La Secretaría de Transporte acordó con las cámaras empresarias del AMBA actualizar mensualmente los costos de operación entre octubre y enero. El compromiso incluye mayores compensaciones estatales y un plan de pagos para cancelar una deuda de $40.000 millones, mientras las tarifas de las líneas nacionales permanecerán congeladas durante ese período.
El Gobierno nacional acordó incrementar los subsidios destinados a las empresas de colectivos de jurisdicción nacional con el objetivo de evitar nuevos aumentos del boleto y sostener las frecuencias del servicio. La decisión se confirmó luego de una reunión entre la Secretaría de Transporte y las cámaras empresarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en medio de los reclamos del sector por el incremento de los costos operativos y las dificultades para mantener las prestaciones.
El entendimiento contempla una actualización mensual de la estructura de costos reconocida por el Estado desde octubre de 2026 hasta enero de 2027. Esa actualización tendrá impacto directo en las compensaciones que reciben las compañías, por lo que el Ejecutivo deberá aportar mayores recursos para cubrir parte de los gastos de funcionamiento. Según fuentes oficiales, la prioridad es evitar que esos incrementos se trasladen a los pasajeros mediante nuevas subas tarifarias en las líneas nacionales.
Uno de los puntos centrales de la negociación fue el reclamo empresarial por una deuda estimada en $40.000 millones. Las compañías sostenían que el Estado debía regularizar esos pagos para aliviar la situación financiera del sistema. Como respuesta, el Gobierno propuso cancelar el monto en tres cuotas, aunque las cámaras pretendían recibir la totalidad del dinero en un único desembolso. La modalidad de pago quedó entre los principales aspectos del acuerdo alcanzado.
Las negociaciones se desarrollaron después de que distintas empresas advirtieran sobre la posibilidad de reducir las frecuencias, especialmente durante la noche, ante el desfasaje entre los ingresos reconocidos y los costos reales de operación. El reclamo involucra a las 104 líneas de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del conurbano bonaerense. Las compañías señalaron que los recursos disponibles no alcanzaban para cubrir combustible, mantenimiento, salarios y otros gastos necesarios para garantizar el servicio.
Actualmente, el boleto mínimo de las líneas nacionales se encuentra en $742,81, mientras que las empresas estiman que la tarifa técnica sin subsidios debería ubicarse en $2.494,13. La diferencia entre ambos valores es de $1.751,32, equivalente al 70,2% del costo total calculado por el sector. Esa brecha representa el peso de las compensaciones estatales necesarias para sostener el precio que abonan los usuarios y garantizar la continuidad de los recorridos.
Sin embargo, el congelamiento tarifario no alcanzará a todos los colectivos del AMBA. Desde el domingo 1 de noviembre, las líneas que operan bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires aplicarán un incremento del 3,9%, con un boleto mínimo de $956,37. En la provincia de Buenos Aires, el aumento será del 5,02% y la tarifa mínima llegará a $1.276,08. De esta manera, los pasajeros encontrarán valores diferentes según la jurisdicción responsable de cada servicio.
La decisión nacional representa un cambio en la estrategia aplicada durante los últimos meses. Entre mayo y julio, el Gobierno había autorizado aumentos mensuales del 2% para las líneas nacionales, pero desde agosto no habilitó nuevas modificaciones tarifarias ni incrementó los subsidios. Ahora, el Ejecutivo optó por reforzar las transferencias a las empresas para absorber parte de los mayores costos sin trasladarlos directamente al precio del boleto. Desde la administración nacional sostienen que el financiamiento adicional podrá cubrirse mediante ahorros realizados previamente en el esquema de compensaciones.
El acuerdo vuelve a poner en discusión el financiamiento del transporte público y el reparto de responsabilidades entre Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Mientras las empresas reclaman recursos suficientes para sostener las prestaciones, el Gobierno busca evitar nuevos aumentos en las líneas bajo su jurisdicción y contener el impacto sobre la inflación. La actualización de costos hasta enero y la cancelación de la deuda pendiente serán determinantes para evaluar si el entendimiento consigue evitar nuevas restricciones en los servicios.
Fuente: Ámbito Financiero
