El legislador provincial cuestionó el impacto del ajuste nacional sobre los sectores populares y reclamó que Córdoba recupere los recursos que, según planteó, dejaron de llegar desde el Gobierno nacional.
El ajuste económico volvió a quedar en el centro de la discusión política cordobesa. En Informativo Cordobés, el legislador provincial Mariano Lorenzo cuestionó las consecuencias de las políticas del Gobierno nacional y puso el foco en una disputa que atraviesa directamente a la provincia: los recursos nacionales que dejaron de llegar y que, según sostuvo, obligan a Córdoba a afrontar con fondos propios programas que antes contaban con financiamiento federal.
En uno de sus planteos, Lorenzo fue contundente al describir el impacto social de la situación. Señaló que los sectores populares son quienes más sufren el ajuste, pero advirtió que el deterioro económico ya alcanza también a sectores medios, con salarios que pierden capacidad de compra y una caída de las changas y de las posibilidades de generar ingresos.
“Desaparecieron las changas”, fue una de las definiciones utilizadas por el legislador para describir el escenario que observa en los barrios y sectores de menores ingresos.
Pero Lorenzo fue más allá y apuntó directamente a la relación entre Córdoba y la Nación. Defendió la necesidad de mantener una relación institucional porque, según sostuvo, quienes gobiernan la provincia tienen una responsabilidad mayor a la hora de reclamar los recursos que corresponden a los cordobeses.
La discusión aparece en un contexto donde, de acuerdo con lo expresado por el legislador, distintos fondos y programas nacionales dejaron de recibir financiamiento. Entre los ejemplos mencionó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, los subsidios al transporte y recursos destinados a programas de discapacidad.
Frente a ese escenario, Lorenzo destacó que el Gobierno de Córdoba continúa destinando recursos propios para sostener determinadas políticas. Mencionó específicamente la continuidad del Boleto Educativo y otros programas provinciales destinados a sectores que requieren asistencia.
El planteo abre una discusión política de fondo: ¿hasta dónde debe hacerse cargo Córdoba de políticas que anteriormente contaban con financiamiento nacional? Para Lorenzo, reclamar esos recursos no implica romper relaciones institucionales, sino todo lo contrario.
“Todo lo que sea necesario para recuperar la plata de los cordobeses, bienvenido sea”, sostuvo el legislador.
La definición también funciona como un mensaje político hacia ambos gobiernos. Mientras el oficialismo nacional sostiene su política de reducción del gasto y cuestiona el esquema de transferencias a las provincias, desde Córdoba crecen los reclamos por recursos que distintos sectores consideran necesarios para sostener servicios, programas y políticas públicas.
En sus intervenciones, Lorenzo buscó además conectar la discusión fiscal con el impacto concreto sobre la vida cotidiana. Menos fondos nacionales, menos trabajo informal y mayor demanda social forman parte, según su diagnóstico, de un mismo escenario económico.
Así, el legislador planteó una tensión que promete seguir ocupando espacio en la política cordobesa: Córdoba reclama recursos, Nación ajusta y la Provincia queda obligada a decidir cuánto puede sostener con fondos propios.
Y mientras continúa la pelea política por los fondos, una pregunta queda instalada: ¿cuánta plata dejó de recibir Córdoba y quién termina pagando el costo del ajuste?
