El Observatorio MuMaLá contabilizó 239 femicidios en Argentina durante 2026 y advirtió que octubre fue el peor mes de los últimos cinco años. Entre las víctimas se encuentran Nancy Godoy, docente de Corrientes, y tres trabajadoras sexuales asesinadas en Córdoba, Buenos Aires y Rosario. La organización denunció una emergencia por violencia de género y reclamó políticas de prevención y protección.
La violencia de género volvió a mostrar su dimensión más dramática en Argentina. Durante octubre, al menos cuatro mujeres fueron asesinadas mientras desarrollaban sus actividades laborales, en una serie de crímenes que generaron conmoción y renovaron los reclamos de organizaciones feministas y sociales. Según el relevamiento del Observatorio Nacional de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), en lo que va de 2026 se registraron 239 femicidios en el país, lo que representa un asesinato por razones de género cada 30 horas. La organización calificó a octubre como el peor mes de los últimos cinco años y advirtió que el país atraviesa una situación de emergencia.
El informe también contabilizó 728 intentos de femicidio y señaló que 179 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus madres como consecuencia de estos crímenes. Desde MuMaLá manifestaron su preocupación por el incremento de las situaciones de violencia y cuestionaron el debilitamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir, asistir y erradicar la violencia machista. “Estamos en emergencia por la violencia de género”, advirtieron desde la organización, al reclamar respuestas institucionales frente a una problemática que continúa cobrando vidas en distintas provincias.
Entre los casos que marcaron octubre se encuentra el de Nancy Godoy, una docente de 52 años de Corrientes cuyo cuerpo fue encontrado después de permanecer desaparecida durante 21 días. La mujer trabajaba en una escuela rural ubicada en un establecimiento privado y había sido vista por última vez en el lugar donde desarrollaba sus tareas. Semanas antes de su desaparición había denunciado las condiciones edilicias deplorables de la institución pública. Por el crimen hay cinco personas detenidas: Ireneo Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados por femicidio; Rosa Leguizamón enfrenta una acusación por homicidio simple y Ezequiel Bordón está señalado por falso testimonio.
Los otros tres casos corresponden a trabajadoras sexuales menores de 30 años que fueron asesinadas mientras desarrollaban su actividad. Se trata de Daniela Villalba, de Córdoba; Tatiana Micaela Fernández, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Bárbara Aragón, de Rosario. De acuerdo con la información difundida sobre las investigaciones, las mujeres habrían sido atacadas por hombres que contrataron sus servicios. Los crímenes volvieron a poner en discusión las condiciones de vulnerabilidad, la falta de protección y los riesgos que enfrentan quienes ejercen el trabajo sexual en contextos de precariedad y clandestinidad.
Por los asesinatos de Daniela Villalba y Tatiana Fernández fue detenido Renato Iván Tabella, de 28 años, en el barrio porteño de Retiro. El sospechoso se encuentra imputado por homicidio agravado por mediar violencia de género en ambas investigaciones. En el caso de Bárbara Aragón, la Justicia imputó por abuso sexual y femicidio a Eliel Gerónimo Schiffo, de 37 años, un policía exonerado. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias de cada crimen y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
Desde MuMaLá cuestionaron los enfoques que concentran la atención exclusivamente en la figura de un posible femicida serial y reclamaron que se visibilicen las condiciones estructurales que atraviesan a las víctimas. La organización sostuvo que es necesario garantizar más protección y derechos, en lugar de profundizar los estigmas sobre las trabajadoras sexuales. En ese sentido, advirtió que la violencia machista también se vincula con la precariedad económica, la falta de garantías laborales y las dificultades para acceder a mecanismos efectivos de protección frente a situaciones de riesgo.
Frente a esta situación, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) convocó a un paro nacional para el próximo 3 de noviembre, bajo la consigna “Paren de matarnos”. La medida busca exigir avances en las investigaciones judiciales, reclamar condiciones laborales y de seguridad y denunciar la estigmatización que atraviesa al sector. Desde el gremio señalaron que la clandestinidad, la pobreza estructural, la precarización del trabajo y la criminalización de las estrategias de cuidado colectivo generan un escenario de mayor exposición a las violencias. Blanca Mendoza, secretaria general de AMMAR Córdoba, confirmó que la organización provincial adherirá a la medida y realizará actividades para visibilizar la problemática.
La situación también presenta cifras preocupantes en Córdoba. Según el relevamiento difundido por La Nueva Mañana, hasta finales de octubre se registraron 12 crímenes por violencia de género en la provincia. El registro incluye nueve femicidios, un crimen de odio, un transfemicidio y un femicidio vinculado, en el que un hombre asesinó al hijo de su pareja mientras ella realizaba una denuncia en su contra. Los datos vuelven a poner en discusión la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, garantizar asistencia a las víctimas y desarrollar mecanismos de protección efectivos. Mientras las organizaciones reclaman respuestas urgentes, las estadísticas muestran que la violencia de género continúa siendo una problemática de enorme gravedad en Argentina.
Con ayuda de La Nueva Mañana
