El Consejo Nacional de Obras Sociales Universitarias (COSUN) advirtió que la pérdida salarial superior al 30% y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario están desfinanciando el sistema de salud que brinda cobertura a docentes, nodocentes y sus familias. Alertan que algunas instituciones ya debieron restringir prestaciones y utilizar sus reservas para sostener la atención.
La crisis salarial y presupuestaria que atraviesa el sistema universitario argentino comienza a generar consecuencias que exceden el funcionamiento de las casas de estudio. El Consejo Nacional de Obras Sociales Universitarias (COSUN) advirtió que el deterioro de los ingresos de los trabajadores y la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario ponen en riesgo la continuidad de las obras sociales del sector. A través de un comunicado, la organización señaló que la situación financiera de estas entidades llegó a un nivel crítico y que está comprometida la atención médica de miles de docentes, trabajadores nodocentes y sus familias.
Uno de los principales factores que explican esta situación es el atraso salarial acumulado, que supera el 30%, según el diagnóstico difundido por el Consejo. Las obras sociales universitarias dependen casi exclusivamente de los aportes y contribuciones que se descuentan de los salarios del personal de las universidades nacionales. Por eso, cuando los ingresos de los trabajadores pierden poder adquisitivo, también se reducen los recursos destinados a financiar consultas, tratamientos, medicamentos y demás prestaciones sanitarias. El deterioro de los salarios impacta así de manera directa sobre la capacidad de respuesta del sistema de salud.
El COSUN estimó que, como consecuencia de la falta de actualización de los ingresos, los trabajadores universitarios dejaron de percibir el equivalente a 12 salarios. Se trata de una pérdida acumulada que no solamente afecta las condiciones de vida de docentes y nodocentes, sino que también debilita las fuentes de financiamiento de sus coberturas médicas. El organismo vinculó este escenario con el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso, y reclamó al Gobierno nacional que garantice su aplicación efectiva para revertir el deterioro de los recursos del sistema.
A la caída de los ingresos se suma el incremento de los costos de la atención sanitaria. Según advirtió el Consejo, los medicamentos, las prestaciones médicas y los insumos necesarios para garantizar los servicios de salud registran aumentos que superan los índices generales del costo de vida. Esta combinación entre menores recursos y mayores gastos genera una presión cada vez más difícil de sostener para las instituciones. En ese contexto, las obras sociales universitarias enfrentan una crisis de financiamiento que compromete sus patrimonios y pone en discusión su capacidad para continuar funcionando en el corto plazo.
La gravedad del escenario ya se refleja en las medidas que debieron adoptar distintas entidades para evitar un deterioro mayor. El comunicado señala que algunas obras sociales se vieron obligadas a restringir prestaciones, recurrir a sus fondos de reserva y exigir mayores esfuerzos económicos a sus afiliados. Son mecanismos de emergencia que permiten sostener parcialmente la atención, pero que no resuelven el problema estructural de financiamiento. Para el COSUN, la continuidad de estas alternativas resulta cada vez más difícil si no se recuperan los ingresos y no se garantiza un esquema presupuestario que permita afrontar los costos reales de la salud.
La advertencia también pone el foco en las consecuencias sociales de una eventual profundización de la crisis. Las obras sociales universitarias brindan cobertura a trabajadores activos, jubilados y sus grupos familiares, por lo que cualquier restricción en los servicios impacta directamente sobre la vida cotidiana de miles de personas. El organismo alertó especialmente sobre la situación de los jubilados y de los afiliados con menores ingresos, que cuentan con menos posibilidades de afrontar por sus propios medios los costos de tratamientos, medicamentos y consultas médicas. La pérdida de estas coberturas podría dejar a sectores de la comunidad universitaria en una situación de mayor vulnerabilidad.
Desde el Consejo reivindicaron el carácter solidario, sin fines de lucro y de cercanía con los afiliados que caracteriza al modelo de obras sociales universitarias. Se trata de instituciones construidas durante décadas, administradas con participación de representantes de los propios trabajadores y de las universidades, sin intermediarios. Para el COSUN, la crisis actual amenaza un esquema de atención que constituye una herramienta fundamental de protección social para la comunidad universitaria. La organización consideró que su debilitamiento no debe interpretarse solamente como un problema administrativo o financiero, sino como un riesgo concreto para el acceso a la salud.
Frente a este panorama, el COSUN realizó un llamado urgente al Poder Ejecutivo Nacional para que cumpla sin más demoras con la Ley de Financiamiento Universitario. También reclamó al Poder Judicial que garantice su efectiva aplicación y resguarde los derechos de la comunidad universitaria. Finalmente, convocó a docentes, nodocentes, autoridades y afiliados a fortalecer los reclamos colectivos y acompañar las medidas necesarias para sostener las instituciones. El comunicado lleva las firmas de Gabriel Dadiego, presidente del Consejo; Gustavo Mondejar, vicepresidente; y Marcelo Galaverna, secretario. La advertencia deja planteado que el ajuste sobre los salarios universitarios no compromete únicamente las condiciones laborales, sino también la continuidad de un sistema de salud que protege a miles de trabajadores y sus familias.
Fuente: InfoGremiales
