En medio de la quiebra de Garbarino, Carlos Rosales presentó ante la Justicia un pedido para cobrar salarios, indemnización, aguinaldos y vacaciones que asegura que la empresa le adeuda. El reclamo supera los $300 millones, mientras los casi 4.000 ex trabajadores de la cadena recibieron durante el proceso sumas que en algunos casos llegaron a apenas $200.
La quiebra de Garbarino sumó un nuevo capítulo que generó sorpresa entre los trabajadores despedidos de la histórica cadena de electrodomésticos. Carlos Rosales, quien tomó el control de la empresa en 2020 y fue su último propietario, solicitó ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7 que se incorpore al mecanismo de pronto pago para cobrar créditos laborales que, según sostiene, le adeuda la compañía. El reclamo incluye salarios, indemnización por despido, aguinaldos y vacaciones, y de acuerdo con la presentación difundida por Data Gremial, el monto total podría superar los $300 millones.
El pedido fue presentado por la abogada de Rosales dentro del expediente de la quiebra. En el escrito se reclama el pago de seis meses de remuneraciones por una suma estimada en $134.973.226,68, además de una indemnización por despido calculada en $148.243.112,34. A esto se agregan los salarios anuales complementarios adeudados desde junio de 2021 y vacaciones no gozadas, junto con los intereses correspondientes. El monto definitivo, de acuerdo con la presentación, debería establecerse a partir de la documentación y de los registros contables que se encuentran bajo análisis de la sindicatura.
La situación provocó una fuerte reacción entre los ex empleados de Garbarino, que llevan años reclamando el pago de salarios e indemnizaciones. Gabriel Yapura, referente del Grupo de Trabajadores de Garbarino en Lucha, manifestó a Data Gremial la sorpresa y el malestar que produjo el planteo. El dirigente señaló que resulta particularmente llamativo que el ex propietario reclame una suma millonaria utilizando el mismo mecanismo de pronto pago mediante el cual los trabajadores fueron recibiendo montos extremadamente bajos durante el proceso. Sus declaraciones expresan la posición del grupo de trabajadores y no constituyen una resolución judicial sobre el reclamo de Rosales.
Uno de los aspectos que mayor impacto generó entre los despedidos es la diferencia entre las cifras involucradas. Según la información publicada por Data Gremial, durante distintos momentos del proceso algunos trabajadores llegaron a recibir depósitos mensuales de apenas $200 como parte del sistema de pronto pago. El mecanismo buscaba distribuir los recursos disponibles entre quienes tenían créditos laborales, pero la falta de activos suficientes y la cantidad de trabajadores afectados hicieron que los pagos fueran, según los propios damnificados, prácticamente simbólicos.
Garbarino llegó a contar con más de 4.000 trabajadores y una extensa red de locales antes de entrar en una crisis que se prolongó durante varios años. Rosales asumió el control del grupo en junio de 2020, cuando la compañía atravesaba una situación financiera crítica. En noviembre de 2021 la empresa ingresó en concurso preventivo y comenzó un largo proceso de deterioro que terminó con el cierre de sus operaciones y la posterior declaración de quiebra en marzo de 2026. La Justicia no logró aprobar una propuesta que permitiera resolver el pasivo mediante un acuerdo con los acreedores.
Mientras se desarrolla el proceso judicial, comenzaron también las subastas de los bienes que quedaron en poder de la empresa. El Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7 puso en marcha remates electrónicos de activos de Garbarino y Garbarino Viajes. En el primer caso se ofrecieron siete lotes con una base conjunta de $9,3 millones, mientras que los bienes correspondientes a Garbarino Viajes tienen una base conjunta de $13,1 millones. Entre los activos aparecen mobiliario de locales, equipamiento, elementos de seguridad, herramientas y una camioneta Citroën Berlingo con más de 258.000 kilómetros.
Para los ex trabajadores, la liquidación de esos bienes representa una posibilidad concreta de recuperar una parte de las deudas laborales, aunque reconocen que el patrimonio disponible parece insuficiente frente al volumen de las obligaciones acumuladas. En septiembre, además, la sindicatura solicitó extender la quiebra a los ex dueños Daniel y Omar Garbarino y a la sociedad Linnipeg, una medida que deberá ser analizada por el juez de la causa. La presentación sostiene que determinados activos vinculados con la explotación comercial habrían quedado en otra sociedad relacionada con los controlantes, cuestión que deberá ser resuelta dentro del proceso judicial.
El pedido de Rosales se produce así en un momento particularmente sensible del expediente. Mientras los bienes restantes de la compañía comienzan a convertirse en dinero para afrontar las deudas, los trabajadores continúan esperando una solución para salarios e indemnizaciones que quedaron pendientes tras años de conflicto. El reclamo del ex propietario deberá ser evaluado por la Justicia junto con el resto de los créditos que integran la quiebra. Por ahora, se trata de una solicitud de pronto pago y no de un monto que haya sido reconocido definitivamente por el tribunal.
Fuente: Data Gremial
