El proyecto de Presupuesto 2027 contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclama $11 billones para el próximo año. Rectores y gremios advierten por el impacto que tendría la diferencia sobre salarios, funcionamiento, becas, investigación e infraestructura.
La discusión por el Presupuesto 2027 volvió a colocar a las universidades nacionales en el centro del debate. El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso contempla alrededor de $7,3 billones para el sistema universitario, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) elaboró una propuesta de $11 billones para atender las necesidades que, según los rectores, tendrá el sistema durante el próximo año.
La diferencia entre ambas cifras supera los $3,7 billones. Desde el CIN sostienen que el monto solicitado contempla recursos para salarios, gastos de funcionamiento, becas, ciencia y tecnología y otras áreas necesarias para sostener las actividades de las universidades públicas. El proyecto oficial, en cambio, establece una partida considerablemente menor a la propuesta elaborada por los rectores.
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, cuestionó públicamente los recursos previstos y advirtió sobre las dificultades que podrían enfrentar las instituciones si el proyecto no incorpora modificaciones durante su tratamiento parlamentario. Según su planteo, la discusión no se limita a una diferencia presupuestaria, sino que también involucra el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El CIN había aprobado a comienzos de septiembre su propio proyecto de presupuesto universitario para 2027 por $11 billones. La propuesta fue presentada posteriormente ante diputados y senadores, con el objetivo de que los legisladores conozcan las necesidades planteadas por las universidades antes de la discusión del Presupuesto nacional. El organismo sostiene que contar con previsibilidad resulta central para planificar el funcionamiento de las casas de estudio durante todo el año.
Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con los salarios docentes y no docentes. La disputa presupuestaria se desarrolla al mismo tiempo que una negociación paritaria que permanece sin acuerdo. Según Página/12, los gremios reclaman una recomposición acumulada cercana al 32%, mientras que el Gobierno mantuvo una propuesta de incremento del 3% para septiembre. La diferencia entre ambas posiciones derivó en nuevas medidas de fuerza y en la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria.
El financiamiento también alcanza a las becas estudiantiles, la investigación científica, la infraestructura y los gastos cotidianos. Un análisis de Chequeado sobre el proyecto oficial señala que el gasto destinado a Educación y Cultura representaría el 0,77% del PBI proyectado para 2027, mientras que las partidas universitarias quedarían 25,4% por debajo del monto que surge de la Ley de Financiamiento Universitario, según sus cálculos.
En materia de funcionamiento, las autoridades universitarias advierten que la disponibilidad presupuestaria condiciona gastos básicos como servicios, mantenimiento, seguridad, equipamiento y actividades académicas. Desde el CIN sostienen que la situación acumulada en los últimos años ya obligó a las universidades a tomar decisiones sobre distintas áreas y que un presupuesto sin modificaciones podría profundizar esas restricciones. Estas son evaluaciones realizadas por las autoridades universitarias y forman parte del debate que ahora deberá resolver el Congreso.
El conflicto presupuestario también alcanza al sistema científico y tecnológico vinculado con las universidades. El proyecto para 2027 contempla partidas que fueron cuestionadas por investigadores y autoridades académicas, mientras que distintos análisis advierten sobre una reducción del peso relativo de la inversión científica. En paralelo, el CIN busca que el debate parlamentario permita incorporar recursos adicionales y reclama participar de las discusiones de las comisiones que analicen el proyecto.
La disputa tendrá ahora un nuevo escenario en el Congreso de la Nación, donde deberá discutirse el proyecto de Presupuesto 2027. Mientras el Ejecutivo sostiene la propuesta enviada, el CIN y las organizaciones universitarias impulsan modificaciones para elevar las partidas destinadas a las universidades. En paralelo, docentes, no docentes y estudiantes mantienen un cronograma de protestas que incluye una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre.
Con ayuda de Pagina 12
