El Gobierno dispuso que la Casa Militar asuma de manera integral las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos. En ese marco, fueron trasladados y despedidos alrededor de 12 trabajadores civiles. La decisión se conoció un día después de que trascendiera una compra de 29 toneladas de carne premium por unos $500 millones.
El Gobierno nacional dispuso una reorganización de la estructura de la Quinta de Olivos que contempla el traspaso integral de las funciones de seguridad de la residencia presidencial a la Casa Militar. En ese marco, alrededor de 12 trabajadores civiles que cumplían tareas en el lugar fueron trasladados o despedidos, según informó La Nueva Mañana a partir de información de Noticias Argentinas y La Política Online. La medida fue comunicada oficialmente como parte de un proceso destinado a modificar el funcionamiento interno de la residencia.
La decisión se conoció al día siguiente de que trascendiera una millonaria compra de carne destinada a la Quinta de Olivos. Según la información publicada por los medios citados por La Nueva Mañana, se habrían adquirido 29 toneladas de carne premium por un valor cercano a los $500 millones. La noticia generó repercusiones políticas y puso nuevamente bajo la lupa los gastos vinculados a la residencia presidencial.
De acuerdo con el comunicado oficial, la Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos y también de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia. El Gobierno estableció que la transferencia de responsabilidades y bienes se realizará en un plazo máximo de 60 días. La explicación oficial vincula la reorganización con la necesidad de elevar los estándares de seguridad y eficiencia.
El parte oficial también relacionó la modificación con el contexto internacional y con la próxima visita del papa León XIV a la Argentina. Según la explicación difundida por el Gobierno, ese acontecimiento demandará un importante movimiento de personal externo para realizar obras y tareas de acondicionamiento en las instalaciones. Bajo ese argumento, la administración de Javier Milei justificó la centralización de las funciones de seguridad en la estructura de la Casa Militar.
En paralelo, la comunicación oficial anunció la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos. El Gobierno señaló que se avanzará en una separación de las funciones de seguridad, administración y control, con el objetivo declarado de reducir la estructura formal y la cantidad de personal que permanece en la residencia. El cambio supone una modificación en la organización administrativa de uno de los principales edificios utilizados por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, una versión diferente sobre los motivos de los despidos fue difundida por La Política Online y reproducida por La Nueva Mañana. Según una fuente del Gobierno citada por ese medio, Javier Milei se habría molestado por la filtración de información relacionada con la compra de carne y con la situación de uno de sus perros, y esa habría sido la razón detrás de la salida del personal. Esta explicación no coincide con el fundamento expuesto oficialmente por el Gobierno, por lo que se trata de una versión atribuida a una fuente y no de una confirmación oficial.
La reorganización también implica un cambio en el personal que desarrolla tareas dentro de la Quinta de Olivos. Según la información publicada, parte de los trabajadores civiles despedidos sería reemplazada por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas. La medida se enmarca en la transferencia de responsabilidades hacia la Casa Militar, que quedará a cargo de la seguridad de la residencia presidencial y de otros espacios utilizados por el Presidente y su familia.
El caso ya generó además una reacción sindical. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que se declaró en estado de alerta por los despidos y anticipó que podría disponer medidas de fuerza. El titular del gremio, Rodolfo Aguiar, reclamó que las cesantías sean revertidas y cuestionó la decisión de reemplazar trabajadores civiles por personal de las Fuerzas Armadas. El sindicato sostiene que debe garantizarse la estabilidad del empleo público y que los despidos aumentan la conflictividad dentro del Estado.
Fuente: La Nueva Mañana
