El Gobierno de Lula mantiene una subvención de R$ 2,12 por litro de diésel, amplió las fiscalizaciones y elevó las multas para empresas que aumenten precios sin justificación. La medida se produce en medio de la fuerte suba internacional del petróleo.
El Gobierno de Brasil anunció nuevas medidas para intentar contener el impacto del aumento internacional del petróleo sobre los precios de los combustibles. Las autoridades resolvieron mantener la subvención de R$ 2,12 por litro de diésel, intensificar los controles sobre estaciones de servicio y distribuidoras y endurecer las sanciones frente a prácticas consideradas abusivas. Las medidas fueron anunciadas el 28 de septiembre en medio de la continuidad del conflicto en Medio Oriente y de un precio internacional del barril que permanece por encima de los 100 dólares.
Una de las principales decisiones fue mantener la subvención al diésel establecida por el Gobierno federal. El Ministerio de Hacienda extendió el beneficio mediante la Portaria Nº 2.946/2026, que fija una compensación de R$ 2,12 por litro. Según el Gobierno, el objetivo es reducir el impacto de la volatilidad internacional del petróleo sobre el mercado brasileño y evitar que toda la presión externa se traslade a los consumidores.
En paralelo, las autoridades pusieron en marcha la denominada Operación Carga Pesada, que reúne a la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon), la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) y los Procons de los distintos estados. Entre el 21 y el 25 de septiembre se realizaron 241 acciones de fiscalización: 87 estuvieron a cargo de la ANP, 86 de los Procons, 12 de la Senacon y otras 56 fueron realizadas de manera conjunta entre los organismos.
La operación se inició después de que la ANP recibiera alrededor de 330 denuncias por posibles aumentos injustificados en los precios de los combustibles. La Senacon abrió además 70 procesos administrativos sancionadores contra estaciones de servicio y distribuidoras a partir de actas de fiscalización remitidas por la agencia reguladora. Los procedimientos buscan determinar si hubo incrementos injustificados de los márgenes de comercialización.
El foco de las investigaciones no está solamente puesto en el precio final que aparece en los surtidores, sino en la evolución de las ganancias y márgenes de las empresas. Según los datos difundidos por los organismos brasileños, el precio promedio nacional del diésel S10 alcanzó los R$ 7,13 por litro el 19 de septiembre, con un aumento del 2,3% en una semana. En el mismo período, la gasolina común registró una suba promedio del 0,2%, mientras que el etanol aumentó un 3,3%.
La ANP también informó que determinó multas que, en conjunto, superan los R$ 700 millones contra distribuidoras por incrementos considerados abusivos en procesos administrativos de primera instancia. En algunos de los casos analizados, las resoluciones señalaron aumentos superiores al 1.350% en los márgenes brutos de las distribuidoras. Las empresas involucradas todavía tienen la posibilidad de recurrir esas decisiones.
Otra de las novedades es el endurecimiento de las sanciones. La Medida Provisoria Nº 1.393 modificó el Código de Defensa del Consumidor y estableció multas específicas para determinadas infracciones dentro de la cadena de comercialización de combustibles. Cuando se determine una conducta como el aumento del precio sin una causa justificada, las sanciones administrativas podrán ubicarse entre R$ 20.000 y R$ 500 millones, de acuerdo con la nueva normativa.
El Gobierno brasileño también aseguró que, pese a la presión internacional sobre el mercado petrolero, el abastecimiento de diésel está garantizado. Para octubre, las autoridades estiman una demanda de 3,95 millones de metros cúbicos y una oferta confirmada de 3,978 millones. Además, el país cuenta con reservas cercanas a 1,97 millones de metros cúbicos, volumen que el Gobierno calcula suficiente para aproximadamente 15 días de consumo. Desde marzo funciona una mesa de monitoreo que analiza semanalmente el escenario internacional, las importaciones, la distribución y las proyecciones de demanda.
Fuente: Noticias Argentinas
