El ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, cuestionó la reducción del programa nacional Remediar y reclamó al Gobierno de Javier Milei que restituya la cobertura de medicamentos esenciales. Entre enero y septiembre de 2026, la provincia recibió un 47% menos de tratamientos que en el mismo período del año anterior. La Provincia advierte que la medida debilita la atención primaria y puede trasladar más demanda a los hospitales públicos.
El Gobierno de Córdoba volvió a cuestionar la reducción del Programa Nacional Remediar, una política destinada a facilitar el acceso gratuito a medicamentos esenciales en centros de atención primaria de todo el país. El ministro de Salud provincial, Ricardo Pieckenstainer, reclamó que se revise la decisión nacional y advirtió sobre sus consecuencias para las personas que dependen del sistema público para sostener sus tratamientos. Según informó CBA24N el 26 de octubre, el programa pasó de incluir 119 medicamentos esenciales en 2023 a ofrecer solamente seis en septiembre de 2026. La reducción modifica de manera significativa la capacidad de respuesta de los dispensarios y centros sanitarios que atienden a la población sin cobertura médica.
Pieckenstainer mantuvo una reunión con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para transmitirle la preocupación de Córdoba por el alcance de la medida. El funcionario provincial señaló que todavía no había recibido una respuesta formal sobre la continuidad del programa y su posible restitución. Durante una entrevista con el programa Ahora Noticias, de los Servicios de Radio y Televisión (SRT), recordó que los botiquines de Remediar permitían resolver necesidades frecuentes de la población en el primer nivel de atención. “El botiquín de medicamentos realmente podía suplir, atender y de alguna manera generar acceso a tratamiento, en tiempo y forma, a las personas más vulnerables y a quienes no tienen absolutamente nada”, sostuvo.
La reducción de los medicamentos disponibles deja fuera del esquema nacional numerosos tratamientos de uso habitual, entre ellos antibióticos, analgésicos, medicamentos para el asma y fármacos vinculados con la diabetes. El nuevo listado se concentra en medicamentos destinados a enfermedades cardiovasculares. Desde la Provincia cuestionan que esa selección no contemple la diversidad de consultas que se reciben diariamente en los centros de atención primaria, donde se atienden cuadros respiratorios, infecciones y otras afecciones que requieren respuestas oportunas. La preocupación radica en que los pacientes que antes podían recibir determinados medicamentos en un dispensario deban buscar alternativas o trasladarse a establecimientos de mayor complejidad para continuar su atención.
Los datos de distribución muestran que el problema no se limita a la cantidad de medicamentos incluidos en cada botiquín. Entre enero y septiembre de 2026, Córdoba recibió 4.215 botiquines y 675.490 tratamientos, lo que representa una caída del 47% respecto del mismo período de 2025, de acuerdo con las cifras difundidas por CBA24N. Una información publicada anteriormente por Página/12 indicó que la disminución alcanzó el 47,5%, equivalente a 610.291 tratamientos menos en la comparación interanual. Aunque las cifras presentan diferencias menores, ambas fuentes coinciden en señalar una reducción considerable de los insumos distribuidos en la provincia.
El impacto potencial alcanza a los 427 municipios y comunas cordobeses, cuyos centros de salud cumplen una función fundamental para las personas que viven lejos de los hospitales o no cuentan con obra social. Los funcionarios provinciales ya habían advertido que la restricción afecta a más de 800 centros de atención primaria. Si esos establecimientos dejan de disponer de medicamentos necesarios para resolver consultas frecuentes, parte de la demanda podría trasladarse a hospitales provinciales y municipales, que también deben responder a urgencias, internaciones y tratamientos de mayor complejidad. Esa derivación no solo implica mayores desplazamientos para los pacientes, sino que puede incrementar la presión sobre un sistema sanitario que atiende a una población cada vez más dependiente de la cobertura pública.
El gobernador Martín Llaryora también se pronunció contra la reducción y sostuvo que la Provincia continuará trabajando junto con los gobiernos locales para sostener las prestaciones sanitarias. “Detrás de cada medicamento que falta hay una persona que necesita su tratamiento”, expresó. El reclamo provincial apunta a que la Nación restituya la cobertura anterior o establezca una alternativa que garantice el acceso a los fármacos esenciales. La discusión plantea, además, una cuestión presupuestaria: si las provincias y los municipios deben hacerse cargo de los medicamentos que dejan de llegar por el programa nacional, necesitarán recursos para comprarlos y distribuirlos sin desfinanciar otras prestaciones.
Durante la reunión con Lugones, Pieckenstainer también planteó reclamos por deudas vinculadas con el financiamiento de la atención sanitaria. Según informó CBA24N, la deuda del PAMI con la Provincia supera los 4.500 millones de pesos, mientras que los municipios acumulan casi 11.000 millones de pesos pendientes relacionados con el Plan SUMAR. El ministro indicó que presentó documentación sobre esos asuntos y espera una respuesta formal en una próxima reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA). Estos reclamos se suman a la discusión por Remediar y reflejan la preocupación provincial por la distribución de responsabilidades y recursos entre los distintos niveles del Estado.
El conflicto pone en el centro del debate el alcance de la responsabilidad nacional en la garantía del acceso a los medicamentos. Para Córdoba, la reducción de Remediar representa un retroceso en la atención primaria porque limita la capacidad de resolver problemas de salud antes de que requieran intervenciones hospitalarias. La Nación, por su parte, concentró el esquema en medicamentos cardiovasculares, aunque la información publicada por CBA24N no incluye una respuesta formal de las autoridades nacionales al planteo del ministro provincial. Mientras se espera una definición, el desafío inmediato es evitar que las restricciones de suministro se traduzcan en interrupciones de tratamientos o en nuevas barreras para las personas que no pueden pagar sus medicamentos.
Fuente: CBA24N
