María Valentina Rampulla fue imputada por usurpación de títulos luego de promocionarse en redes como traductora e intérprete profesional. La investigación determinó que no figuraba como alumna ni egresada de la Universidad de Aconcagua y tampoco estaba matriculada en el Colegio de Traductores de San Juan. La Justicia le otorgó una probation por un año.
Una joven identificada como María Valentina Rampulla quedó involucrada en una causa judicial en San Juan luego de ser acusada de presentarse como traductora e intérprete de inglés sin contar con título universitario habilitante ni matrícula profesional. Según la investigación, había construido en redes sociales un perfil laboral en el que afirmaba contar con experiencia en ámbitos empresariales, técnicos y vinculados con la actividad minera. El caso comenzó a partir de una denuncia realizada por autoridades del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de San Juan.
De acuerdo con la información incorporada a la investigación, Rampulla promocionaba sus servicios principalmente a través de redes sociales y se describía como “Traductora e Intérprete Inglés-Español” y como una profesional bilingüe. En sus perfiles también consignaba supuestos antecedentes vinculados con empresas, actividades técnicas y encuentros internacionales. Entre las experiencias que afirmaba haber realizado figuraba su participación como intérprete durante la Expo Minera San Juan 2018, donde aseguraba haber intervenido en reuniones comerciales y técnicas relacionadas con YPF y visitantes extranjeros.
La presentación profesional también incluía referencias a trabajos vinculados al deporte. Según publicó TN, la joven afirmaba haber trabajado como intérprete de enlace durante visitas del seleccionado de rugby de Gales a San Juan. Además, en sus perfiles mencionaba estudios y certificaciones internacionales de inglés, entre ellos exámenes asociados a Cambridge Assessment English. La investigación judicial avanzó precisamente sobre la veracidad de esas afirmaciones y sobre la existencia de las credenciales que decía poseer.
El Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de San Juan comenzó a investigar la situación después de detectar publicaciones en las que la joven ofrecía servicios profesionales. Según la denuncia, al consultar los registros correspondientes se constató que Rampulla no figuraba como traductora matriculada. La investigación también avanzó sobre sus antecedentes académicos y, según la información difundida durante la causa, la Universidad de Aconcagua informó que no figuraba en sus registros ni como alumna ni como egresada.
La denuncia formal fue presentada el 22 de junio de 2026 por Lorena Garay Pellice, secretaria de la comisión directiva del Colegio de Traductores. La fiscalía investigó la presunta usurpación de títulos y también una serie de comunicaciones y publicaciones realizadas posteriormente por la acusada contra integrantes de la institución. Según la acusación, hubo llamadas, mensajes de WhatsApp y publicaciones en redes sociales, situación que derivó en pedidos de medidas de prohibición de acercamiento y contacto.
El caso llegó a una audiencia judicial este jueves, donde se formularon los cargos correspondientes. Rampulla decidió abstenerse de declarar y su defensa aceptó una salida alternativa propuesta por la Fiscalía. La Justicia homologó una suspensión de juicio a prueba —probation— por el plazo de un año, por lo que la causa queda sujeta al cumplimiento de las condiciones impuestas durante ese período.
Entre las obligaciones establecidas se encuentra la realización de 24 horas de trabajo comunitario sin remuneración en la Municipalidad de Santa Lucía, que podrán cumplirse durante un período de tres meses. También deberá pagar $200.000 en concepto de reparación simbólica, monto que será destinado a la Cruz Roja de San Juan. A esto se suma la prohibición de acercarse o mantener contacto, por cualquier medio, con integrantes del Colegio de Traductores involucrados en la denuncia.
Tras conocerse el caso, el Colegio de Traductores de San Juan volvió a advertir sobre la importancia de verificar la matrícula profesional antes de contratar determinados servicios. La institución recordó que la normativa provincial exige la intervención de profesionales matriculados para las traducciones que deben tener validez oficial. El caso abrió además un debate sobre la facilidad con la que pueden construirse perfiles profesionales en redes sociales y la necesidad de verificar títulos, antecedentes y habilitaciones antes de contratar servicios especializados.
Fuente: Noticias Argentinas
