El CECIM La Plata y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentaron una demanda para frenar Sea Lion, el megaproyecto petrolero impulsado por Rockhopper y Navitas frente a las Islas Malvinas. La acción combina el reclamo ambiental con la defensa de la soberanía argentina y busca impedir que avance la explotación de hidrocarburos.
La disputa por las Islas Malvinas sumó un nuevo frente y esta vez llegó directamente a los tribunales. El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentaron una demanda ante la Justicia Federal de Río Grande para intentar frenar las obras y actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La acción apunta contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, las empresas que impulsan el desarrollo.
El planteo judicial fue presentado como una acción preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva. Los demandantes sostienen que la explotación hidrocarburífera plantea un riesgo que debe ser prevenido antes de que comiencen las perforaciones y las tareas de producción. Por eso solicitaron que las empresas se abstengan de avanzar con obras, instalaciones, perforaciones, movimientos del lecho marino, tendido de cañerías, pruebas y cualquier otra actividad vinculada con el emprendimiento.
Sea Lion se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en un área que Argentina considera parte de su plataforma continental y que se encuentra atravesada por la disputa de soberanía con el Reino Unido. El proyecto es operado por Navitas, que posee el 65% de participación, mientras que Rockhopper conserva el 35%. La compañía prevé una primera fase con perforaciones submarinas y una segunda etapa de desarrollo, con producción prevista para 2028.
El proyecto petrolero tiene una dimensión económica que explica buena parte de la disputa. Según información difundida por EFE a partir de documentación del Gobierno de las islas, las autoridades del archipiélago calculan que Sea Lion podría generar alrededor de 2.000 millones de dólares en regalías durante los próximos 30 años si avanzan las distintas fases de explotación. Para Argentina, sin embargo, se trata de recursos situados en un área cuya soberanía reclama históricamente y cuya explotación considera ilegítima.
Los impulsores de la demanda sostienen que la cuestión ambiental y la cuestión soberana no pueden separarse. Desde esa perspectiva, la explotación offshore no solamente podría producir impactos sobre el ecosistema marino, sino que también consolidaría una actividad económica vinculada a la ocupación británica de las islas. El planteo busca entonces que la Justicia actúe preventivamente antes de que la actividad petrolera genere una situación difícil de revertir.
El reclamo judicial aparece además en un momento de fuerte endurecimiento de la posición del Gobierno de Javier Milei sobre Malvinas. El Ejecutivo anunció el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas, invocando la Ley 26.659. El Gobierno también anunció nuevas medidas legislativas y una estrategia para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.
La ofensiva judicial ocurre mientras el proyecto Sea Lion intenta avanzar hacia su cronograma de producción. Rockhopper informó que mantiene como objetivo comenzar la primera producción durante el primer semestre de 2028, mientras que los demandantes buscan que las perforaciones y obras sean suspendidas antes de que entren en una etapa irreversible. En paralelo, las empresas sostienen que las licencias fueron otorgadas por las autoridades de las islas y respaldadas por el Reino Unido, una posición que choca directamente con el reclamo argentino de soberanía.
La pelea por Sea Lion, entonces, ya no se limita a un cruce diplomático entre Buenos Aires y Londres: se convirtió también en una batalla judicial, ambiental y económica por los recursos del Atlántico Sur. Mientras las empresas avanzan con un proyecto que podría convertir a Malvinas en un importante polo petrolero, excombatientes y organizaciones ambientalistas buscan que la Justicia frene las operaciones. En el fondo aparece una disputa mucho mayor: quién puede explotar esos recursos y qué consecuencias tendrá hacerlo mientras la cuestión de soberanía continúa sin resolverse.
Fuente: Página/12
