El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, defendió el presupuesto educativo del Gobierno de Javier Milei y cuestionó los niveles de graduación de las universidades públicas. Durante el debate en Diputados, la legisladora Mariela Coletta le respondió con un dato de su trayectoria académica: según señaló, el funcionario tardó 15 años en completar la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad Católica Argentina (UCA). El cruce reavivó la discusión sobre el financiamiento universitario, las condiciones de estudio y la forma de medir el desempeño de los estudiantes.
El debate universitario llegó al Congreso
El debate por el financiamiento de las universidades públicas volvió a quedar en el centro de la discusión política durante el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió la orientación de la política educativa del Gobierno nacional y puso el foco en los resultados del sistema universitario, especialmente en los índices de graduación. Su exposición se produjo en medio de los reclamos de las instituciones educativas por mayores recursos para sostener su funcionamiento, los salarios docentes y las actividades académicas. La discusión dejó en evidencia las diferencias entre el diagnóstico del Poder Ejecutivo y las posiciones de quienes reclaman fortalecer el financiamiento de las universidades nacionales.
Las críticas de Torrendell a los tiempos de graduación
Durante su intervención, el funcionario cuestionó la proporción de estudiantes que logran finalizar sus carreras dentro de los plazos previstos. Según los datos que presentó, de cada diez alumnos que ingresan a una universidad estatal, menos de dos se reciben en tiempo y forma. También mencionó un costo fiscal estimado de 80 millones de pesos por graduado y sostuvo que el problema educativo no debe analizarse exclusivamente a partir de cuánto dinero se destina al sistema, sino también de los resultados que produce esa inversión. Con ese argumento, Torrendell defendió la necesidad de evaluar la eficiencia y la equidad del gasto público, una postura que generó cuestionamientos por la manera en que se interpreta la duración de las trayectorias universitarias
Coletta expuso la trayectoria académica del secretario
La respuesta llegó de parte de la diputada Mariela Coletta, quien cuestionó el planteo del funcionario y puso sobre la mesa su propio recorrido universitario. Durante el intercambio, recordó que Torrendell se había inscripto en Abogacía en 1988, carrera que posteriormente dejó, y que en 1990 comenzó los estudios de Ciencias de la Educación, que finalizó en 2005. De acuerdo con esa reconstrucción, transcurrieron 15 años entre el inicio de la segunda carrera y su egreso. La legisladora utilizó ese antecedente para cuestionar el criterio aplicado a los estudiantes que necesitan más tiempo del previsto para completar sus estudios.
«¿Eso está mal?»: el cuestionamiento a la mirada oficial
Coletta planteó que la duración de una carrera no puede utilizarse automáticamente como una medida de la voluntad, el compromiso o la capacidad de una persona. En su intervención, preguntó si el recorrido académico del propio secretario debía considerarse negativo por haber demandado más tiempo del establecido y recordó que los estudiantes atraviesan circunstancias personales, familiares y laborales que pueden modificar sus posibilidades de cursada. El planteo apuntó a una cuestión de fondo: si las estadísticas de graduación reflejan por sí solas el funcionamiento de las universidades o si también deben contemplarse las condiciones materiales en las que estudian quienes necesitan trabajar, sostener una familia o interrumpir temporalmente sus estudios.
Las becas y el financiamiento de la investigación científica
La diputada también cuestionó la política oficial en materia de ciencia y tecnología y recordó que Torrendell había realizado un posgrado en Chile con una beca vinculada al área científica. A partir de ese antecedente, defendió la importancia de que el Estado financie oportunidades de formación e investigación. Su argumento fue que las becas y los recursos públicos pueden resultar determinantes para que una persona amplíe sus conocimientos y desarrolle una carrera profesional. En ese sentido, utilizó la trayectoria del funcionario para plantear una contradicción entre el aprovechamiento de herramientas de financiamiento educativo y una política que, según su interpretación, restringe las posibilidades de acceso para nuevas generaciones de estudiantes e investigadores
El CONICET y las oportunidades para las nuevas generaciones
Durante el mismo intercambio, Coletta vinculó la discusión universitaria con la situación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). La legisladora cuestionó el desfinanciamiento que atribuye al Gobierno nacional y utilizó la imagen de una persona que sube una escalera y luego la retira para impedir que otros puedan ascender. Con esa comparación, sostuvo que quienes lograron formarse gracias a oportunidades educativas deberían reconocer la importancia de mantener esas herramientas disponibles para los demás. El planteo trasladó el debate desde los tiempos de graduación hacia una discusión más amplia sobre el papel del Estado en la educación superior, la investigación científica y la movilidad social.
El presupuesto universitario, otro foco de conflicto
La polémica se desarrolla en un escenario de fuertes diferencias sobre los fondos destinados a las universidades nacionales para 2027. De acuerdo con la información difundida durante el debate presupuestario, el proyecto oficial contempla transferencias por 7,7 billones de pesos, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama una asignación superior a los 11 billones. Las autoridades universitarias sostienen que los recursos son necesarios para garantizar el funcionamiento de las instituciones, sostener los salarios y preservar las actividades de enseñanza e investigación. El Gobierno, por su parte, defiende una orientación presupuestaria centrada en la eficiencia del gasto y la evaluación de resultados. La distancia entre ambas posiciones mantiene abierto el conflicto sobre cómo financiar el sistema universitario y qué criterios utilizar para evaluar su desempeño.
Los rectores también respondieron al Gobierno
Tras las declaraciones de Torrendell, el Consejo Interuniversitario Nacional cuestionó los señalamientos contra las autoridades de las universidades y afirmó que la controversia no debía reducirse a una disputa entre funcionarios y rectores. En su pronunciamiento, la entidad puso el acento en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamó que las instituciones puedan participar del debate presupuestario. Además, defendió la necesidad de analizar los indicadores educativos sin desconocer que los estudiantes pueden completar sus carreras en plazos diferentes. La respuesta del CIN amplió el alcance de la polémica: ya no se trata solamente de las declaraciones de un funcionario y la réplica de una legisladora, sino también de una discusión institucional sobre las obligaciones del Estado y las condiciones necesarias para sostener la educación pública.
Una discusión que excede los años que lleva recibirse
El cruce entre Torrendell y Coletta dejó planteado un interrogante central para el debate educativo: cómo medir el rendimiento de las universidades sin reducir las trayectorias estudiantiles a una cifra. Los indicadores de graduación permiten examinar dificultades del sistema, pero su interpretación requiere considerar factores como la situación económica de los alumnos, la necesidad de trabajar, las posibilidades de cursada y la disponibilidad de becas y apoyos. El antecedente académico atribuido al secretario fue utilizado por la diputada para cuestionar la aplicación de criterios estrictos sobre los tiempos de estudio, mientras que el Gobierno sostiene que es necesario evaluar los resultados del gasto público. En paralelo, el conflicto presupuestario continúa y mantiene en discusión el financiamiento, la investigación y las oportunidades de acceso a la educación superior en la Argentina.
Fuente: Primereando
