El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois presentó una iniciativa para establecer mayores garantías sobre las empresas, tierras y activos estratégicos del Estado. El proyecto exige una mayoría especial de dos tercios de ambas cámaras del Congreso para autorizar privatizaciones y prohíbe utilizar decretos o leyes ómnibus para avanzar sobre el patrimonio público. Además, propone que las tierras fiscales sin destino específico sean adjudicadas priorizando proyectos de utilidad social y no las ofertas económicas más elevadas.
El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois presentó un proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Pública con el objetivo de establecer una protección reforzada sobre los bienes estratégicos del Estado nacional. La iniciativa busca limitar las posibilidades de privatización de empresas públicas, tierras fiscales, participaciones accionarias y otros activos considerados fundamentales para el desarrollo económico y social del país. La presentación se produjo en medio del debate legislativo sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei, al que el dirigente de Patria Grande busca responder con una propuesta que coloca el patrimonio estatal en el centro de la discusión.
El proyecto establece que ningún bien, empresa, sociedad, participación accionaria o activo declarado estratégico podrá ser vendido, privatizado, transferido o concesionado si no existe previamente una ley especial aprobada con el respaldo de las dos terceras partes del total de los integrantes de cada cámara del Congreso. De esta manera, la iniciativa pretende establecer un requisito parlamentario más exigente para cualquier decisión que implique perder la titularidad, el control o la integridad de un activo estratégico nacional. La propuesta sostiene que los bienes pertenecientes al conjunto de la sociedad deben contar con garantías específicas y que su transferencia no puede depender exclusivamente de decisiones administrativas o de la voluntad del Poder Ejecutivo.
Uno de los aspectos centrales del texto es la prohibición expresa de utilizar Decretos de Necesidad y Urgencia, facultades legislativas delegadas o autorizaciones incluidas en leyes de Presupuesto y leyes ómnibus para avanzar con operaciones de privatización. El objetivo es que las decisiones sobre el patrimonio público tengan un tratamiento legislativo particular, con debate parlamentario y una mayoría suficiente para garantizar un consenso político amplio. En los fundamentos, Grabois plantea que si la Constitución establece requisitos especiales para afectar la propiedad privada al interés público, la enajenación de bienes pertenecientes a toda la sociedad tampoco debería quedar sometida a condiciones menos rigurosas.
La iniciativa también declara de interés público nacional la conservación, la gestión transparente y el aprovechamiento intergeneracional de las empresas, sociedades, participaciones y activos alcanzados por la norma. Este punto introduce una mirada sobre el patrimonio estatal que excede su valor económico inmediato y contempla su importancia para las generaciones futuras. Desde esa perspectiva, el proyecto sostiene que las empresas públicas y los activos estratégicos pueden cumplir funciones económicas, productivas, territoriales y sociales que deben ser consideradas antes de cualquier decisión de transferencia. La propuesta busca establecer mecanismos de protección que permitan evitar que esos recursos sean utilizados sin una evaluación integral de sus consecuencias para el país.
Otro de los capítulos centrales está relacionado con el destino de las tierras fiscales nacionales que actualmente se encuentran ociosas, subutilizadas o sin una finalidad específica asignada. Para esos casos, Grabois propone crear el denominado Concurso Social de Proyectos de Utilidad Pública, un mecanismo de adjudicación que priorizaría el impacto social de las iniciativas por encima de la oferta económica más elevada. La propuesta busca modificar el criterio tradicional de asignación de terrenos estatales, incorporando objetivos vinculados con el acceso a la vivienda, la producción de alimentos, el desarrollo comunitario y la satisfacción de necesidades básicas. De esta manera, el Estado podría evaluar qué proyecto genera mayores beneficios colectivos antes de resolver el destino de esos inmuebles.
Entre los objetivos contemplados para la utilización de esas tierras aparecen el acceso a la vivienda única familiar, el autoabastecimiento alimentario, el fortalecimiento de la economía comunitaria y la cobertura de necesidades básicas insatisfechas. El texto también establece que no podrán participar sociedades comerciales con fines de lucro cuyo objetivo sea la valorización inmobiliaria o la especulación con la tierra. La propuesta apunta a que las organizaciones comunitarias y los proyectos productivos puedan acceder a terrenos estatales cuando demuestren una utilidad social concreta. En ese sentido, el diputado plantea que el patrimonio público debe convertirse en una herramienta para ampliar derechos, generar oportunidades económicas y promover formas de desarrollo que contemplen las necesidades de la población.
En sus declaraciones, Grabois sostuvo que la iniciativa busca poner las propiedades que están en manos del Estado al servicio de quienes más lo necesitan. El dirigente también afirmó que la protección jurídica debe alcanzar tanto a los bienes individuales como a los recursos que pertenecen al conjunto de la sociedad. El proyecto lleva el expediente 5539-D-2026 y fue presentado el 14 de octubre de 2026. Cuenta con las firmas de legisladores de Unión por la Patria, entre ellos Eduardo Valdés, Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Fernanda Miño, Raúl Hadad, Jorge Neri Araujo Hernández, Agustín Rossi y Moira Lanesan Sancho. Su tratamiento fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Justicia de la Cámara de Diputados.
La presentación abre una nueva discusión parlamentaria sobre el alcance de la propiedad privada, la protección del patrimonio estatal y el futuro de las empresas públicas en Argentina. Mientras el Gobierno de Milei impulsa su propia iniciativa sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, Grabois propone incorporar garantías específicas para impedir que los activos estratégicos del Estado puedan ser transferidos sin un consenso legislativo agravado. Por el momento, se trata de un proyecto de ley y no de una normativa vigente, por lo que su eventual aplicación dependerá del debate y la aprobación en el Congreso. La controversia vuelve a colocar sobre la mesa una discusión de fondo acerca de quién debe decidir el destino de los recursos públicos y qué mecanismos democráticos deben intervenir cuando están en juego bienes que pertenecen al conjunto de la sociedad.
Fuente: Política Argentina
