La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó la reinstalación provisoria de César Gustavo Latorre, histórico delegado gremial del Hospital Italiano de Buenos Aires, luego de revocar una decisión de primera instancia. Los jueces consideraron que existen elementos para evaluar si el despido pudo constituir una conducta antisindical y discriminatoria. La resolución establece un plazo de cinco días para concretar la reincorporación.
La Justicia laboral ordenó reincorporar a César Gustavo Latorre, trabajador del Hospital Italiano de Buenos Aires y referente de la actividad sindical en la institución, tras considerar que existen indicios que justifican una protección judicial frente a un posible despido discriminatorio. La decisión fue adoptada por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que hizo lugar a una medida cautelar y revocó el pronunciamiento de primera instancia. El fallo representa un nuevo capítulo en el conflicto por la desvinculación del trabajador y la defensa de los derechos de representación gremial.
Latorre se desempeñaba en el hospital desde 2007 y fue delegado general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) entre 2012 y 2024. Según los antecedentes de la causa, fue despedido sin expresión de causa después de finalizar su período de tutela sindical. Su representación legal sostuvo que la desvinculación no fue una decisión laboral aislada, sino una represalia vinculada con su actividad gremial y con los reclamos que había impulsado en defensa de sus compañeros.
Uno de los aspectos destacados por la Cámara fue la modalidad en que se concretó el despido. Según la reconstrucción del caso difundida por InfoGremiales, los magistrados describieron el procedimiento como un “operativo notarial inusual, deliberadamente aleccionador”. También tuvieron en cuenta que el trabajador había intimado a la empleadora mediante un telegrama, sin obtener la respuesta que esperaba. Estos elementos fueron considerados relevantes para evaluar, en esta instancia cautelar, la posible existencia de una conducta discriminatoria.
La resolución judicial señaló que la situación denunciada podría quedar comprendida en las protecciones de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551 y de la Ley Antidiscriminatoria 23.592. En ese marco, los jueces remarcaron que en una medida cautelar no corresponde exigir al trabajador la prueba definitiva de la discriminación alegada. La decisión es provisoria y no resuelve de manera definitiva el fondo del litigio, pero busca evitar que la demora judicial torne irreparable el daño denunciado.
La Cámara ordenó que Latorre sea reinstalado en su puesto de trabajo y bajo las mismas condiciones laborales que tenía antes de la desvinculación, dentro de un plazo de cinco días. La resolución prevé la posibilidad de imponer sanciones económicas coercitivas si la institución incumple la orden. El fallo también dejó planteado que las modificaciones introducidas por la legislación laboral no habilitan decisiones que vulneren derechos protegidos por la Constitución Nacional y los convenios internacionales sobre libertad sindical.
La trayectoria gremial de Latorre fue otro de los elementos considerados en el expediente. Además de su desempeño como delegado, participó en reclamos vinculados con las condiciones de trabajo y fue testigo en distintos procesos judiciales contra la institución. Durante la pandemia de COVID-19, también intervino en planteos relacionados con la provisión de equipos de protección personal. Su representación legal sostuvo que la desvinculación buscó apartar a un dirigente que mantenía una participación activa en los conflictos laborales del establecimiento.
La decisión fue celebrada por la agrupación Bordó de Sanidad, que presentó la reincorporación como un avance de la lucha de los trabajadores del hospital. Desde ese espacio agradecieron el acompañamiento del Centro de Abogadas y Abogados por los Derechos Humanos (CADHU), que intervino en la estrategia judicial. El caso se suma a otros conflictos en los que organizaciones sindicales denuncian despidos vinculados con la participación en reclamos colectivos y advierten sobre el impacto de esas medidas en el ejercicio de la representación gremial.
El fallo vuelve a poner en discusión el alcance de la libertad sindical y la protección de los representantes de los trabajadores frente a posibles represalias patronales. Aunque la resolución no constituye una sentencia definitiva sobre la legalidad del despido, establece que existen elementos suficientes para disponer una reinstalación provisoria mientras continúa el proceso. La evolución del expediente y el cumplimiento efectivo de la orden judicial serán determinantes para conocer los próximos pasos del conflicto entre Latorre y el Hospital Italiano.
Fuente: InfoGremiales
