El subsecretario de Políticas Universitarias del Gobierno de Javier Milei defendió la política presupuestaria oficial ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados y cuestionó a rectores, docentes y sindicatos. Aseguró que no hay carreras desfinanciadas y acusó a los gremios de organizar medidas de fuerza para extender los descansos. Las declaraciones reavivaron la disputa por el financiamiento de las universidades públicas, los salarios y el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso.
El conflicto universitario volvió a ocupar el centro de la discusión política tras la exposición de Alejandro Álvarez ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El funcionario defendió la gestión del Gobierno nacional y rechazó las denuncias de desfinanciamiento del sistema universitario. En ese marco, responsabilizó a las autoridades de las casas de estudio y a los sindicatos por las interrupciones de clases durante las jornadas de protesta.
“Los rectores y los sindicatos son los únicos que hasta ahora cierran las universidades”, sostuvo Álvarez, al comparar las medidas de fuerza con las decisiones del Poder Ejecutivo. El funcionario afirmó que el presidente Javier Milei no cerró universidades y atribuyó los cierres registrados durante los conflictos a las huelgas convocadas por las organizaciones gremiales. Sus declaraciones se produjeron en medio de los reclamos por la recomposición salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Durante su intervención, Álvarez también apuntó contra el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las autoridades de las universidades públicas. El funcionario calificó de “fantochada” el presupuesto reclamado por la entidad y contrapuso los 11 billones de pesos solicitados por el CIN con los 7,7 billones contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027. Según su interpretación, la diferencia responde principalmente a los reclamos de aumentos salariales impulsados por los sindicatos y las autoridades universitarias.
El subsecretario cuestionó además los salarios del personal docente y no docente, a los que consideró un “privilegio” por encontrarse, según afirmó, por encima del promedio de los trabajadores estatales nacionales. Sus declaraciones se producen en un escenario de reclamos gremiales por la pérdida del poder adquisitivo y por la insuficiencia de las ofertas salariales del Gobierno. En septiembre, los sindicatos universitarios rechazaron una propuesta de aumentos del 3% para ese mes y otro 3% para octubre, por considerarla insuficiente frente a la recomposición que reclaman.
Otro de los ejes de la exposición fue la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y cuya aplicación continúa en disputa judicial. Álvarez sostuvo que, desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, la norma incumple disposiciones de la Ley de Administración Financiera y de la Ley de Ejecución Presupuestaria. También afirmó que el Gobierno actúa dentro de la legalidad y mencionó que la Justicia había aceptado una apelación presentada por el Ejecutivo. De esta manera, ratificó la postura oficial frente a una ley que las universidades y los gremios exigen que se cumpla.
En contraposición con las denuncias del sector universitario, Álvarez aseguró que el Gobierno nacional no se atrasó en el depósito de salarios ni en las transferencias de fondos y programas especiales. También afirmó que, al asumir, encontró atrasos en la asignación de gastos de funcionamiento y una deuda superior a los 5.000 millones de pesos pendiente de asignación. El funcionario utilizó esos argumentos para defender la administración de los recursos y cuestionar las acusaciones de desfinanciamiento. Sin embargo, estas afirmaciones oficiales no resuelven por sí mismas la controversia sobre la actualización de las partidas y el cumplimiento integral de la ley.
La oposición, por su parte, reclamó explicaciones sobre la falta de aplicación de la normativa y sobre la situación presupuestaria de las casas de estudio. El conflicto también llegó a los tribunales: en octubre, un fallo de primera instancia ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto que había frenado su ejecución. El Gobierno apeló esa decisión, mientras las organizaciones universitarias mantuvieron las movilizaciones y las medidas de fuerza para exigir respuestas sobre salarios, becas y gastos de funcionamiento.
La discusión excede el intercambio entre el funcionario y los sindicatos: pone en juego el financiamiento de las universidades nacionales, la capacidad de sostener sus actividades académicas y científicas y los ingresos de quienes trabajan en ellas. Mientras el Gobierno defiende su asignación presupuestaria y cuestiona las medidas gremiales, las organizaciones del sector sostienen que los recursos y los salarios no alcanzan para compensar el deterioro acumulado. La evolución de las negociaciones y de la disputa judicial será determinante para conocer cómo se resolverá el conflicto.
Fuente: InfoGremiales
