La diputada nacional presentó ocho pedidos de informes para investigar las contrataciones de la empresa TNGROUP SA con distintos organismos públicos. Según los datos difundidos, el Estado habría pagado $29.750 millones desde 2017 y solo en 2025 la firma habría facturado más de $21.400 millones. La legisladora reclama expedientes, inventarios y comprobantes para determinar si los gastos están justificados.
La diputada nacional Marcela Pagano presentó ocho pedidos de informes ante distintos organismos del Estado para investigar los contratos de alquiler de fotocopiadoras que involucran a la empresa TNGROUP SA, vinculada al empresario brasileño Alejandro Trasmonte. La iniciativa apunta a reconstruir las contrataciones realizadas por dependencias como ANSES, ARCA y el Ministerio de Capital Humano, entre otras áreas de la administración pública. La legisladora busca conocer las condiciones de adjudicación, los montos abonados y la cantidad efectiva de equipos instalados. El planteo abre interrogantes sobre el uso de recursos públicos en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei sostiene una política de reducción del gasto y digitalización de la administración.
Según la información publicada por La Política Online, desde 2017 el Estado habría pagado a TNGROUP SA alrededor de $29.750 millones, cifra que equivaldría a unos $110.900 millones actualizados a valores de agosto de 2026. Uno de los datos que concentra la atención es que durante 2025 la empresa habría facturado $21.412 millones por sus servicios a distintas dependencias nacionales. De acuerdo con la publicación, gran parte de esos contratos se habría canalizado mediante un Acuerdo Marco habilitado durante la actual gestión. Las cifras difundidas todavía deben ser contrastadas con los expedientes y comprobantes oficiales que solicitó Pagano, pero permiten dimensionar el volumen económico de las contrataciones que quedaron bajo cuestionamiento.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la diferencia entre el costo del alquiler y el precio de compra de los equipos. Según una contratación difundida por el periodista Tomás Méndez en Canal 9, el alquiler de 17 fotocopiadoras durante doce meses habría alcanzado los $41,8 millones. La cuenta representa aproximadamente $2,4 millones anuales por máquina, mientras que el valor de compra de un equipo similar fue estimado en alrededor de $1,4 millones. Esa comparación abrió interrogantes sobre la conveniencia económica de mantener contratos de alquiler en lugar de adquirir los equipos. Sin embargo, para establecer si existió un gasto injustificado es necesario conocer qué prestaciones incluían los acuerdos, como mantenimiento, insumos, reparaciones y reposición de máquinas.
Otro dato señalado por las fuentes vinculadas a la investigación es la cantidad de equipos que utilizaría el Estado nacional. La cifra mencionada alcanza las 30 mil fotocopiadoras para una administración pública que tendría alrededor de 180 mil empleados, lo que arrojaría una proporción aproximada de una máquina cada seis trabajadores. La magnitud del número genera preguntas sobre la distribución de los equipos, su utilización efectiva y las necesidades operativas de cada organismo. En un proceso de digitalización de trámites y expedientes, resulta relevante determinar qué dependencias requieren esos dispositivos, cuántas impresiones realizan y si existe correspondencia entre la cantidad contratada y el servicio efectivamente utilizado.
Los pedidos de informes de Pagano fueron dirigidos a ANSES, ARCA, el Ministerio de Capital Humano, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el INCUCAI, la Oficina Nacional de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete, la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La diputada reclama los expedientes completos de cada contratación, los pliegos, las ofertas presentadas, las actas de apertura, los dictámenes de evaluación, las impugnaciones, las adjudicaciones y las órdenes de compra. También solicita información sobre las cantidades de equipos, sus ubicaciones, los precios unitarios, los plazos contractuales y las especificaciones técnicas de los servicios.
La documentación requerida incluye además inventarios por sede, números de serie, actas de instalación, registros de reemplazos y bajas, certificados mensuales de prestación, reportes de funcionamiento y contadores de impresión. Pagano también pidió facturas, liquidaciones y comprobantes de pago discriminados por período y concepto. El objetivo es establecer si las máquinas contratadas fueron efectivamente instaladas, si funcionaron en las condiciones previstas y si los organismos públicos pagaron por servicios que recibieron. Esa información resulta fundamental para diferenciar una contratación costosa pero justificada por prestaciones adicionales de una eventual erogación que no tenga correspondencia con el servicio brindado.
La investigación también menciona contrataciones realizadas durante la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa. Según la publicación de LPO, el Ejército habría adjudicado operaciones por $374,6 millones vinculadas con la empresa. El artículo menciona versiones sobre una presunta relación de amistad entre Petri y Trasmonte, aunque esas versiones no constituyen por sí mismas una prueba de irregularidad ni permiten afirmar que hayan influido en las adjudicaciones. El punto que deberá esclarecerse mediante los expedientes es qué procedimientos se utilizaron, qué funcionarios intervinieron, cuáles fueron las ofertas evaluadas y qué prestaciones se contrataron.
El caso vuelve a poner en discusión la administración de los recursos públicos y la distancia entre el discurso de austeridad y las decisiones concretas de contratación estatal. Los pedidos de informes todavía no representan una comprobación judicial de sobreprecios, corrupción o incumplimientos, pero buscan obtener la documentación necesaria para evaluar la legalidad y la conveniencia de los acuerdos. La pregunta central es por qué el Estado mantiene contratos de alquiler de semejante volumen, cuánto cuestan realmente los servicios asociados y si existe una alternativa más eficiente. En un contexto de ajuste sobre distintas áreas de la administración pública, conocer el destino de cada peso resulta indispensable para evaluar la consistencia de la política de reducción del gasto.
Fuente: La Política Online
