El fiscal general Agüero Iturbe pidió que se declare la nulidad del fallo que dispuso el archivo de la investigación por el préstamo de US$57.000 millones otorgado por el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri. El planteo busca que la causa vuelva a ser investigada y cuestiona la decisión de la Cámara Federal.
El fiscal general Agüero Iturbe presentó un recurso para cuestionar el archivo de la causa judicial vinculada con el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) acordado durante el gobierno de Mauricio Macri. El expediente investiga las circunstancias en las que se gestionó el crédito de 2018, cuyo monto total alcanzó los US$57.000 millones, aunque los desembolsos efectivamente realizados fueron inferiores. El planteo fiscal busca que se anule la resolución que cerró la investigación.
La presentación apunta contra una decisión adoptada por la Cámara Federal porteña que confirmó el cierre de la causa. Según la información publicada por Página/12, el fiscal sostiene que el fallo debe ser revisado porque, a su criterio, no se analizaron de manera suficiente las posibles irregularidades vinculadas con el proceso mediante el cual se tomó la deuda.
La investigación judicial se inició para determinar si existieron irregularidades en la toma del préstamo y en las decisiones adoptadas por funcionarios del gobierno de Macri. Entre los nombres que aparecen vinculados al expediente se encuentran el expresidente, el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Luis Caputo, que ocupó distintos cargos durante aquella gestión y actualmente es ministro de Economía, también aparece mencionado en relación con el proceso investigado.
El acuerdo con el FMI fue firmado en 2018 bajo la modalidad de un programa stand-by. El organismo internacional aprobó inicialmente un crédito por US$50.000 millones, que posteriormente fue ampliado hasta aproximadamente US$57.000 millones. El programa fue presentado entonces como una herramienta para enfrentar las dificultades financieras que atravesaba la Argentina y recuperar el acceso al financiamiento internacional.
El expediente judicial buscó establecer si las decisiones tomadas para concretar el acuerdo se ajustaron a las normas vigentes y si pudieron haber generado responsabilidades penales. En su presentación, el fiscal Agüero Iturbe sostuvo que existen elementos que justificarían continuar con la investigación y cuestionó que las actuaciones hayan sido archivadas sin profundizar determinados aspectos del caso.
El antecedente inmediato fue una resolución de la Cámara Federal que confirmó el cierre de la causa. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi —con la intervención de otros integrantes del tribunal según las distintas instancias del expediente— consideraron que las irregularidades señaladas durante la investigación no alcanzaban, en los términos analizados, para configurar necesariamente delitos. Esa decisión había dejado la investigación sin nuevas medidas sustanciales.
El nuevo planteo fiscal sostiene una interpretación diferente sobre el alcance de las actuaciones realizadas. De acuerdo con la presentación difundida por Página/12, Agüero Iturbe argumentó que se investigaba un esquema que, según su hipótesis, habría involucrado decisiones coordinadas entre funcionarios del Poder Ejecutivo y autoridades del Banco Central. Se trata de una posición del Ministerio Público que deberá ser evaluada por la instancia judicial correspondiente.
La presentación no implica por sí misma la reapertura de la causa. El pedido deberá ser analizado por la Justicia y, eventualmente, podría derivar en la revisión de la resolución que dispuso el archivo. De aceptarse el planteo, la investigación podría continuar con nuevas medidas para determinar si existieron responsabilidades penales; si fuera rechazado, quedaría firme el cierre dispuesto en las instancias anteriores.
Fuente: Página 12
