A ocho meses de la reforma laboral, cayó el empleo registrado y la informalidad llegó al 45% de los trabajadores

Trabajos en Argentina
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Los primeros indicadores posteriores a la aprobación de la Ley 27.802 muestran un retroceso del 0,9% en los puestos de trabajo registrados y un incremento de la informalidad, según datos oficiales. Además, la desocupación alcanzó el 7,9% y el empleo privado acumula más de un año de contracción. Incluso Federico Sturzenegger manifestó su disconformidad con la respuesta de los empresarios frente a los cambios impulsados por el Gobierno.

A ocho meses de la aprobación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, los principales indicadores del mercado de trabajo muestran una evolución desfavorable para el empleo registrado. Desde la sanción de la Ley 27.802, en marzo de 2026, los puestos de trabajo formales disminuyeron un 0,9%, de acuerdo con los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Al mismo tiempo, la informalidad laboral alcanzó al 45% de la población ocupada, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los datos vuelven a poner en discusión los resultados de una reforma que había sido presentada por el Ejecutivo como una herramienta para incentivar la contratación formal.

Uno de los indicadores que refleja las dificultades para generar nuevos puestos registrados es la tasa de incorporación de trabajadores. En junio de 2026, las nuevas altas representaron apenas el 1,6% del total de personas ocupadas, el nivel más bajo de la serie. En agosto se registró una recuperación hasta el 1,8%, pero el porcentaje todavía quedó por debajo del 2% observado en febrero, antes de la aprobación de la reforma. La evolución muestra que, al menos durante los primeros meses de vigencia de la nueva legislación, los cambios en las condiciones de contratación no estuvieron acompañados por un crecimiento sostenido de las incorporaciones al empleo formal.

La informalidad también avanzó durante el período analizado. Según los datos del INDEC, pasó del 43,2% al 45% de la población ocupada entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026. Esto representa un incremento de 1,8 puntos porcentuales y equivale a más de seis millones de personas que trabajan sin contar con los mecanismos de protección asociados al empleo registrado. Por su parte, el Monitor de la Reforma Laboral del Instituto Argentina Grande estimó que durante el último año se incorporaron alrededor de 348.000 puestos informales, principalmente bajo modalidades de trabajo por cuenta propia.

El deterioro también aparece en las estadísticas de desocupación. Durante el segundo trimestre de 2026, la tasa de desempleo llegó al 7,9%, frente al 7,6% registrado en igual período del año anterior. El indicador también mostró un aumento respecto del trimestre previo y alcanzó el nivel más alto desde el inicio de la gestión de Milei. La combinación de menos puestos registrados, mayor informalidad y una desocupación en ascenso configura un escenario complejo para el mercado laboral, especialmente para quienes buscan incorporarse a empleos con estabilidad y derechos laborales.

En el sector privado, la contracción del empleo formal lleva varios meses consecutivos. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) contabilizó una pérdida de aproximadamente 12.700 puestos de trabajo en el período analizado, equivalente a una caída del 0,2%, y ubicó el total de trabajadores asalariados privados registrados en torno a los 6,1 millones. Desde noviembre de 2023, la reducción acumulada alcanza aproximadamente 266.000 puestos, un retroceso del 4,2%. De acuerdo con el estudio, la cantidad de trabajadores se encuentra en niveles similares a los de mayo de 2014.

Uno de los aspectos que sobresale en los informes es la diferencia entre la evolución de la actividad económica y la generación de empleo. Mientras la economía acumuló un crecimiento neto del 2,2% entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el empleo asalariado privado registró una caída superior al 4% durante el mismo período. Esta divergencia muestra que la recuperación de determinados indicadores de actividad no necesariamente se traduce en una expansión del trabajo formal. A ese cuadro se suma el deterioro de los ingresos: el salario mínimo acumuló una pérdida real del 40,8% desde noviembre de 2023, mientras que la remuneración promedio de los trabajadores registrados privados cayó un 0,4% en julio, aunque habría mostrado una recuperación real del 1,3% en agosto.

Los resultados también generaron cuestionamientos dentro del propio Gobierno. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado y uno de los principales impulsores de la reforma, reconoció públicamente su disconformidad con la respuesta del sector empresario frente a los cambios aprobados. “No estoy conforme con la respuesta de los empresarios con la reforma laboral”, afirmó. El funcionario también expresó críticas sobre la ultraactividad de los convenios colectivos, mecanismo que mantiene vigentes sus cláusulas una vez vencido el plazo de un acuerdo hasta que se negocia uno nuevo. Sus declaraciones introdujeron un elemento adicional en el debate sobre los resultados de la legislación y las expectativas oficiales respecto de su implementación.

A ocho meses de su aprobación, los indicadores disponibles no muestran todavía el crecimiento del empleo registrado que el Gobierno esperaba promover mediante la flexibilización de las condiciones laborales. La caída de los puestos formales, el aumento de la informalidad y la persistencia de la desocupación plantean interrogantes sobre el impacto de la reforma y sobre el funcionamiento general del modelo económico. De todos modos, los datos describen una evolución del mercado laboral durante un período determinado y no permiten, por sí solos, atribuir todos los cambios exclusivamente a la nueva legislación. La discusión sobre sus efectos deberá considerar también la actividad económica, la situación de las empresas, la inversión y la evolución de los salarios.

Fuente: Primereando

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