APPAMIA anunció una medida de fuerza nacional entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre. Los profesionales denuncian una reducción de ingresos, sobrecarga laboral, caída de las cápitas y falta de diálogo con las autoridades del organismo. Advierten que el deterioro de las condiciones de trabajo ya repercute en la atención de los afiliados.
La crisis alrededor del PAMI suma un nuevo frente de conflicto. La Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) anunció una medida de fuerza de 72 horas para los últimos días de esta semana, en reclamo por lo que sus representantes describen como incumplimientos, pérdida de ingresos y falta de respuestas por parte de las autoridades nacionales. La protesta tendrá alcance nacional y podría afectar la atención programada de miles de afiliados.
Según explicó José Avilés, delegado de APPAMIA en Villa Carlos Paz, el conflicto se profundizó el 9 de abril, cuando —según su denuncia— el PAMI decidió reducir a la mitad los ingresos de los médicos de cabecera. El dirigente sostuvo que la medida provocó renuncias de profesionales y terminó trasladando las cápitas de quienes se fueron hacia los médicos que permanecieron en el sistema, generando una mayor carga de pacientes.
El reclamo incluye además denuncias sobre reducciones de cápitas que, según Avilés, habrían alcanzado a médicos que participaron de la organización de los reclamos. El propio delegado afirmó que su cápita pasó de 600 a 100 pacientes, algo que atribuyó a un supuesto “castigo” por su participación pública en la defensa de los profesionales. Se trata de una acusación formulada por el dirigente gremial que no aparece acompañada en la nota por una respuesta de las autoridades del PAMI.
El problema, plantean los médicos, no queda encerrado en sus ingresos. La reducción de profesionales y el aumento de pacientes por médico también estaría provocando mayores demoras para conseguir turnos. Avilés señaló que, mientras anteriormente algunos turnos podían resolverse en una o dos semanas, actualmente determinados profesionales necesitan dos o tres semanas para atender la totalidad de la demanda que tienen asignada.
La tensión también alcanzaría a odontólogos, clínicas, especialistas y establecimientos de larga estadía. Desde APPAMIA aseguran que los valores de las prestaciones no permiten afrontar con normalidad gastos como alquileres, materiales y salarios. El planteo apunta así a un deterioro más amplio de la estructura prestacional que sostiene la atención de los jubilados y pensionados.
Uno de los puntos centrales del reclamo es el valor de la cápita. Según Avilés, pasó de $2.100 en abril a $2.700, aunque había existido una promesa de llevarla a $3.200 que, de acuerdo con su denuncia, tampoco se concretó. El dirigente aseguró además que los profesionales solicitaron reuniones y realizaron presentaciones ante la Secretaría de Trabajo por la falta de paritarias, sin obtener respuestas.
La modalidad anunciada para la protesta contempla reprogramación de turnos, confección básica de recetas y atención de dos pacientes de demanda espontánea cuya situación lo amerite. También se indicó que durante la medida no se realizarán OMEs y que determinados pacientes serán derivados al servicio de PAMI Emergencias mediante Código Verde de Telemedicina. La organización aclaró que la medida podría quedar suspendida si finalmente se concreta una reunión con las autoridades y aparecen respuestas satisfactorias.
El conflicto vuelve a colocar al PAMI en el centro de una discusión política que excede el reclamo salarial. Cuando se deterioran las condiciones de quienes prestan el servicio, la discusión termina inevitablemente en la calidad y disponibilidad de la atención que reciben los jubilados. APPAMIA sostiene que no encontró un canal de diálogo efectivo y responsabiliza al Gobierno nacional por la falta de respuestas. Ahora, la pelota queda del lado de las autoridades: deberán decidir si abren una instancia de negociación o dejan que el conflicto avance hacia una protesta nacional de 72 horas.
Fuente: La Nueva Mañana
