El Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde está prevista la visita del papa León XIV en noviembre, volvió a denunciar dificultades para sostener la atención de personas con discapacidad por demoras en los pagos y la falta de insumos. Según informó La Política Online, la institución reclama una deuda superior a los $825 millones por prestaciones e insumos, mientras que desde el área que conduce el ministro de Salud, Mario Lugones, sostienen que no recibieron la documentación necesaria para procesar el pago. La controversia vuelve a poner en discusión la respuesta del Estado nacional ante la crisis que atraviesan los prestadores del sistema de discapacidad.
Una institución que reclama fondos para sostener la atención
El Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown, es una institución residencial que brinda atención integral a cientos de personas con discapacidad. Su tarea incluye alojamiento, alimentación, acompañamiento cotidiano y distintas actividades terapéuticas y de formación. En los últimos meses, sus responsables advirtieron sobre las dificultades económicas que enfrentan para mantener esos servicios, en un contexto marcado por los retrasos en las transferencias estatales y el encarecimiento de los insumos. La nueva denuncia por una deuda superior a los $825 millones vuelve a exponer la fragilidad financiera de una institución cuya actividad requiere recursos permanentes para garantizar el cuidado de sus residentes.
El Gobierno y una disputa por la documentación de los pagos
El reclamo de la institución chocó con la respuesta del Ministerio de Salud, desde donde señalaron que no habían recibido la factura correspondiente para avanzar con el trámite de pago. Esa explicación introduce una diferencia concreta entre las partes: mientras el Cottolengo denuncia obligaciones pendientes que comprometen su funcionamiento, desde el Gobierno sostienen que falta documentación para procesar el desembolso. La cuestión central será determinar qué prestaciones fueron facturadas, cuáles fueron efectivamente reconocidas por la administración y qué documentación resta presentar o verificar. Hasta que esos puntos se aclaren, la controversia mantiene en primer plano las dificultades administrativas y financieras que afectan a los prestadores que dependen de recursos públicos para brindar atención a personas con discapacidad.
Medicamentos, pañales e insumos que siguen en el centro del reclamo
La deuda denunciada no es el único problema que enfrenta la institución. El Cottolengo también viene alertando sobre dificultades para recibir medicamentos, pañales, apósitos y otros elementos esenciales para el cuidado cotidiano de sus residentes a través del programa federal Incluir Salud. En septiembre, una investigación de Chequeado documentó que el establecimiento reclamaba por la falta de suministros y que, en determinados casos, debía recurrir a donaciones para cubrir necesidades básicas. La interrupción o demora en la entrega de estos productos puede generar una presión adicional sobre las finanzas institucionales, porque obliga a buscar alternativas para sostener tratamientos y cuidados que no pueden postergarse.
Más de 400 personas dependen de la continuidad de los servicios
La dimensión del problema se entiende al observar la población que vive en el establecimiento. El Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole alberga a más de 400 personas con discapacidad y constituye uno de los centros residenciales más importantes de la obra en la Argentina. La atención requiere equipos de trabajadores, personal de salud, alimentación, medicamentos, infraestructura y actividades destinadas a acompañar el desarrollo y la autonomía de los residentes. Por ese motivo, los atrasos financieros no representan únicamente un problema contable: pueden repercutir sobre la capacidad de la institución para organizar sus servicios y sostener sus prestaciones. Las autoridades del establecimiento y los organismos responsables deberán garantizar que las diferencias administrativas no terminen afectando la atención de quienes necesitan asistencia permanente.
