El juez federal Sebastián Casanello procesó a Sergio Aguirre, exsocio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto con dos exinterventores de OSPRERA y la titular de una empresa contratada por la obra social. La investigación apunta a una contratación directa de Htech Innovation y a un presunto desvío de $247,8 millones.
La Justicia federal procesó a cuatro personas en una causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de servicios por parte de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). La resolución fue dictada por el juez federal Sebastián Casanello y alcanzó a los exinterventores Virginia Montero y Marcelo Petroni, al empresario Sergio Aguirre y a María Casandra Mirabelli, titular de la empresa Htech Innovation. La investigación judicial sostiene que la operación habría generado un perjuicio de $247.836.858,63 para la entidad.
Entre los procesados se encuentra Sergio Aguirre, quien fue socio comercial de Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados. Ambos fundaron en 2018 la empresa TR Nutrition SRL, dedicada a la importación y comercialización de suplementos dietarios. El vínculo empresarial entre ambos es uno de los elementos que aparece mencionado en las publicaciones sobre el expediente, aunque el procesamiento de Aguirre está relacionado específicamente con su presunta participación en la contratación investigada dentro de OSPRERA.
El expediente se concentra en la contratación directa de Htech Innovation, una sociedad constituida en abril de 2024, pocos meses después del inicio del gobierno de Javier Milei. Según la investigación, la firma habría sido contratada para brindar servicios vinculados con consultoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software. Los investigadores cuestionaron sus antecedentes y capacidad operativa al momento de recibir el contrato y analizaron el procedimiento mediante el cual la empresa comenzó a prestar servicios para la obra social.
La resolución judicial atribuyó a Virginia Montero y Marcelo Petroni la condición de autores de los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. En el caso de Aguirre y Mirabelli, ambos fueron procesados como partícipes necesarios. De acuerdo con la investigación citada por Filo.news, el fiscal Guillermo Marijuan sostuvo que los exinterventores habrían sido designados por recomendación de Aguirre y que este habría ejercido influencia sobre ellos para favorecer la contratación de la empresa. Se trata de hipótesis y conclusiones atribuidas al expediente judicial, que deberán continuar siendo analizadas durante el proceso.
Uno de los puntos centrales de la causa es el dinero que Htech Innovation habría recibido de OSPRERA. Según la resolución difundida por Filo.news y otros medios, la empresa obtuvo ganancias consideradas ilícitas por la investigación por un total de $247.836.858,63. Los pagos se realizaron mediante cheques y el expediente identificó operaciones entre el 12 de noviembre de 2024 y el 11 de julio de 2025. La investigación busca establecer las responsabilidades individuales y las circunstancias en las que se concretaron esas operaciones.
La Justicia también dispuso embargos sobre los bienes de los cuatro procesados por un monto individual de $1.463.896.868. La medida apunta a garantizar eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso. En el expediente también fueron analizados movimientos bancarios y adquisiciones realizadas durante el período investigado. Según la información publicada por LA NACION, los investigadores detectaron, entre otros movimientos, la compra de vehículos de alta gama vinculados con integrantes de la empresa beneficiada.
La causa ya había tenido movimientos judiciales antes de los procesamientos. A comienzos de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña había dejado sin efecto parte de las medidas realizadas durante la investigación, entre ellas un allanamiento al domicilio de Montero, el secuestro de su teléfono y las pruebas obtenidas de ese dispositivo. También había revocado los embargos que pesaban entonces sobre los imputados. Sin embargo, esa decisión no implicó el cierre de la investigación, que continuó bajo la conducción de Casanello y con la intervención del fiscal Guillermo Marijuan.
Con los nuevos procesamientos, el expediente avanza sobre las responsabilidades de quienes intervinieron en la contratación y en la administración de los fondos de OSPRERA. La investigación deberá determinar en las próximas etapas si las conductas atribuidas a los acusados pueden sostenerse con las pruebas reunidas y cómo continúa el proceso judicial. Por ahora, la resolución de Casanello establece los procesamientos y embargos, mientras la causa permanece abierta y puede ser objeto de nuevas decisiones y eventuales revisiones por parte de instancias superiores.
Fuente: Filo.news
