El sindicato asegura que 4.200 afiliados fueron derivados de manera irregular hacia distintas obras sociales. La Justicia Federal Penal investiga el caso y ya comenzó a citar a trabajadores para determinar cómo fueron contactados y qué información personal entregaron.
La denuncia por presuntos traspasos fraudulentos de afiliados de la Obra Social de Pasteleros llegó a la Justicia Federal Penal. El sindicato asegura que ya detectó unos 4.200 casos de afiliados que habrían sido derivados a otras entidades de salud sin una autorización válida, mientras avanza una investigación destinada a determinar quiénes realizaron las operaciones y bajo qué mecanismo.
Según informó el Sindicato de Trabajadores Pasteleros, la obra social venía advirtiendo sobre situaciones de este tipo desde hace varios años y había puesto el tema en conocimiento de la Superintendencia de Servicios de Salud. Durante 2026 comenzó un relevamiento formal y sistemático para establecer la magnitud del problema y reunir información que posteriormente fue entregada a la Justicia.
La organización gremial presentó una denuncia penal el 6 de abril ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Dos días después, la presentación fue remitida al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, con intervención de la Fiscalía N° 1. La investigación continúa abierta y contempla distintas medidas de prueba para intentar identificar a los responsables.
Uno de los puntos que ahora busca esclarecer la Justicia es cómo se concretaron los cambios de obra social. El juzgado comenzó a citar a afiliados que aparecen entre los casos relevados para que expliquen de qué manera fueron contactados, qué datos personales les solicitaron y cómo se enteraron de que su cobertura había sido modificada. Esas declaraciones podrían aportar elementos para reconstruir el mecanismo utilizado.
La particularidad del caso es que los afiliados denunciados como afectados no fueron derivados hacia una única obra social. De acuerdo con la información difundida, las operaciones alcanzaron a distintas entidades, por lo que la investigación intenta establecer si existieron patrones comunes entre las diferentes maniobras y si detrás de los casos hubo un mecanismo coordinado para obtener o utilizar información de los trabajadores.
Desde el ámbito judicial, según consignó InfoGremiales, remarcaron que la existencia de presuntas irregularidades no permite atribuir automáticamente responsabilidad a las obras sociales receptoras. La investigación deberá determinar qué ocurrió en cada caso y si las entidades que recibieron afiliados tuvieron algún grado de participación o conocimiento sobre las operaciones cuestionadas.
Mientras la causa avanza, la Obra Social de Pasteleros puso en marcha una campaña de prevención dirigida a sus afiliados. La recomendación es verificar periódicamente la situación de la cobertura y evitar entregar fotografías del DNI, información personal o códigos de validación ante contactos de origen dudoso. También se aconseja no participar de videollamadas si no existe certeza sobre quién está realizando el contacto.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la seguridad de los datos personales de los trabajadores y los mecanismos mediante los cuales pueden producirse cambios en la cobertura de salud. Por ahora, la investigación judicial busca determinar cómo se realizaron los 4.200 traspasos denunciados, quiénes intervinieron y si existió una operatoria organizada. No hay todavía responsables identificados ni una conclusión judicial sobre el carácter fraudulento de todos los casos, por lo que serán las pruebas reunidas en la causa las que permitan establecer qué ocurrió.
Fuente: InfoGremiales
