La Casa Rosada prevé enviar al Congreso una iniciativa que ampliará las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas. El proyecto incorporaría la actividad pesquera y podría inhabilitar comercialmente a compañías que operen en el archipiélago sin autorización argentina.
El Gobierno de Javier Milei prepara un proyecto de ley para ampliar las sanciones contra empresas que participen en actividades económicas vinculadas con las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino. La iniciativa busca modificar la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, que actualmente establece sanciones principalmente sobre la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
Uno de los principales cambios que analiza la Casa Rosada es incorporar expresamente a la actividad pesquera dentro del régimen de sanciones. De esta manera, el Gobierno pretende extender el alcance de las restricciones a empresas que intervengan en la explotación de recursos naturales del archipiélago, más allá del sector petrolero. El proyecto forma parte de la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional anunciada por el Ejecutivo.
La iniciativa contempla además una medida de fuerte impacto comercial: las empresas o personas que presten servicios a compañías vinculadas con la explotación considerada ilegal de recursos argentinos podrían quedar impedidas de contratar tanto con el Estado como con empresas privadas dentro del territorio nacional. El objetivo oficial es generar un mecanismo de presión económica sobre quienes participen directa o indirectamente de emprendimientos desarrollados en las islas sin aval argentino.
El propio Milei defendió la iniciativa durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo y sostuvo que el Gobierno ya había iniciado procesos sancionatorios contra unas 60 empresas y personas que, según la administración nacional, operan directa o indirectamente en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina. El Presidente presentó estas acciones como parte de una política destinada a reforzar la posición del país frente a la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
La incorporación de la pesca al proyecto surgió también a partir de reclamos planteados por sectores de la oposición peronista. El diputado Germán Martínez había reclamado formalmente que el régimen no se limitara a la actividad hidrocarburífera y alcanzara también a otras explotaciones económicas vinculadas con el archipiélago. La decisión del Ejecutivo de incluir este punto busca ampliar el consenso político alrededor de una cuestión que el Gobierno pretende presentar como una política de Estado.
Según el cronograma que maneja la Casa Rosada, el proyecto sería enviado al Congreso el próximo lunes y comenzaría a ser tratado en la Cámara de Diputados entre fines de septiembre y principios de octubre. Todavía resta definir quién será el encargado de presentar formalmente los principales lineamientos del texto ante los legisladores: entre las alternativas aparecen el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno.
La estrategia oficial se desarrolla además en paralelo con las sanciones contra compañías vinculadas a emprendimientos petroleros en las islas, entre ellos el proyecto Sea Lion. El Gobierno viene poniendo especial atención sobre las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área de Malvinas y sostiene que las empresas que participen de ellas sin autorización argentina deben enfrentar consecuencias económicas y comerciales dentro del país.
El plan presentado por el Ejecutivo también incluye otras medidas vinculadas con el Atlántico Sur y Tierra del Fuego, como el financiamiento de la Base Naval Integrada y obras de telecomunicaciones que serían incorporadas al Presupuesto 2027. La Casa Rosada sostiene que las partidas destinadas a estos proyectos no comprometerán el superávit fiscal. Con el nuevo proyecto legislativo, el Gobierno busca transformar su postura sobre Malvinas en un régimen de sanciones más amplio, que alcance no solo al petróleo sino también a la pesca y a quienes faciliten comercialmente esas actividades.
Fuente: Filo News
