Mientras el Gobierno nacional redujo recursos y discontinuó la compra centralizada de medicamentos esenciales, 13 provincias tuvieron que poner fondos propios para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. En 2025 se realizaron 87.603 interrupciones en el sistema público de 20 jurisdicciones, según un nuevo informe de Proyecto Mirar. El dato vuelve a poner en el centro de la discusión el papel del Estado nacional en el cumplimiento de una política pública vigente.
A más de cinco años de la sanción de la Ley 27.610, el acceso al aborto legal logró mantenerse durante 2025 y los primeros meses de 2026, pero con una diferencia política significativa: frente al repliegue del Estado nacional, fueron las provincias las que asumieron parte del costo de sostener la prestación. El informe de Proyecto Mirar, elaborado por CEDES e Ibis Reproductive Health, registró 87.603 interrupciones del embarazo realizadas en el sector público de 20 provincias.
La cifra muestra que el acceso no desapareció pese al cambio de política nacional. La tasa registrada fue de 7,45 interrupciones cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, prácticamente similar a la medición anterior de referencia, que había sido de 7,49. Buenos Aires concentró 41.446 casos, Córdoba 9.341 y la Ciudad de Buenos Aires 9.458. Entre las tres jurisdicciones representaron el 72% de las intervenciones informadas.
Pero detrás de esos números aparece el dato político más fuerte del informe. Entre 2023 y 2026, el presupuesto del Programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación cayó 57%. Según el relevamiento, la reducción de las compras de anticonceptivos hizo que la cobertura de la población objetivo pasara de más de 1,2 millones de personas en 2024 a unas 63 mil estimadas para 2026.
A esto se suma la discontinuidad de la compra centralizada de medicamentos como mifepristona y misoprostol. Ante esa situación, 13 provincias decidieron adquirir los insumos con recursos propios: Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. En otras palabras, una política que tiene alcance nacional comenzó a sostenerse, en buena medida, con presupuestos provinciales.
El impacto también puede observarse en la estructura sanitaria. Actualmente existen 1.846 efectores públicos que garantizan atención de IVE/ILE, una cantidad prácticamente similar a la registrada en 2023, cuando eran 1.862. El 70% corresponde al primer nivel de atención y, según el informe, nueve de cada diez interrupciones se realizan dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
La discusión no se limita al financiamiento. El reporte también señala que la Ley 27.610 continúa vigente pese a los intentos de modificarla o judicializarla: desde 2020 se presentaron 75 proyectos normativos y se iniciaron 38 causas judiciales, de las cuales 35 fueron rechazadas definitivamente y tres permanecen en trámite ante la Corte Suprema. Hasta ahora, ninguna iniciativa legislativa destinada a limitar la norma consiguió dictamen ni tratamiento en los recintos provinciales o nacionales.
El escenario vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que excede la discusión estrictamente sanitaria: ¿qué sucede cuando una política pública nacional continúa vigente, pero el Estado nacional reduce los recursos destinados a garantizarla? El caso del aborto legal muestra una respuesta concreta: las provincias pueden asumir parte de esa responsabilidad, pero lo hacen con sus propios presupuestos y en un contexto de mayores restricciones fiscales. Desde Proyecto Mirar remarcan que el desafío de sostener la política pública continúa siendo elevado.
El dato político, entonces, queda planteado: la Ley 27.610 sigue vigente, la demanda continúa y la red pública mantiene una capacidad de atención similar, pero el sostenimiento de esa política se está desplazando hacia las jurisdicciones provinciales. El derecho permanece escrito en la ley, mientras la discusión ahora pasa por quién pone los recursos para garantizar que pueda ejercerse en el territorio.
Fuente: La Nueva Mañana
