A casi 79 años de la masacre de Rincón Bomba, la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para intentar habilitar un Juicio por la Verdad. La comunidad busca que la Justicia reconstruya los hechos de 1947 y determine las responsabilidades estatales.
La Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá llevó ante la Cámara Federal de Casación Penal su reclamo para que se habilite un Juicio por la Verdad sobre la masacre de Rincón Bomba, ocurrida en octubre de 1947 en el entonces Territorio Nacional de Formosa. El recurso busca revertir el cierre de la vía penal y abrir una instancia judicial que permita reconstruir públicamente los hechos y las responsabilidades vinculadas con aquel episodio.
La presentación se produce casi 79 años después de los hechos y luego de que distintas instancias judiciales rechazaran la posibilidad de avanzar con un juicio penal. La Federación Pilagá había solicitado que se realizara un proceso oral y público, pero el Juzgado Federal de Formosa rechazó el pedido en mayo de 2026. Posteriormente, la Cámara Federal de Resistencia declaró inadmisible el recurso presentado contra esa decisión.
El planteo ante Casación busca que se habilite nuevamente esa discusión. La organización indígena sostiene que un Juicio por la Verdad permitiría reconstruir los acontecimientos a partir de testimonios de sobrevivientes, documentación histórica y otras pruebas acumuladas durante décadas. El objetivo no se limita a una reparación económica, sino que apunta a establecer judicialmente qué ocurrió y cuál fue la responsabilidad del Estado en la violencia ejercida contra integrantes del pueblo Pilagá.
La Masacre de Rincón Bomba ocurrió en octubre de 1947, cuando fuerzas estatales intervinieron contra integrantes del pueblo Pilagá concentrados en la zona de Las Lomitas, en Formosa. Los hechos incluyeron un operativo armado y una posterior persecución de sobrevivientes. La documentación judicial reunida durante las últimas décadas permitió reconstruir distintos momentos del episodio y establecer la existencia de violencia estatal contra la comunidad.
El caso ya tuvo un reconocimiento importante en el ámbito judicial. En 2019, el Juzgado Federal de Formosa estableció una reconstrucción de los hechos y los calificó como delito de lesa humanidad, además de disponer medidas de reparación para el pueblo Pilagá. La Cámara Federal de Resistencia confirmó posteriormente, en lo sustancial, ese reconocimiento y las medidas reparatorias ordenadas contra el Estado nacional.
Entre las reparaciones establecidas se incluyeron medidas patrimoniales y no patrimoniales. El fallo contempló, entre otras acciones, inversiones en obras solicitadas por las comunidades, becas estudiantiles durante diez años, la incorporación de la fecha de la masacre al calendario escolar y la construcción de un monumento recordatorio. El proceso civil permitió así establecer una verdad histórica judicial sobre distintos aspectos del episodio.
Sin embargo, para la Federación Pilagá ese antecedente no reemplaza la realización de un proceso penal. Uno de los argumentos centrales del nuevo reclamo es que el juicio civil tuvo características diferentes a las de un proceso oral y público destinado a establecer responsabilidades penales. Además, el único imputado que permanecía con vida falleció, por lo que la organización reclama una instancia que permita avanzar en la reconstrucción judicial de los hechos aun sin una eventual condena penal.
El pedido llega ahora a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá determinar si corresponde habilitar el recurso y permitir que la discusión continúe. La Fiscalía Federal de Derechos Humanos también presentó un planteo ante Casación para cuestionar el cierre de la vía recursiva y sostuvo que el caso presenta características que justifican una revisión judicial. Entre sus argumentos aparece como antecedente el Juicio por la Verdad realizado por la Masacre de Napalpí en 2022.
Para el pueblo Pilagá, la nueva presentación representa otra instancia en una búsqueda que comenzó formalmente hace más de dos décadas y que ya obtuvo reconocimientos judiciales sobre la existencia de la masacre y su carácter de crimen de lesa humanidad. Ahora el reclamo apunta a que esos antecedentes puedan complementarse con un proceso público que permita profundizar la reconstrucción de lo ocurrido en Rincón Bomba y preservar la memoria histórica de las víctimas y sobrevivientes.
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