El movimiento obrero de Malvinas Argentinas expresó su respaldo al dirigente de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a los seis trabajadores absueltos por la Justicia de San Nicolás. La organización consideró que el fallo constituye un reconocimiento al derecho de huelga y cuestionó las denuncias impulsadas por los propietarios de Distribuidora Rey y sus representantes legales.
Las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas de Malvinas Argentinas manifestaron su “enorme satisfacción y solidaridad” tras la absolución del dirigente sindical Maximiliano Cabaleyro y de otros seis trabajadores en una causa judicial vinculada con un conflicto laboral ocurrido en febrero de 2021. A través de un comunicado difundido el 14 de octubre, la organización destacó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás y sostuvo que la defensa de los derechos laborales no debe convertirse en motivo de persecución penal.
Bajo la consigna “La lucha sindical no se criminaliza”, la entidad interpretó la resolución judicial como un reconocimiento a la actividad gremial y al derecho de los trabajadores a organizarse y reclamar por sus condiciones laborales. Según el comunicado, el fallo demuestra la importancia de distinguir entre una protesta sindical y las conductas que pueden configurar delitos. La organización también advirtió sobre el riesgo de que las denuncias penales se utilicen para generar temor entre quienes participan de medidas de fuerza.
La causa se originó a partir de un conflicto registrado en febrero de 2021 frente a la empresa Distribuidora Rey, ubicada en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Cabaleyro, referente local del Sindicato de Camioneros, y otros seis imputados fueron juzgados por acusaciones vinculadas con extorsión y turbación de la posesión. La fiscalía había solicitado una pena de diez años de prisión para el dirigente, mientras que la querella de la familia propietaria de la empresa había reclamado una condena de hasta quince años.
El juez Alejandro López, titular del tribunal que intervino en el proceso, resolvió absolver a los siete acusados. Entre los fundamentos difundidos públicamente, consideró que las medidas examinadas se desarrollaron en el marco del ejercicio del derecho de huelga y que no se acreditó la responsabilidad penal de Cabaleyro en los hechos de extorsión atribuidos. La decisión también alcanzó a los otros seis trabajadores. La absolución constituye una resolución judicial concreta, aunque no supone que todas las controversias sobre los límites de las protestas sindicales hayan quedado saldadas.
Las 62 Organizaciones cuestionaron especialmente el accionar de sectores empresariales y de la abogada y dirigente política Florencia Arietto, representante de la parte querellante. En su comunicado, la entidad calificó las acusaciones como infundadas y sostuvo que ese tipo de iniciativas puede contribuir a deslegitimar la organización gremial. Esas expresiones corresponden a la postura política y sindical de la organización; la querella, por su parte, anunció que recurrirá el fallo.
El pronunciamiento también incorporó las declaraciones del secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, quien defendió la legitimidad de las medidas de fuerza vinculadas con reclamos laborales. El dirigente sostuvo que realizar una protesta sindical no equivale automáticamente a extorsionar ni a ejercer violencia, sino que debe analizarse dentro del contexto del conflicto y de los derechos involucrados. Sus declaraciones se sumaron a las expresiones de respaldo que surgieron desde distintos sectores del movimiento obrero tras conocerse la sentencia.
La organización gremial vinculó el caso con el debate nacional sobre las reformas laborales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. En ese marco, advirtió que los cambios en las relaciones de trabajo podrían debilitar las herramientas de representación colectiva y facilitar condiciones de mayor precariedad. Desde esa perspectiva, presentó la absolución como una señal relevante para el conjunto del movimiento obrero y llamó a sostener la unidad, la solidaridad y la defensa de los derechos laborales.
Sin embargo, el caso todavía puede tener nuevas instancias judiciales. Según informó InfoGremiales, tanto las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio como la representación legal de la empresa anunciaron que apelarán la decisión. Mientras se tramitan esas presentaciones, las 62 Organizaciones de Malvinas Argentinas reafirmaron su compromiso con la defensa del trabajo digno, la justicia social y la libertad sindical. El desenlace de la causa vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre el derecho de huelga, los reclamos gremiales y los límites de la intervención penal.
Fuente: InfoGremiales
