María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, declaró $43.861 al ingresar a la administración pública y $4,5 millones al cierre de 2025. La evolución surge de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y se conoció después de su salida del Gobierno y de la reestructuración de la Quinta de Olivos.
La evolución patrimonial de la exsubsecretaria de Planificación General María Belén Agudiez quedó bajo la atención pública luego de conocerse sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción. Según esos documentos, la funcionaria había declarado $43.861 al ingresar a la administración pública y, al cierre de 2025, informó activos por aproximadamente $4,5 millones. La comparación nominal representa una multiplicación cercana a 98 veces respecto del patrimonio informado inicialmente.
La primera declaración consignaba $8.861 depositados en cajas de ahorro y otros $35.000 en efectivo. En la presentación correspondiente al cierre de 2025, en cambio, Agudiez informó $3,5 millones en efectivo, además de tenencias en fondos comunes de inversión, dinero en plataformas de servicios de pago y una caja de ahorro en dólares. La información corresponde a los bienes y recursos que la propia exfuncionaria declaró formalmente ante el organismo de control.
La documentación también incluye información sobre sus ingresos y gastos durante 2025. En esa declaración jurada, Agudiez informó haber percibido $37,6 millones en ingresos durante el período y haber tenido $36 millones de gastos personales. Estos números forman parte de la presentación patrimonial y no constituyen, por sí mismos, una determinación sobre el origen o la legalidad de los fondos declarados.
Agudiez se desempeñó como subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia y fue vinculada públicamente con el entorno de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Su salida del Gobierno se produjo en septiembre de 2026 y fue formalizada mediante el Decreto 1055/2026, en el marco de una serie de cambios dentro de la estructura vinculada con la Quinta de Olivos.
La salida de la exfuncionaria coincidió con una reestructuración de la residencia presidencial. En ese proceso fueron desplazados alrededor de una docena de empleados civiles, entre ellos Osvaldo Sosa, quien se desempeñaba como administrador de Olivos y está casado con Analía Agudiez, hermana de María Belén Agudiez. Según las versiones difundidas sobre el operativo, el Gobierno vinculó los cambios con cuestiones de seguridad y sospechas de filtraciones de información.
En paralelo, la diputada nacional Marcela Pagano volvió a plantear públicamente una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en compras y contrataciones de la Secretaría General de la Presidencia. Según la acusación de la legisladora, determinadas adquisiciones de alimentos destinadas a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos podrían haber beneficiado a “Pancitos Caseros”, un emprendimiento privado de catering relacionado con Osvaldo Sosa y Analía Agudiez. Se trata de una denuncia que se encuentra bajo análisis y cuyas afirmaciones deben ser investigadas.
La coincidencia temporal entre la difusión de esas denuncias, la salida de Agudiez y la reestructuración de Olivos generó nuevos cuestionamientos sobre el funcionamiento administrativo de la residencia presidencial. Sin embargo, la evolución de una declaración jurada no constituye por sí misma una prueba de enriquecimiento ilícito ni establece que los fondos hayan sido obtenidos de manera irregular. Para determinar si existe alguna infracción administrativa o delito deben analizarse la documentación patrimonial, los ingresos declarados y eventualmente otros elementos que surjan de las investigaciones correspondientes.
El caso vuelve a poner bajo observación las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y los mecanismos de control sobre la evolución patrimonial durante el ejercicio de cargos estatales. En el caso de Agudiez, los documentos oficiales permiten comparar el patrimonio declarado al comienzo de su paso por el Estado con el informado al cierre de 2025. Mientras tanto, las denuncias relacionadas con las compras de Olivos siguen un recorrido separado y deberán ser evaluadas por los organismos administrativos y judiciales competentes.
Fuente: Política Argentina
