La exintendenta de Villa Dolores y actual legisladora provincial Gloria Pereyra irá a juicio por la muerte de dos trabajadores ocurrida en una obra municipal en 2019. La querella sostiene que existieron negligencia, falta de previsión y omisión de los deberes de control. El juicio oral comenzará el 10 de noviembre y también tiene como acusados a un exfuncionario municipal y dos ingenieros.
El caso por la muerte de dos obreros en Villa Dolores volverá al centro de la escena judicial en Córdoba. La Cámara Penal de Villa Dolores fijó para el próximo 10 de noviembre el comienzo del juicio oral y público contra la exintendenta y actual legisladora provincial Gloria Pereyra, en una causa relacionada con el fallecimiento de dos trabajadores durante una obra de infraestructura municipal. El proceso tendrá varias audiencias a lo largo de noviembre y buscará determinar las responsabilidades penales correspondientes.
El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 16 de julio de 2019, cuando una cuadrilla trabajaba en la excavación de una zanja destinada a una obra de infraestructura en Villa Dolores. Durante las tareas se produjo un desmoronamiento de tierra que sepultó a los trabajadores Norberto Orlando Romero, de 43 años, y Rubén Damián Altamirano, de 23, quienes murieron como consecuencia del accidente.
Además de Pereyra, deberán responder ante la Justicia el exsecretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, Aldo Zanitti, y los ingenieros Arturo Jorge Janich y Enrique Héctor Bernáldez. Los cuatro acusados llegan al juicio bajo la misma calificación legal: homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales, en calidad de coautores. Esto implica que el proceso deberá establecer el grado de responsabilidad que correspondió a cada uno dentro de la estructura municipal y técnica vinculada con la obra.
Uno de los principales puntos planteados por la querella es que la obra no estaba tercerizada. El abogado Juan Manuel Uriz, representante de la familia de Romero, sostuvo que los trabajos se realizaban directamente bajo administración municipal y que no existía una empresa contratista responsable de la ejecución. Según explicó el letrado, la Municipalidad era la empleadora de los operarios, por lo que la acusación pone el foco en las obligaciones de prevención, seguridad y control que correspondían a la estructura municipal.
Para la querella, el eje de la acusación está en la presunta existencia de negligencia, falta de cuidado, ausencia de previsión y omisión de los deberes de control y garantía. El planteo apunta particularmente a determinar si quienes tenían responsabilidades institucionales y técnicas adoptaron las medidas necesarias para evitar el riesgo que finalmente terminó provocando la muerte de los dos trabajadores. No obstante, será el tribunal el que deberá determinar la responsabilidad penal de los acusados una vez desarrollado el debate oral.
El abogado querellante también aclaró que, por el momento, la causa mantiene su carácter culposo. Según manifestó, no existen elementos que permitan sostener un cambio hacia una figura dolosa, por lo que el planteo judicial continúa encuadrado como un hecho no intencional. Al mismo tiempo, señaló que aunque los cuatro acusados llegan como coautores, cada uno habría tenido un papel diferente dentro de la estructura institucional y técnica, una cuestión que deberá ser analizada durante el juicio.
A más de siete años de la tragedia, la causa llega ahora a una instancia decisiva. De acuerdo con lo informado por la querella, los familiares de las víctimas ya recibieron el resarcimiento correspondiente en el marco de las acciones civiles y laborales, por lo que el debate que comenzará en noviembre estará concentrado exclusivamente en establecer la autoría y eventual responsabilidad penal por las muertes. El paso del tiempo no elimina, sin embargo, las preguntas que permanecen alrededor de las condiciones en las que se desarrollaba aquella obra municipal.
El juicio también pondrá bajo análisis el funcionamiento de los mecanismos de prevención y control en una obra ejecutada directamente por un municipio. La discusión excederá así la situación individual de los acusados y tendrá como uno de sus ejes determinar si existieron fallas institucionales capaces de permitir que dos trabajadores quedaran expuestos a un riesgo que terminó siendo fatal. La Justicia deberá ahora establecer qué ocurrió, qué responsabilidades correspondían a cada uno y si las omisiones señaladas por la querella tuvieron relación penalmente relevante con la muerte de los dos obreros.
Fuente: Cba24N
