En una nueva escalada de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, Londres anunció medidas para proteger a empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos y solicitó a Interpol que rechace pedidos de detención relacionados con el proyecto Sea Lion. La respuesta británica llegó después de que la Argentina recurriera al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar la actividad petrolera en la Cuenca Malvinas Norte.
El Gobierno del Reino Unido anunció el martes 13 de octubre de 2026 que avanzará con medidas destinadas a proteger a empresas y particulares británicos frente a las acciones legales y administrativas que pueda impulsar la Argentina por actividades económicas vinculadas con las Islas Malvinas. La decisión se conoció en medio de un nuevo cruce diplomático por la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur. Londres sostiene que las compañías que desarrollan actividades que considera legales en las islas deben poder continuar sus operaciones sin verse obligadas a cumplir medidas argentinas que afecten sus intereses comerciales.
El anuncio oficial contempla recurrir a la legislación británica conocida como Protection of Trading Interests (Protección de los Intereses Comerciales). Ese marco legal permite al Reino Unido adoptar disposiciones para impedir que personas o compañías bajo su jurisdicción acaten determinadas medidas extranjeras de alcance extraterritorial. Según informó el Gobierno británico, las nuevas disposiciones buscarán proteger a las empresas frente a medidas argentinas relacionadas con la actividad económica en Malvinas. Londres indicó que pretende presentar la normativa complementaria antes de que termine 2026. Por lo tanto, se trata de medidas anunciadas que aún deben avanzar hacia su implementación.
En paralelo, el Reino Unido solicitó a Interpol que rechace las peticiones argentinas orientadas a detener a personas vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion. Según informó el diario británico The Guardian, funcionarios de Londres enviaron una comunicación a la sede de la organización internacional en Lyon para pedir garantías frente a eventuales notificaciones rojas. El Gobierno británico sostiene que esas solicitudes tendrían motivaciones políticas. Esa caracterización corresponde a la posición de Londres y no constituye, por sí misma, una resolución de Interpol sobre la validez de eventuales pedidos argentinos.
Las notificaciones rojas de Interpol son solicitudes destinadas a localizar a una persona y, cuando corresponda conforme a la legislación de cada país, solicitar su detención provisional con fines de extradición. No equivalen automáticamente a una orden internacional de arresto ejecutable en todos los Estados. La organización debe evaluar las solicitudes de acuerdo con su normativa, que prohíbe las intervenciones de carácter político. En este caso, el pedido británico busca que no prosperen las medidas relacionadas con empresarios y personas que participan del desarrollo petrolero en las islas. La decisión final sobre cualquier solicitud concreta dependerá de los procedimientos aplicables y de las autoridades competentes.
El conflicto tiene como eje el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y desarrollado por la compañía israelí Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration. Las empresas proyectan avanzar con la explotación de hidrocarburos en aguas próximas al archipiélago, con una expectativa de inicio de producción en 2028. Para la Argentina, estas actividades se desarrollan en un área marítima cuya soberanía y jurisdicción reclama el país; para el Reino Unido y las autoridades isleñas, las decisiones sobre el desarrollo económico corresponden a su administración y a las compañías involucradas. Las posiciones contrapuestas mantienen abierto el conflicto sobre el control y la explotación de los recursos naturales de la zona.
Ese mismo martes, el Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos que atribuye a una autorización unilateral británica en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte. Buenos Aires argumenta que busca preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental y evitar el desarrollo de actividades que considera ilegales. La presentación se produjo tras el vencimiento del plazo de dos semanas que el Gobierno argentino había dado a Londres para adoptar medidas destinadas a frenar el proyecto. La presentación judicial constituye un nuevo paso de la estrategia diplomática y jurídica argentina, pero no implica que el tribunal haya ordenado detener las operaciones.
La disputa también se relaciona con la decisión del Gobierno de Javier Milei de impulsar medidas legales más severas contra empresas y personas que participen en actividades de exploración o explotación de recursos naturales en áreas que la Argentina considera bajo su jurisdicción sin autorización nacional. El proyecto de modificación normativa presentado por el Ejecutivo busca reforzar las sanciones previstas en la legislación vigente desde 2011. La iniciativa todavía requiere el tratamiento correspondiente en el Congreso. Londres, por su parte, cuestiona la aplicación de disposiciones argentinas sobre actividades que considera legítimas en las islas y anticipa mecanismos para evitar que esas normas afecten a compañías británicas.
La nueva escalada expone cómo la disputa por Malvinas combina la reivindicación de soberanía, el derecho internacional del mar, las medidas judiciales y los intereses económicos asociados a los hidrocarburos. Mientras la Argentina intenta frenar el desarrollo de Sea Lion mediante mecanismos legales internacionales y legislación nacional, el Reino Unido busca garantizar la continuidad de las actividades que respalda y limitar los efectos de las medidas argentinas sobre sus empresas. El proceso ante el tribunal internacional y las decisiones de Interpol serán instancias relevantes para conocer los próximos pasos, aunque ninguna de ellas supone, por ahora, una resolución definitiva sobre la soberanía de las islas ni sobre el futuro del proyecto petrolero.
Fuente: El Destape; Gobierno del Reino Unido; Reuters; The Guardian; Agencia Noticias Argentinas.
