Entre enero y septiembre de 2026, los fondos no automáticos enviados por el Gobierno nacional a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cayeron un 60,1% real interanual. Los envíos sumaron $966.463 millones y marcaron el peor registro para ese período desde, al menos, 2005, según datos de la consultora Politikón.
La política de ajuste fiscal del Gobierno de Javier Milei continúa teniendo impacto en las cuentas de las provincias. Durante los primeros nueve meses de 2026, las transferencias no automáticas de la Nación a los gobiernos provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron una caída del 60,1% en términos reales frente al mismo período de 2025. De acuerdo con datos de la consultora Politikón, los fondos efectivamente pagados totalizaron $966.463 millones, un resultado que evidencia la fuerte reducción de una fuente de financiamiento utilizada para sostener programas, obras y gastos de las administraciones subnacionales.
La caída adquiere relevancia porque las transferencias no automáticas son recursos que dependen de asignaciones presupuestarias, programas específicos y decisiones de distribución del Poder Ejecutivo nacional. A diferencia de la coparticipación federal, que se distribuye mediante mecanismos establecidos por ley, estos fondos no tienen un reparto general automático entre todos los distritos. Por eso, su evolución puede afectar de manera desigual a las provincias, según los programas vigentes, los convenios firmados y los pagos que efectivamente realiza la administración central.
El panorama de septiembre mostró una reducción interanual del 27% real en estas transferencias. Durante ese mes se pagaron $159.975 millones al conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Aunque el monto representó una mejora respecto de agosto, con un incremento mensual real del 130%, no alcanzó para revertir la contracción acumulada desde enero. La comparación interanual permite observar que la recuperación mensual de los envíos no necesariamente implica una recomposición sostenida de los recursos disponibles para los gobiernos provinciales.
La distribución de los fondos también presentó diferencias entre jurisdicciones. En el acumulado de enero a septiembre, la provincia de Buenos Aires concentró el 20,1% de los recursos no automáticos distribuidos, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 10%; Entre Ríos, con el 7,3%; y Córdoba y Santa Fe, con el 6,2% cada una. En el extremo inferior se ubicaron Río Negro, con el 0,6%; Tierra del Fuego, con el 0,5%; y La Rioja, con el 0,3%. Estas proporciones corresponden a la participación de cada distrito en los fondos repartidos, no a la variación porcentual de sus transferencias.
Entre los principales conceptos que explicaron los desembolsos estuvieron los recursos destinados a la universalización de la jornada extendida, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y las transferencias a las cajas previsionales provinciales. En los primeros nueve meses del año, la jornada extendida concentró $260.155 millones, equivalentes al 26,9% del total. Los ATN sumaron $184.000 millones, mientras que los fondos para cajas previsionales alcanzaron $161.167 millones. La importancia de estas partidas radica en que están vinculadas con políticas educativas, asistencia financiera ante necesidades extraordinarias y compromisos previsionales de determinadas jurisdicciones.
En el caso de Córdoba, los datos muestran que la provincia recibió el 6,2% de las transferencias no automáticas distribuidas entre enero y septiembre. Además, la situación de su Caja de Jubilaciones constituye un punto relevante en la relación financiera con la Nación: la Provincia sostiene un sistema previsional propio y reclama recursos nacionales vinculados con su financiamiento. Los retrasos o la falta de pagos en partidas previsionales pueden sumar presión sobre las cuentas provinciales, en un escenario en el que también inciden la recaudación tributaria, la evolución de la actividad económica y los gastos de funcionamiento del Estado.
Los Aportes del Tesoro Nacional presentan, a su vez, una dinámica particular. Durante los primeros nueve meses de 2026 se distribuyeron $184.000 millones por ese concepto, mientras que el fondo recaudó un monto considerablemente superior. La diferencia entre lo recaudado y lo efectivamente distribuido volvió a poner en discusión los criterios de asignación de estos recursos, que pueden utilizarse para atender situaciones financieras extraordinarias de las provincias. En septiembre, los ATN representaron una parte importante de los pagos nacionales, aunque los desembolsos se concentraron en un grupo limitado de jurisdicciones.
La reducción de las transferencias no automáticas se suma a las dificultades que enfrentan las administraciones provinciales para sostener sus presupuestos en un contexto de restricciones fiscales y recaudación condicionada por el nivel de actividad económica. El impacto concreto varía según la estructura de ingresos, las obligaciones de cada distrito y los fondos que recibe por otras vías, especialmente la coparticipación. Por eso, la caída del 60,1% no debe confundirse con una disminución equivalente de todos los recursos provinciales, pero sí representa una contracción significativa en uno de los canales de financiamiento nacional. El debate sobre el reparto de fondos, el cumplimiento de los compromisos y la autonomía financiera de las provincias seguirá ocupando un lugar central en la discusión presupuestaria de 2027.
Con ayuda de La Nueva Mañana