La Iglesia ya había advertido sobre la crisis en discapacidad
La situación del Cottolengo forma parte de una preocupación más amplia de la Iglesia católica por las dificultades económicas que atraviesan las instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad. En abril de 2026, la Conferencia Episcopal Argentina remitió una comunicación al ministro Mario Lugones para advertir sobre la gravedad de los retrasos y la insuficiencia de los aportes estatales. La entidad señaló que esas dificultades amenazaban aspectos fundamentales de la atención, incluidos los alimentos, los medicamentos y el pago de salarios. Meses después, representantes de la Iglesia mantuvieron una reunión con autoridades del Ministerio de Salud y acordaron sostener una mesa de diálogo. Sin embargo, desde la propia Conferencia Episcopal advirtieron que los encuentros institucionales debían traducirse en respuestas concretas.
La Ley de Emergencia en Discapacidad y los pagos pendientes
El conflicto también se inscribe en la discusión sobre la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y las obligaciones financieras del Estado nacional con el sector. Organizaciones de prestadores y entidades vinculadas a la Iglesia sostienen que persisten compromisos pendientes, particularmente por las diferencias entre los valores históricos de las prestaciones y los costos que debieron afrontar las instituciones. El Gobierno, por su parte, mantiene diferencias sobre determinados conceptos reclamados y sobre la forma en que deben implementarse las actualizaciones. En ese escenario, el debate presupuestario adquiere especial importancia, porque las decisiones sobre aranceles, transferencias y mecanismos de compensación pueden incidir directamente en la continuidad de los servicios. La controversia por la deuda del Cottolengo vuelve a mostrar la necesidad de precisar qué montos están reconocidos, cuáles se encuentran en discusión y qué plazos existen para regularizar los pagos.
La visita del papa León XIV pone la situación bajo la mirada pública
El establecimiento se prepara, además, para recibir al papa León XIV durante su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. La agenda difundida contempla una visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, donde el pontífice podría encontrarse con residentes, trabajadores y responsables de la institución. La llegada del Papa se producirá en medio de los reclamos por el financiamiento de la atención y las prestaciones para personas con discapacidad. Por esa razón, la situación económica del centro adquiere una visibilidad que excede el ámbito institucional y vuelve a poner en discusión las condiciones en que funcionan los establecimientos de asistencia. La visita religiosa no resuelve por sí misma los compromisos financieros denunciados, pero sitúa la problemática en el centro de la atención pública.
Un problema que alcanza a otros prestadores del sistema
Las dificultades denunciadas por el Cottolengo no constituyen un caso aislado dentro del sistema de atención a personas con discapacidad. Otras instituciones y organizaciones prestadoras también han advertido sobre atrasos en los pagos, costos crecientes y dificultades para mantener sus servicios. La situación afecta a un entramado que incluye centros residenciales, espacios terapéuticos, profesionales y entidades que brindan apoyos esenciales a personas que requieren asistencia cotidiana. Cuando las transferencias no llegan a tiempo o los aranceles no acompañan los costos, las instituciones deben buscar recursos alternativos para sostener salarios, insumos y tratamientos. Por eso, los reclamos del sector no se limitan a exigir la cancelación de deudas puntuales: también apuntan a lograr previsibilidad financiera y reglas claras que permitan planificar la atención sin poner en riesgo su continuidad.
La deuda y la falta de insumos exigen una respuesta concreta
La controversia entre el Cottolengo Don Orione y el Gobierno nacional deja planteada una cuestión urgente: cómo garantizar la continuidad de los cuidados mientras se resuelven las diferencias administrativas y financieras. La institución denuncia una deuda superior a los $825 millones, mientras que desde el área de Salud sostienen que no recibieron la factura necesaria para tramitar el pago. La documentación, los registros de prestaciones y las respuestas oficiales serán determinantes para esclarecer el reclamo y establecer qué obligaciones permanecen pendientes. Al mismo tiempo, las dificultades para acceder a medicamentos e insumos requieren soluciones que no queden subordinadas a una disputa burocrática prolongada. En un centro donde cientos de personas dependen diariamente de la asistencia institucional, la discusión sobre los pagos tiene consecuencias concretas y obliga a poner en primer plano el derecho a la atención y la responsabilidad de los organismos involucrados.
Fuente: La Política Online
