La Justicia federal ordenó embargar fondos del Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, por una deuda de $828,7 millones vinculada con medicamentos e insumos para el Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución que brinda atención integral a personas con discapacidad. El conflicto se produjo a pocos días de la visita del papa León XIV, prevista para el 9 de noviembre. Tras la medida judicial, el Gobierno afirmó haber regularizado el pago reclamado.
La Justicia federal ordenó embargar cuentas del Ministerio de Salud de la Nación por $828.708.195 para garantizar el pago de una deuda con el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole, partido de Almirante Brown. La medida fue dispuesta por el juez Juan Pablo Auge, titular del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N.º 3 de Lomas de Zamora, ante el reclamo de la institución por la falta de provisión de medicamentos e insumos correspondientes al período comprendido entre marzo y junio de 2026. El caso volvió a poner en discusión el cumplimiento de las obligaciones estatales con las entidades que brindan asistencia a personas con discapacidad.
El embargo se produjo en un contexto especialmente sensible para la institución, que alberga a más de 400 personas y necesita recursos permanentes para garantizar su atención y sus cuidados cotidianos. El Cottolengo Don Orione desarrolla una tarea de asistencia integral que requiere medicamentos, elementos sanitarios y otros insumos indispensables para sostener los tratamientos de sus residentes. Desde la entidad advirtieron que las demoras en las entregas podían comprometer la continuidad de las prestaciones y afectar la salud de quienes dependen de esa asistencia. Por eso, el reclamo no se limitó a una controversia administrativa o contable, sino que involucró la continuidad de servicios esenciales.
La resolución judicial alcanzó a la cartera sanitaria que conduce Mario Lugones y estuvo relacionada con las obligaciones correspondientes al programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura a personas que requieren prestaciones específicas. De acuerdo con la información publicada sobre el expediente, el magistrado dispuso que se librara un oficio al Banco Nación para que los fondos alcanzados por la medida fueran transferidos a una cuenta de la institución. El objetivo fue garantizar que el monto reclamado tuviera una respuesta efectiva ante las demoras denunciadas. La intervención de la Justicia llegó después de que el Cottolengo recurriera a esa vía para exigir el cumplimiento de los compromisos pendientes.
El conflicto se profundizó por las diferencias entre la posición del Ministerio de Salud y la presentada por las autoridades de la institución. Desde la cartera nacional habían objetado el reclamo con el argumento de que no se habían presentado las facturas o completado los trámites administrativos necesarios para autorizar los pagos. El Cottolengo, en cambio, sostuvo que había realizado las gestiones correspondientes y que la documentación respaldatoria había sido enviada a los organismos competentes. La entidad cuestionó así la explicación oficial y llevó ante los tribunales los antecedentes que, según su postura, demostraban que había cumplido con los procedimientos establecidos para solicitar los insumos.
El abogado de la institución, Pablo Díaz, cuestionó la respuesta del Gobierno y sostuvo que los argumentos utilizados para justificar la demora no tenían sustento. Según la presentación judicial, el mecanismo de cobertura contemplaba pedidos de insumos que debían ser auditados y posteriormente entregados, en lugar de funcionar exclusivamente mediante reintegros contra la presentación de facturas. Esa diferencia resultaba central para la controversia, porque la institución consideraba que el Ministerio estaba exigiendo requisitos que no se correspondían con el procedimiento aplicado. Entre los antecedentes presentados figuraban comunicaciones enviadas durante junio y septiembre, en las que se advertía sobre la falta de provisiones y sus posibles consecuencias para los residentes.
La nueva deuda se sumó a otro reclamo que había enfrentado al Cottolengo con el Gobierno nacional durante los meses anteriores. A comienzos de octubre, la institución había recibido el pago de una obligación superior a los $700 millones, vinculada con prestaciones que venía reclamando desde fines de 2025. Sin embargo, la cancelación de ese compromiso no resolvió las diferencias por los períodos posteriores y volvió a ser necesario recurrir a la Justicia para exigir el cumplimiento de las obligaciones pendientes. La reiteración de estos conflictos expuso las dificultades que enfrentan las organizaciones de atención a personas con discapacidad cuando dependen de transferencias estatales para sostener servicios que no pueden interrumpirse sin consecuencias.
La controversia también se inscribió en el debate nacional sobre el financiamiento de las políticas de discapacidad y el impacto de las decisiones presupuestarias del Gobierno de Javier Milei. Las instituciones que brindan atención permanente necesitan previsibilidad para adquirir medicamentos, alimentos, pañales y materiales sanitarios, además de afrontar los costos del personal y de los tratamientos. Cuando los recursos no llegan en tiempo y forma, las organizaciones deben buscar alternativas para mantener sus actividades, recurrir a donaciones o utilizar fondos propios. En el caso del Cottolengo, la situación adquirió mayor relevancia por la cantidad de personas alojadas y por la necesidad de garantizar una atención continua, independientemente de las disputas administrativas entre los organismos estatales y los prestadores.
La situación tomó mayor visibilidad ante la próxima visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, prevista para el 9 de noviembre. La llegada del pontífice se producirá en medio de los reclamos por el financiamiento de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad y de las críticas a las demoras en las prestaciones. Tras conocerse el embargo, el Gobierno afirmó que había regularizado el pago de los $828,7 millones reclamados por la institución. De esta manera, el episodio sumó un nuevo capítulo a la discusión sobre las responsabilidades del Estado en la asistencia social y sanitaria, mientras queda planteado el desafío de garantizar que los recursos y los insumos lleguen de manera regular a quienes dependen de ellos.
Fuente: Política Argentina.
