El máximo tribunal del país dejó firme la pena de cinco años y cuatro meses de prisión contra Alejandro Pavese, uno de los cuatro trabajadores municipales condenados por abusos sexuales contra un joven compañero en un taller mecánico de Villa Carlos Paz. Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, cuando la víctima tenía 18 años. Además, la Municipalidad deberá pagar una indemnización de $14 millones por daño moral y gastos médicos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cinco años y cuatro meses de prisión contra Alejandro Pavese, uno de los empleados municipales acusados de participar en una serie de abusos sexuales contra un compañero de trabajo en Villa Carlos Paz. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el último recurso presentado por la defensa y declararon inadmisible la presentación judicial. De esta manera, quedó agotada la posibilidad de revisión ordinaria de la sentencia y se confirmó la responsabilidad penal de Pavese por los hechos ocurridos en un taller mecánico de la Municipalidad.
El caso se remonta al período comprendido entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, cuando la víctima tenía 18 años y trabajaba en el taller municipal ubicado en la intersección de las calles Alfonsina Storni y Los Ceibos. Según la investigación judicial, el joven comenzó a sufrir situaciones de hostigamiento y agresiones sexuales por parte de compañeros de trabajo que aprovechaban su situación de vulnerabilidad y la diferencia de jerarquía existente dentro del ámbito laboral. Los episodios se desarrollaron en distintas oportunidades y fueron considerados por la Justicia como parte de una secuencia de violencia que excedió ampliamente cualquier conflicto o maltrato laboral.
La investigación permitió reconstruir tres episodios de especial gravedad. El primero ocurrió hacia fines de 2015, cuando uno de los trabajadores realizó tocamientos no consentidos sobre el cuerpo del joven mientras compartían un momento de descanso. Posteriormente, el 20 de enero de 2016, se produjo un segundo ataque durante el horario de descanso de los empleados. De acuerdo con la reconstrucción judicial, los involucrados actuaron de manera coordinada y sometieron a la víctima a nuevas agresiones. La situación llegó a su punto más grave el 10 de febrero de ese año, cuando se produjo un abuso sexual con acceso carnal en el mismo establecimiento municipal.
Según las actuaciones incorporadas al expediente, parte de las agresiones fueron registradas mediante teléfonos celulares. La víctima logró finalmente escapar del lugar y abandonar el predio, lo que permitió interrumpir el ataque. Después de realizar la denuncia penal, también se registraron manifestaciones intimidatorias por parte de los agresores, quienes habrían expresado intenciones de tomar represalias contra el joven. Estos elementos fueron considerados durante la investigación y el posterior juicio para reconstruir las circunstancias en las que se produjeron los hechos y establecer la participación de cada uno de los acusados.
En 2023, la Cámara Sexta del Crimen de Córdoba dictó las condenas contra los cuatro empleados municipales. Alejandro Pavese recibió una pena de cinco años y cuatro meses de prisión, mientras que Lucas López fue condenado a seis años y Daniel Pedano y Gonzalo Benjamín Cabrera recibieron penas de cinco años y seis meses cada uno. La sentencia encuadró los hechos como abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el daño ocasionado a la salud mental de la víctima. Las condenas fueron consecuencia de la valoración de las pruebas reunidas durante el proceso, entre ellas testimonios, documentación y pericias profesionales.
La defensa de Pavese intentó revertir la condena mediante distintas presentaciones judiciales. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó el recurso de casación presentado el año pasado, por lo que los abogados acudieron posteriormente a la Corte Suprema de la Nación. El máximo tribunal analizó la presentación y resolvió declararla inadmisible, con las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. La decisión dejó firme específicamente la condena de Pavese y no modificó las penas impuestas a los otros tres trabajadores, cuyos recorridos procesales deben distinguirse de la presentación que llegó a la instancia nacional.
Las consecuencias del caso también alcanzaron a la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que fue condenada a pagar una indemnización de $14 millones a favor de la víctima. El resarcimiento contempla el daño moral ocasionado y los gastos médicos pasados y futuros derivados de las agresiones. Durante el proceso, las pericias psicológicas determinaron que el joven sufrió un cuadro de estrés postraumático con secuelas persistentes que requirieron atención psicológica y psiquiátrica. Los informes profesionales señalaron que las consecuencias de los abusos afectaron su salud mental y tuvieron repercusiones que se extendieron más allá de los episodios ocurridos en el ámbito laboral.
La resolución de la Corte Suprema vuelve a poner en discusión la responsabilidad de los organismos públicos frente a situaciones de violencia y abuso dentro de sus propios espacios de trabajo. En este caso, las agresiones ocurrieron en una dependencia municipal y tuvieron como protagonistas a trabajadores que compartían un mismo ámbito laboral con la víctima. La condena penal contra Pavese quedó firme después de años de actuaciones judiciales, mientras que la obligación indemnizatoria impuesta al municipio establece también una consecuencia patrimonial por los daños sufridos. El fallo representa un nuevo capítulo judicial para la víctima, cuyo caso llegó hasta el máximo tribunal del país después de una extensa trayectoria de reclamos y recursos.
Fuente: La Nueva Mañana
