La diputada nacional Vanesa Siley presentó junto a otros legisladores de extracción sindical un proyecto para derogar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la Ley 27.802. La iniciativa sostiene que el mecanismo desviaría recursos que actualmente financian el sistema de seguridad social y comenzaría a funcionar el 1 de noviembre.
La diputada nacional y secretaria general de FeSITRAJU, Vanesa Siley, presentó un proyecto de ley para derogar el Título II de la Ley 27.802, correspondiente al Fondo de Asistencia Laboral (FAL). La iniciativa lleva también las firmas de Sergio Palazzo, Mario Manrique, Hugo Antonio Moyano, Hugo Yasky y José Gómez, todos integrantes del bloque Unión por la Patria.
El proyecto, identificado como expediente 4963-D-2026, fue presentado el 24 de septiembre y girado a las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El objetivo planteado por sus autores es impedir la entrada en vigencia del mecanismo, prevista para el próximo 1 de noviembre.
El FAL fue incorporado a la reforma laboral y establece un mecanismo mediante el cual las empresas pueden constituir fondos destinados a afrontar futuras indemnizaciones laborales. Según la información difundida sobre su reglamentación, estos fondos podrán instrumentarse a través de fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Siley y los demás firmantes está relacionado con el origen de los recursos. Según los fundamentos del proyecto, los aportes destinados al FAL se compensan con una reducción equivalente de contribuciones patronales que actualmente ingresan al sistema de seguridad social. La diputada sostuvo que esto podría reducir recursos destinados al SIPA, PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares.
En particular, la normativa establece aportes al FAL equivalentes al 1% de las remuneraciones computables para grandes empresas y al 2,5% para MiPyMEs, según la explicación difundida por Siley. La legisladora cuestiona que esos aportes no constituyan un costo patronal adicional, sino que se compensen mediante una reducción de otras contribuciones.
Los autores del proyecto consideran que el nuevo esquema representa una forma de capitalización privada de recursos vinculados al sistema laboral y previsional. Siley lo calificó como “las nuevas AFJP” y habló de un “caballo de Troya para desfinanciar las jubilaciones”, expresiones que forman parte de su posicionamiento político frente a la reforma y no de una denominación oficial del mecanismo.
Otro de los argumentos desarrollados por los diputados apunta al efecto que el FAL podría tener sobre las indemnizaciones por despido. Según los fundamentos de la iniciativa, al existir previamente recursos destinados a cubrir esas obligaciones podría modificarse el efecto económico que actualmente tiene la indemnización sobre las decisiones empresariales frente a una desvinculación laboral. Esta interpretación es sostenida por los autores del proyecto.
El proyecto también incorpora datos de la Encuesta Permanente de Hogares del segundo trimestre de 2026, mencionando una desocupación del 7,9%, una subocupación del 11,5% y una informalidad laboral del 45%. Los legisladores utilizan esas cifras para cuestionar la evolución del mercado laboral y sostener que la reforma no estaría produciendo, según su interpretación, una mejora suficiente en materia de empleo registrado.
Con la presentación formal en Diputados, el debate sobre el FAL queda planteado ahora en el Congreso antes de su entrada en vigencia prevista para noviembre. La iniciativa deberá atravesar el tratamiento en las comisiones correspondientes y, eventualmente, llegar al recinto para que la Cámara de Diputados defina su posición sobre la derogación propuesta.
Fuente: InfoGremiales
