El Gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la compañía que presta servicios de agua potable y cloacas a unos 14 millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires. El consorcio encabezado por Rowing, junto con Transclor, Arcos y PHX, presentó la oferta más alta, por US$340,2 millones. La operación incluye compromisos de inversión a largo plazo y reabre el debate sobre el control privado de un servicio esencial.
El proceso de privatización de AySA dio un paso decisivo el jueves 8 de octubre, cuando se conocieron las ofertas económicas para adquirir el 90% de las acciones que pertenecen al Estado nacional. El consorcio integrado por Rowing, Transclor, Arcos Saneamento e Participações y PHX Aqua AR B.V. presentó una propuesta de US$340,2 millones y superó al grupo encabezado por Roggio, que ofreció US$285 millones. La adjudicación deberá completar las instancias administrativas previstas en el procedimiento. De esta manera, el Gobierno avanza con la reprivatización de una empresa estratégica para el abastecimiento de agua y el saneamiento del área metropolitana.
La operación representa uno de los movimientos más relevantes del programa de privatizaciones impulsado por la administración de Javier Milei. AySA presta servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, con una cobertura aproximada de 14 millones de personas. El consorcio ganador asumirá el control del 90% de las acciones, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. El contrato de concesión tendrá un plazo inicial de 30 años, con posibilidad de prórroga por otros diez, según la información publicada sobre el proceso.
Entre los integrantes del consorcio se encuentra Mauricio Filiberti, propietario de Transclor, empresa dedicada a la producción de insumos químicos utilizados en el tratamiento del agua. El grupo también incluye a Rowing, compañía de ingeniería y servicios industriales fundada por Walter Román; a la brasileña Arcos Saneamento e Participações, vinculada al Grupo Equipav, y al vehículo de inversión PHX Aqua AR B.V., radicado en Países Bajos. Arcos fue designada como operador técnico, con experiencia en la prestación de servicios de agua y saneamiento en Brasil. La composición del consorcio combina capitales nacionales, participación extranjera y experiencia en actividades vinculadas con la infraestructura.
Uno de los puntos que generó atención es la relación empresarial de Filiberti con el sector que deberá operar. Transclor es proveedora de insumos químicos para AySA y el empresario también participa en Edenor, distribuidora eléctrica del norte del Área Metropolitana de Buenos Aires. AySA, por las características de su actividad, necesita un suministro eléctrico significativo para el funcionamiento de sus instalaciones. Esta vinculación plantea interrogantes sobre los mecanismos de control, la transparencia de las relaciones comerciales y las garantías necesarias para evitar conflictos de intereses. La existencia de estos vínculos no demuestra por sí misma una irregularidad, pero vuelve especialmente relevante la supervisión de las condiciones bajo las cuales se prestará el servicio.
El monto ofertado quedó por debajo de las expectativas iniciales del Gobierno. El Ministerio de Economía había estimado recaudar alrededor de US$450 millones, mientras que la propuesta ganadora fue de US$340,2 millones por el 90% de las acciones. El segundo oferente presentó una oferta de US$285 millones. El Gobierno defendió la privatización al señalar que la empresa recibió transferencias del Tesoro nacional por más de US$13.400 millones entre 2006 y 2023 y que persisten déficits de cobertura, pérdidas de agua y dificultades operativas. Esos datos forman parte de la argumentación oficial a favor de cambiar el esquema de gestión; su evaluación también requiere considerar las inversiones realizadas, las necesidades de infraestructura y las obligaciones que asumirá el nuevo operador.
El contrato establece compromisos económicos importantes para el futuro de la compañía. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno y el consorcio ganador, el operador deberá invertir aproximadamente US$1.940 millones durante los primeros cinco años y US$15.040 millones a lo largo de los 30 años iniciales de concesión. Además, el plan de acción previsto para el período 2027-2031 asciende a $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. Ese programa contempla obras, mantenimiento, mejoras y gastos operativos. La efectividad de estos compromisos dependerá de su cumplimiento, de los controles públicos y de que las inversiones se traduzcan en mejoras verificables en la calidad y extensión del servicio.
La cobertura de agua potable y cloacas constituye uno de los principales desafíos de AySA. Según las metas informadas para el contrato, para 2031 se proyecta alcanzar una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas; al finalizar el período inicial de concesión, los objetivos mínimos serían del 90% y el 75%, respectivamente. Estos indicadores serán centrales para evaluar el desempeño del concesionario, especialmente en barrios y localidades donde todavía existen carencias de infraestructura. También será importante observar cómo evoluciona el esquema tarifario y qué herramientas de protección tendrán los usuarios frente a eventuales aumentos, interrupciones del servicio o incumplimientos contractuales.
AySA fue creada en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, luego de la rescisión del contrato con Aguas Argentinas, empresa controlada por el grupo francés Suez. La nueva privatización revierte aquel proceso de recuperación estatal y vuelve a colocar la operación del sistema en manos privadas. La discusión excede el precio de venta: involucra el carácter estratégico del agua, la capacidad de inversión, la universalización del acceso y la responsabilidad del Estado de garantizar un servicio esencial. Con la operación en marcha, el desafío será determinar si las obligaciones asumidas se cumplen y si el nuevo esquema logra ampliar la cobertura sin trasladar costos desproporcionados a los usuarios.
Fuente: Motor Económico
