La Comisión Nacional de Valores oficializó la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que comenzará a operar bajo un esquema de aportes patronales destinados a cubrir futuras indemnizaciones. La norma establece mecanismos de asignación de oficio, limita la posibilidad de trasladar los fondos y permite invertir parte de esos recursos en títulos de deuda pública nacional.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó la Resolución General 1167/2026, mediante la cual quedó reglamentado el marco integral para el funcionamiento de los Productos de Inversión Colectiva del Fondo de Asistencia Laboral (PIC FAL). El nuevo esquema forma parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y establece cómo deberán administrarse los aportes que realicen los empleadores para afrontar eventuales indemnizaciones laborales.
Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es el mecanismo de asignación de oficio. De acuerdo con la norma difundida por la CNV, las empresas que no seleccionen formalmente un fondo antes del plazo establecido serán asignadas a un vehículo financiero siguiendo un orden cronológico. Además, las entidades administradoras podrán abrir la cuenta bancaria y la cuenta comitente correspondiente sin requerir previamente el consentimiento de la empresa.
El calendario establecido fija el 1° de noviembre de 2026 como una fecha clave para las empresas. Desde entonces comenzará la implementación del sistema y los empleadores deberán tener definido el instrumento a través del cual administrarán los aportes correspondientes al Fondo de Asistencia Laboral. Distintas entidades financieras y administradoras ya comenzaron a ofrecer productos vinculados con el nuevo régimen.
Otro punto relevante está relacionado con la portabilidad de los fondos. La reglamentación establece ventanas específicas durante junio y diciembre para realizar movimientos entre instrumentos, además de contemplar períodos mínimos de permanencia y plazos de preaviso. De esta manera, los empleadores no tendrán libertad absoluta para trasladar los recursos de un fondo a otro en cualquier momento.
El FAL se financia mediante contribuciones patronales que, según el esquema reglamentado, serán del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pequeñas y medianas empresas. Esos recursos tienen como objetivo constituir una reserva destinada a afrontar obligaciones derivadas de la finalización de relaciones laborales, modificando el mecanismo tradicional mediante el cual las empresas deben afrontar las indemnizaciones al momento del despido.
La reglamentación también habilita que los fondos acumulados puedan ser invertidos en títulos de deuda pública del Estado nacional. Esto significa que parte de los recursos aportados por los empleadores para cubrir futuras obligaciones laborales podrá canalizarse hacia instrumentos financieros emitidos por el Tesoro. El Gobierno incorpora así un nuevo flujo potencial de recursos al mercado de deuda pública.
Este punto generó especial atención porque introduce una relación directa entre los recursos destinados a futuras indemnizaciones y el financiamiento del Estado. Desde sectores críticos del esquema se advierte sobre el riesgo financiero que podría implicar para las empresas, especialmente para las pymes, mientras que la arquitectura oficial busca establecer vehículos de inversión que permitan administrar y capitalizar los recursos antes de que deban ser utilizados para afrontar obligaciones laborales. La evaluación sobre esos riesgos dependerá, entre otros factores, de la composición de las carteras y de la evolución de los activos en los que se invierta.
La implementación del FAL abre así una nueva etapa dentro de la reforma laboral. El sistema modifica la forma en que se acumulan y administran los recursos vinculados con las indemnizaciones, incorpora instrumentos financieros y establece nuevas obligaciones para los empleadores. Con la reglamentación de la CNV ya publicada, el desafío inmediato será observar cómo se implementa el mecanismo en las empresas, qué fondos concentran los aportes y cómo evolucionan los recursos destinados a cubrir futuras obligaciones laborales.
Fuente: El Destape
