Julio Cordero defendió ante la Cámara de Diputados la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y reivindicó el monotributo y el trabajo autónomo como alternativas de inserción laboral. También aseguró que 950.000 personas se incorporaron al mundo del trabajo durante la gestión libertaria y planteó que los salarios deben superar la inflación sin trasladarse a los precios. Su exposición recibió cuestionamientos de legisladores opositores por la situación del empleo y la falta de respuestas concretas sobre distintos derechos laborales.
El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, defendió el Presupuesto 2027 durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en una jornada atravesada por el debate sobre la reforma laboral, la evolución del empleo registrado y las condiciones de contratación. Durante su exposición, el funcionario sostuvo que el mercado laboral debe reconocer distintas modalidades de trabajo y afirmó que “no todos quieren trabajar en relación de dependencia ni poner su tiempo bajo la dirección de un empleador”. La declaración sintetizó la posición del Gobierno de Javier Milei, que promueve el trabajo autónomo y el monotributo como alternativas al empleo asalariado tradicional.
Cordero argumentó que las transformaciones económicas y sociales requieren contemplar distintas formas de generar ingresos y cuestionó los mecanismos de asistencia que, según su interpretación, pueden desalentar la incorporación al empleo formal. En ese sentido, mencionó el funcionamiento del antiguo programa Potenciar Trabajo y sostuvo que algunas personas evitaban aceptar empleos para no perder el beneficio social. El funcionario aseguró que unas 950.000 personas que pertenecían a ese universo fueron incorporadas al mundo laboral durante la actual gestión, aunque aclaró que ese movimiento no necesariamente se refleja en las estadísticas de desocupación. Vinculó esa incorporación con el programa Volver al Trabajo, que contempla una suma fija para sus beneficiarios.
Uno de los ejes centrales de su presentación fue la defensa del monotributo como una herramienta de formalización. Cordero sostuvo que quienes trabajan por cuenta propia pueden registrarse y acceder a determinados componentes de la seguridad social y a cobertura de salud. Además, señaló que el Gobierno busca ampliar las posibilidades para que los trabajadores independientes desarrollen sus actividades sin quedar necesariamente encuadrados en una relación de dependencia. La postura oficial reaviva una discusión sobre las diferencias entre autonomía laboral y empleo asalariado, especialmente en materia de estabilidad, vacaciones, aguinaldo, aportes, protección frente al despido y derechos colectivos.
En materia salarial, el secretario afirmó que el objetivo gubernamental es que los ingresos de los trabajadores crezcan por encima de la inflación, pero sin que los aumentos se trasladen a los precios de bienes y servicios. Para alcanzar esa meta, propuso negociaciones paritarias que contemplen las particularidades de cada actividad, región y empresa. También defendió la posibilidad de establecer salarios dinámicos en compañías con capacidad económica para afrontarlos, sin imponer obligaciones que comprometan su continuidad. El planteo generó interrogantes sobre cómo compatibilizar la recuperación del poder adquisitivo con la situación financiera de las empresas y la evolución de los precios en una economía que todavía enfrenta dificultades en distintos sectores.
Cordero también respaldó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta vinculada con la reforma laboral que busca facilitar el financiamiento de las desvinculaciones. Según su explicación, el mecanismo permitiría afrontar indemnizaciones incluso en empresas que atraviesen dificultades económicas. Sin embargo, el esquema también generó cuestionamientos durante el debate parlamentario por su impacto potencial sobre los recursos destinados a la seguridad social. La discusión involucra no solamente la forma en que se financian las indemnizaciones, sino también las consecuencias que los cambios normativos pueden tener sobre las cuentas públicas, las obligaciones empresariales y las garantías de los trabajadores ante una pérdida del empleo.
La exposición del funcionario recibió críticas de legisladores opositores, que cuestionaron sus respuestas sobre la evolución del empleo y reclamaron precisiones acerca de las políticas impulsadas por el Ejecutivo. Uno de los puntos de discusión fue la afirmación de que 950.000 personas se incorporaron al mundo del trabajo, ya que la cifra presentada por Cordero corresponde a personas vinculadas con programas sociales y no equivale automáticamente a la creación de esa misma cantidad de puestos asalariados registrados. La distinción resulta importante para evaluar el mercado laboral: la incorporación a una actividad o a una modalidad de generación de ingresos no implica necesariamente acceder a un empleo estable, con salario mensual y todos los derechos asociados a una relación de dependencia.
Durante el encuentro también se plantearon cuestiones relacionadas con las licencias parentales, la protección social de los monotributistas y las condiciones de quienes trabajan para plataformas digitales. La diputada de Unión por la Patria Marina Salzmann consultó sobre la ampliación de las licencias y la posibilidad de establecer una asignación para trabajadores independientes. Según la cobertura periodística, Cordero respondió que el Gobierno no prevé elevar por ley determinados pisos de protección y sostuvo que esas cuestiones deberían resolverse entre privados. También se discutió la obligación de las plataformas de garantizar seguros contra accidentes para repartidores, así como las consecuencias judiciales que podrían surgir si se demuestra que un algoritmo organiza efectivamente el trabajo.
El debate sobre el Presupuesto 2027 dejó en evidencia las diferencias entre el enfoque del Gobierno, que promueve modalidades autónomas y nuevas formas de contratación, y los cuestionamientos opositores sobre la calidad del empleo, los derechos laborales y la evolución del trabajo registrado. La afirmación de Cordero de que “no todos quieren trabajar en relación de dependencia” se convirtió en el eje de su presentación, mientras el oficialismo defendió la continuidad de la reforma laboral y el equilibrio fiscal. La discusión continuará en el Congreso, donde el análisis del proyecto presupuestario y de sus efectos sobre el mercado de trabajo será central para evaluar las perspectivas de trabajadores, empresas y sectores productivos durante el próximo año.
Fuente: Política Argentina
