La Justicia de Rosario avanzó en una causa iniciada por 27 inversores que denuncian el vaciamiento de la empresa Ciag SRL y reclaman por un perjuicio estimado en al menos cuatro millones de dólares. El fiscal Federico Aranda citó a declarar a dos empleados jerárquicos de Rosental Inversiones, señalada por los denunciantes en relación con el presunto movimiento de los fondos.
Una causa por una presunta estafa millonaria en dólares volvió a generar movimiento en los tribunales de Rosario luego de más de tres años de trámite. La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por 27 inversores vinculados con la empresa Ciag SRL, quienes sostienen haber sufrido un perjuicio de al menos cuatro millones de dólares. Según la reconstrucción publicada por La Política Online, los denunciantes aseguran que existen elementos que permitirían reconstruir el recorrido del dinero y vinculan esa operatoria con Rosental Inversiones.
El expediente comenzó a avanzar con la intervención del fiscal Federico Aranda, quien citó a declarar a dos empleados de Rosental que ocupaban cargos jerárquicos. Se trata de Santiago Freites, gerente de Real Estate de la firma, y Jorgelina Vallejos, quien lo sucede en la estructura de esa área. La convocatoria constituye una de las primeras medidas visibles dentro de una investigación que, según los denunciantes, llevaba varios años sin avances sustanciales.
El origen del conflicto se encuentra en las operaciones realizadas por inversores de Ciag SRL. Los damnificados sostienen que la empresa fue vaciada y que sus recursos terminaron fuera del país. En su denuncia, aseguran contar con documentación que permitiría seguir la denominada ruta del dinero y señalan a una entidad financiera rosarina como parte de las operaciones que deberían ser investigadas. Estas afirmaciones forman parte de la presentación de los denunciantes y deberán ser determinadas por la Justicia.
Rosental Inversiones aparece así mencionada dentro de la causa a partir de los planteos realizados por quienes reclaman recuperar sus fondos. La financiera es una firma de trayectoria en Rosario y su aparición en el expediente adquiere relevancia por el volumen económico de la denuncia. Sin embargo, la citación de sus empleados no implica por sí misma que exista una responsabilidad penal determinada contra la compañía o contra las personas convocadas a declarar: la investigación deberá establecer qué operaciones se realizaron, quiénes participaron y cuál fue el destino de los fondos.
Uno de los principales interrogantes que deberá resolver la Fiscalía es si existieron movimientos financieros que permitieron sacar del país los recursos reclamados por los inversores. Los denunciantes sostienen que pueden aportar elementos sobre esa supuesta operatoria y que la documentación disponible permitiría reconstruir diferentes etapas del recorrido del dinero. La investigación deberá contrastar esas pruebas con los registros bancarios, societarios y financieros correspondientes para determinar si existió un delito y cuáles fueron sus eventuales responsables.
La demora en la investigación también forma parte del reclamo de los damnificados. Según la cobertura de La Política Online, los inversores cuestionaron públicamente la falta de avances durante más de tres años y plantearon que el expediente permaneció prácticamente paralizado durante buena parte de ese período. La llegada de Aranda a la investigación y la citación de los dos empleados de Rosental representan ahora una instancia concreta para avanzar sobre las operaciones denunciadas.
El caso genera especial atención en Rosario por las características de la denuncia y por los actores económicos mencionados en el expediente. La investigación apunta a determinar qué ocurrió con los fondos de los inversores de Ciag SRL y si hubo una estructura financiera que permitió transferirlos o retirarlos del circuito de la empresa. Por el momento, las acusaciones deben ser consideradas dentro del proceso judicial y no como hechos definitivamente acreditados.
La causa quedó así nuevamente bajo la lupa de la Justicia rosarina, con una investigación que intenta reconstruir una presunta maniobra por varios millones de dólares. La citación de Santiago Freites y Jorgelina Vallejos abre una nueva etapa para determinar qué conocimiento tenían los empleados sobre las operaciones cuestionadas y qué documentación puede aportar la empresa. El avance del expediente será clave para establecer si las denuncias de los inversores encuentran respaldo probatorio y, eventualmente, si existen responsabilidades penales por el destino de los fondos reclamados.
Fuente: La Política Online
