Una presentación judicial cuestiona las tasas aplicadas por Mercado Pago en determinados financiamientos y reclama revisar los intereses cobrados durante los últimos tres años. La acción podría alcanzar a unos 7 millones de usuarios si la Justicia le da carácter colectivo.
Mercado Pago, la plataforma de servicios financieros de Mercado Libre, enfrenta una presentación judicial por el presunto cobro de intereses considerados abusivos, con tasas que, según las mediciones realizadas por la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), superarían el 1300% anual. La denuncia se produce en un contexto de fuerte crecimiento del endeudamiento de los hogares y aumento de la morosidad, y busca que la Justicia analice las condiciones financieras aplicadas por la compañía.
El expediente es impulsado por el abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA, y tramita ante el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. La presentación pretende que se revisen los intereses aplicados por Mercado Pago durante los últimos tres años y que, en caso de determinarse que existieron cobros indebidos, se ordene la devolución de las sumas correspondientes a los usuarios afectados.
De acuerdo con la organización que promovió la acción, las tasas cuestionadas alcanzarían niveles superiores al 1300% anual. La denuncia sostiene que esos costos financieros resultarían desproporcionados y plantea que deben ser analizados judicialmente para determinar si se ajustan a las normas de protección de los consumidores y a las condiciones que regulan las operaciones de crédito. Por el momento, se trata de una acusación que deberá ser evaluada dentro del proceso judicial.
Según explicó Espasandín, muchos de los usuarios que recurrieron a estas herramientas de financiamiento lo hicieron frente a situaciones económicas concretas y terminaron asumiendo costos financieros que, de acuerdo con la entidad, resultaron excesivos. El planteo pone el foco particularmente en consumidores que utilizan las plataformas digitales como una vía rápida para acceder a dinero cuando no cuentan con otras alternativas de financiamiento.
La demanda comenzó a partir de dos presentaciones individuales, pero sus impulsores buscan que el proceso tenga alcance colectivo. Si la Justicia admite ese carácter y posteriormente determina que existieron cobros indebidos bajo condiciones similares, una eventual resolución favorable podría beneficiar a alrededor de 7 millones de personas que se encuentren en una situación comparable. Ese número, sin embargo, representa una estimación sobre el universo potencialmente alcanzado y no implica que todos esos usuarios hayan pagado intereses considerados abusivos.
El planteo judicial aparece además en un escenario de creciente preocupación por el endeudamiento de las familias argentinas. La combinación de ingresos que no siempre alcanzan para cubrir los gastos cotidianos, utilización de tarjetas y créditos y mayores dificultades para cumplir con las obligaciones financieras viene generando un aumento de la morosidad. En ese contexto, las aplicaciones y billeteras digitales adquirieron un papel cada vez más importante como herramientas de financiamiento para el consumo y para resolver gastos imprevistos.
El caso también vuelve a poner bajo discusión el funcionamiento del crédito ofrecido a través de plataformas digitales y los límites que deberían tener los costos financieros. El crecimiento de estos servicios amplió el acceso a préstamos y otras alternativas de financiación, pero también abrió interrogantes sobre las condiciones que enfrentan los usuarios, especialmente cuando recurren al crédito en situaciones de urgencia económica. La Justicia deberá determinar si las tasas cuestionadas en esta presentación exceden los límites permitidos y si corresponde aplicar algún mecanismo de reparación.
Por ahora, Mercado Pago enfrenta una denuncia y no una condena judicial. El expediente deberá avanzar con el análisis de los contratos, las tasas efectivamente aplicadas, los períodos involucrados y las condiciones de cada operación para establecer si existieron cobros indebidos. Si finalmente la Justicia avalara el planteo y le otorgara alcance colectivo, el impacto podría ser significativo por la cantidad de usuarios potencialmente involucrados y podría obligar a revisar operaciones realizadas durante los últimos tres años.
Fuente: La Nueva Mañana
