La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó frente a la residencia presidencial de Olivos para rechazar el plan de retiros voluntarios impulsado por el Gobierno de Javier Milei. El sindicato cuestiona que se utilice un préstamo de hasta 300 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar las desvinculaciones de empleados públicos. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, calificó el programa como un “negociado multimillonario” y llamó a los trabajadores a no adherirse.
La protesta se realizó el miércoles 21 de octubre frente a la Quinta Presidencial de Olivos, en rechazo al programa que busca reducir la cantidad de trabajadores de la Administración Pública Nacional. La convocatoria de ATE llevó como consigna “No se aguanta más” y apuntó tanto contra las desvinculaciones como contra el endeudamiento externo destinado a cubrir los costos del plan. Para el gremio, la medida forma parte de una política de ajuste que pone en riesgo la estabilidad laboral y la continuidad de distintos servicios estatales.
Rodolfo Aguiar fue uno de los principales voceros del reclamo y pidió a los empleados públicos que no se sumen al régimen. “No puede haber un solo estatal que se adhiera a este nefasto programa de retiros voluntarios”, afirmó el dirigente. También sostuvo que los trabajadores podrían perder derechos adquiridos y cuestionó el papel de las consultoras privadas vinculadas, según su denuncia, a los funcionarios Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Las acusaciones sobre un supuesto negocio multimillonario corresponden a la posición expresada por el sindicato.
Uno de los ejes centrales de la protesta fue el préstamo con el BID. Según la información difundida, el Decreto 1177/2026 habilitó una línea de financiamiento de hasta 800 millones de dólares, con un primer tramo de hasta 300 millones destinado a cubrir los costos de los retiros voluntarios. ATE cuestiona que el Estado tome deuda en moneda extranjera para financiar la salida de trabajadores que cobran sus salarios en pesos. Aguiar resumió la crítica con una frase: “Se endeudan en dólares para despedir en pesos”.
El gremio también advirtió sobre las condiciones financieras del crédito. La operación prevé desembolsos durante cuatro años y un plazo de devolución de 25 años, con los primeros cinco años y medio sin pagos de capital. La tasa de interés está vinculada a la referencia SOFR más un margen del BID, por lo que es variable. ATE sostiene que el mecanismo traslada costos al conjunto de la sociedad sin garantizar una mejora de los servicios públicos ni la creación de nuevas fuentes de trabajo. La legalidad del uso de esos fondos para financiar las desvinculaciones es, además, uno de los puntos cuestionados por la organización sindical.
El programa alcanza, según las cifras difundidas, a aproximadamente 21.187 trabajadores de la Administración Pública Nacional. Quienes adhieran no podrán volver a ingresar a la administración nacional durante ocho años y los cargos que queden vacantes no serán reemplazados. La normativa también establece restricciones para trabajadores con mandato sindical vigente o que sean candidatos a elecciones gremiales, quienes deben renunciar a esas funciones para incorporarse al régimen. Para ATE, estas condiciones ponen en cuestión el carácter verdaderamente voluntario de las desvinculaciones.
Durante la movilización, Aguiar también cuestionó la ausencia de funcionarios en las sedes oficiales y criticó los viajes internacionales del Presidente. “Nunca van a la Casa Rosada y tampoco lo encontramos en Olivos”, sostuvo, en referencia a la decisión de llevar la protesta hasta la residencia presidencial. El dirigente afirmó que el plan puede profundizar la tercerización de tareas estatales y denunció que detrás de la reducción de la planta pública existe el riesgo de transferir funciones a empresas privadas. Se trata de una de las principales objeciones sindicales a la estrategia de reorganización del Estado.
Además de rechazar los retiros voluntarios, ATE incorporó a la protesta una agenda más amplia de reclamos: pérdida del poder adquisitivo, salarios por debajo de la inflación, deterioro de los ingresos, pluriempleo, endeudamiento de los trabajadores, despidos, no renovación de contratos, reducción de puestos permanentes y cierre o vaciamiento de organismos públicos. El sindicato sostiene que estas medidas afectan tanto las condiciones laborales como la capacidad del Estado para sostener prestaciones esenciales. El conflicto anticipa nuevas tensiones entre el Gobierno y los gremios estatales por el empleo público y el alcance del ajuste.
Fuente: InfoGremiales
