbón cuestionó que ese resultado se utilice para relativizar la pérdida efectiva de divisas provocada por los derivados. Según los datos reproducidos en la presentación, la revalorización del oro habría alcanzado unos 3.527 millones de dólares, mientras que el resultado final se redujo por el impacto negativo de las opciones. Para el abogado, es necesario distinguir entre el incremento contable del valor de las reservas físicas y los dólares que efectivamente salieron para liquidar las operaciones financieras.
La denuncia también pone el foco en la falta de información sobre las entidades que participaron de los negocios y los posibles pagos asociados. Deutsche Bank aparece mencionado como una contraparte informada por distintas publicaciones periodísticas, pero el propio escrito reconoce que el Banco Central nunca confirmó oficialmente esa participación. Tampoco se conocen públicamente los destinatarios de eventuales comisiones, honorarios o márgenes financieros. La presentación menciona versiones sobre posibles comisiones superiores a los 60 millones de dólares, pero aclara que esa cifra no está respaldada por documentación pública y que no debe confundirse con los 62,8 millones de dólares registrados por la AGN como primas de opciones. La identificación de los beneficiarios y la naturaleza de esos pagos constituyen precisamente algunos de los puntos que se solicita investigar.
El planteo ante la SEC incluye además referencias a los antecedentes del Deutsche Bank en materia de controles internos y cumplimiento normativo. En enero de 2021, el organismo estadounidense sancionó a la entidad por deficiencias en sus registros contables y controles sobre intermediarios y consultores vinculados con funcionarios extranjeros. Aquella investigación derivó en acuerdos por más de 120 millones de dólares con autoridades estadounidenses. Dalbón incorporó ese antecedente para justificar la necesidad de revisar los mecanismos de control que pudieron intervenir en las operaciones argentinas. No obstante, la presentación no demuestra que el banco haya cometido una irregularidad en este caso ni que se hayan realizado pagos ilegales: solicita que la autoridad estadounidense determine si existen elementos para abrir una investigación.
El escrito también menciona a funcionarios argentinos que podrían aportar información sobre la autorización y ejecución de las operaciones: el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet; y el funcionario Nicolás Marcelo Ferro. La presentación señala que Caputo y Bausili tuvieron antecedentes laborales en Deutsche Bank, pero no acredita que esa circunstancia haya derivado en un beneficio indebido. Además, reclama que se conozcan los contratos, las actas de Directorio, los informes técnicos de riesgo y las comunicaciones internas vinculadas con las transacciones. La controversia se suma a los cuestionamientos previos sobre el traslado de lingotes de oro al exterior en 2024 y las dificultades de la AGN para completar la auditoría sobre su trazabilidad física.
Finalmente, Dalbón pidió a la SEC que determine si tiene competencia para investigar eventuales pagos a funcionarios extranjeros, posibles intermediaciones y deficiencias en los registros contables, de acuerdo con la legislación estadounidense contra el soborno en el exterior. También solicitó que, si el organismo considera que el caso excede sus atribuciones, evalúe remitir la presentación a otra autoridad, como el Departamento de Justicia. El abogado reconoció que su denuncia se basa en información pública y que no tuvo acceso a los contratos ni a documentación interna del BCRA. Por lo tanto, la presentación no constituye una prueba de sobornos ni una resolución sobre responsabilidades penales, sino un pedido de investigación. El caso vuelve a poner bajo discusión la transparencia en el manejo de las reservas internacionales y la necesidad de conocer quiénes diseñaron, autorizaron y ejecutaron las operaciones que generaron una salida de más de mil millones de dólares.
Fuente: Minuto Uno
