El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines cuestionó la evaluación de 26 nuevos tramos de rutas nacionales para concesiones privadas y denunció que más de $1 billón destinado al sistema vial permanecía inmovilizado al 31 de mayo.
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) expresó su preocupación por el avance del proceso mediante el cual el Gobierno nacional evalúa incorporar 26 nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de concesiones privadas.
Desde el gremio, conducido por Graciela Aleñá, calificaron el proceso como un “ruticidio” y cuestionaron el esquema de privatización de corredores viales. La organización sostiene que el debilitamiento de Vialidad Nacional podría utilizarse como argumento para avanzar con concesiones y peajes sobre más de 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional.
Uno de los principales reclamos sindicales está relacionado con los fondos del Sistema Vial (SISVIAL). Según la documentación reconstruida por STVyARA, entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron $1.503.252 millones destinados por ley a infraestructura vial, mientras que, de acuerdo con el relevamiento gremial, se ejecutaron $394.406 millones en obras.
El sindicato sostiene que al 31 de mayo de 2026 más de $1 billón permanecía colocado en plazos fijos y títulos públicos. Además, señaló que el Poder Ejecutivo reconoció que parte de esos recursos era administrada por el Ministerio de Economía en el marco de su estrategia para sostener el equilibrio fiscal.
“¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?”, cuestionó Aleñá en el documento difundido por el sindicato.
Otro de los puntos señalados por STVyARA es el achicamiento de Vialidad Nacional. El gremio cuestionó que, mientras el organismo conserva funciones de auditoría y control sobre rutas concesionadas, se avance al mismo tiempo con un segundo programa de retiro voluntario para reducir su dotación.
“No se puede exigir más control con menos Vialidad”, sostuvo Aleñá, quien planteó que la reducción de personal puede afectar la capacidad técnica del Estado para controlar los contratos y el estado de las rutas.
El sindicato también cuestionó que la infraestructura vial sea analizada exclusivamente desde criterios de rentabilidad económica. Según su planteo, ese criterio podría dejar en una situación más vulnerable a corredores utilizados por pequeños productores, economías regionales y localidades cuyo tránsito no resulte suficiente para garantizar la rentabilidad de una concesión privada.
En ese marco, STVyARA reclamó que antes de adjudicar nuevos corredores se realicen estudios socioeconómicos sobre el impacto territorial, que los fondos del SISVIAL sean destinados al mantenimiento y reparación de las rutas y que se garantice la capacidad técnica y de fiscalización de Vialidad Nacional.
El Gobierno nacional, por su parte, sostiene que la Red Federal de Concesiones busca transferir a operadores privados la inversión y gestión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, con el objetivo declarado de mejorar la infraestructura, la seguridad vial y la competitividad. El esquema oficial contempla que Vialidad Nacional supervise el cumplimiento de los contratos mediante indicadores de desempeño y niveles de servicio.
El debate queda así planteado entre el avance del nuevo sistema de concesiones y los cuestionamientos del sindicato sobre el financiamiento, el rol de Vialidad Nacional y la conectividad de los corredores que podrían no resultar rentables para operadores privados. STVyARA sostiene que “Vialidad Nacional no se desmantela, se defiende”, mientras el Gobierno presenta las concesiones como parte de una nueva estrategia para la red vial nacional.
Fuente: Infonews
