El Colegio Profesional de Psicopedagogía de la Provincia de Córdoba se sumó al pedido de organizaciones, familias e instituciones que exigen el cumplimiento pleno de la Ley N.º 27.793 y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad, en medio de un año marcado por vetos, trabas presupuestarias y fallos judiciales contra el oficialismo.
Personas con discapacidad, familias, organizaciones e instituciones de todo el país volvieron a expresar su honda preocupación por el incumplimiento sistemático de la Ley N.º 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Esta semana se sumó el Colegio Profesional de Psicopedagogía de la Provincia de Córdoba (CPPC), que a través de un comunicado remarcó que la situación compromete directamente el acceso a prestaciones, tratamientos y atención integral de miles de personas.
La entidad recordó que la norma establece la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de prorrogarla por un año más, y advirtió que la realidad muestra que esa emergencia no solo continúa vigente, sino que se profundizó. “No hablamos solamente de discapacidad. Hablamos de dignidad, igualdad y humanidad”, sintetizó el Colegio en su pieza de difusión, que además reclamó compromiso real, presupuesto suficiente, escucha activa, políticas públicas sostenidas y garantía de derechos.
Un año de trabas del Gobierno nacional
El reclamo no aparece en el vacío. La Ley 27.793 fue aprobada por el Congreso en julio de 2025 gracias a la insistencia legislativa que dejó sin efecto el veto que había impuesto el propio Javier Milei. Pero lejos de implementarla, el Gobierno nacional suspendió su aplicación mediante el Decreto 681/2025, con el argumento de que la norma carecía de fuentes de financiamiento, según consta en el propio Boletín Oficial.
Esa decisión obligó a organizaciones y familias a judicializar el reclamo. Recién en diciembre de 2025 el Juzgado Federal de Campana declaró inválida la suspensión dispuesta por el Ejecutivo y fijó un plazo máximo hasta el 4 de febrero de 2026 para que el Gobierno pusiera en marcha la ley. Solo ante esa presión judicial, y en la fecha límite, Milei reglamentó la emergencia a través del Decreto 84/2026 —es decir, casi siete meses después de que el Congreso la convirtiera en ley.
Ese “laberinto” administrativo y judicial es hoy el principal argumento de la oposición y de las organizaciones para pedir la prórroga: sostienen que la vigencia real de la norma fue apenas una fracción del tiempo que el Congreso quiso darle, entre el veto inicial, las trabas en la promulgación, el intento de recorte presupuestario y los años de litigio.
La disputa por la prórroga sigue abierta
En agosto, distintos bloques opositores —Unión por la Patria, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Frente de Izquierda, Coalición Cívica, entre otros— presentaron un proyecto para extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. El propio texto del proyecto sostiene que la ley está plenamente vigente y que la iniciativa no busca “subsanar nada”, sino directamente evitar que la emergencia caduque en el peor momento posible, tras un año en el que el Ejecutivo se encargó de neutralizarla.
El oficialismo, sin embargo, mantiene un bloque legislativo capaz de blindar un nuevo veto presidencial si la prórroga avanza. En paralelo, y según trascendió, el equipo del ministro de Salud, Mario Lugones, trabaja en una iniciativa para eliminar directamente la figura de la emergencia como herramienta legal, en lugar de prorrogarla.
Lo que el Colegio de Psicopedagogía de Córdoba describe como una emergencia que “se ha profundizado” no es una percepción aislada: es la consecuencia directa de una política deliberada del Gobierno de Javier Milei para demorar, condicionar y vaciar de contenido una ley votada por amplísima mayoría en el Congreso. Un veto, un decreto de suspensión, una excusa presupuestaria y casi un año de litigio judicial son el saldo de una gestión que, mientras discute motosierra y déficit cero, deja en el medio a las personas con discapacidad, a sus familias y a los prestadores que sostienen tratamientos, terapias y escolaridad con recursos cada vez más escasos. Que la implementación de una ley de emergencia haya requerido una orden judicial para empezar a cumplirse retrata con claridad qué lugar ocupa la discapacidad en las prioridades del oficialismo libertario. La discusión no es técnica ni presupuestaria: es, como bien lo plantean las organizaciones, una cuestión de dignidad, igualdad y humanidad que el Gobierno nacional sigue debiendo.
